Jueces y Fiscales dan una tregua a Justicia hasta finales de junio

Publicado el miércoles, 30 mayo 2018

 

Tras la huelga general del pasado 22 de mayo, la primera en la que todas las asociaciones de jueces y fiscales han estado unidas, tres semanas de tregua. El ya ex Ministro de Justicia, Rafael Catalá, a juicio de las asociaciones profesionales, se lo había tomado en serio por fin. Ahora, tras la caída del Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de la moción de censura, la judicatura está a la espera de conocer al nuevo o nueva responsable de Justicia. Y todos los números apuntan a Margarita Robles, ex jueza y hasta ahora portavoz socialista en el Congreso.

Núria Ribas / @oikit

Justicia

A la espera de saber quién ocupa la cartera de Justicia, la mayor concreción a la que se comprometió el ex ministro Catalá justo una semana antes de saltar el Gobierno de Rajoy por los aires fue a la convocatoria en firme de la Mesa de Retribuciones el próximo 13 de junio, una de las principales reivindicaciones de la judicatura desde hace un año. Entre las 14 propuestas para la modernización de la Justicia que el sector en pleno presentó en junio de 2017 (más cuatro demandas específicas de los fiscales añadidos posteriormente), la recuperación del diferencial perdido en 2010 en cuanto a retribuciones es fundamental.

Se trataría de hacer extensivo el Acuerdo de la Función Pública a jueces y fiscales, de incrementar las retribuciones del servicio de guardia, actualizar los grupos de población y, en cuanto a las retribuciones variables, “que Justicia asuma el pago de la productividad no solo para los que alcancen el 120% o más”, apunta el comunicado conjunto de las siete asociaciones profesionales.

Estas reconocen que “por primera vez se asumen unos compromisos concretos a partir de las propuestas asociativas, y se fija fecha para la mesa de retribución. En estas condiciones, las siete asociaciones hemos decidido dar un margen de tres semanas para comprobar si esos compromisos se van materializando”. Pero, avisan, “transcurrido dicho plazo, en función de la situación política y de los avances obtenidos, valoraremos retomar las medidas de conflicto, incluyendo la huelga”.

Tanto jueces como fiscales eran conscientes de que buena parte de los compromisos adquiridos por Catalá en la reunión del lunes 28 de mayo dependían de que la moción de censura presentada por el PSOE a raíz de la sentencia de la Gürtel triunfara o no.

Catalá, como la mayoría de actores en el sector legal, creían que la moción iba a fracasar y que el Ejecutivo podría seguir trabajando. Ahora, algunas de las reivindicaciones podrían caer en el limbo legislativo. Hablamos de, por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de permisos y licencias o la potenciación de la colegiación de la primera instancia, que requiere una reforma legal para posibilitar la implantación de los Tribunales de Instancia, en función de las circunstancias del partido judicial.

O la creación de 300 plazas de jueces y fiscales y de 75 juzgados y 69 plazas de fiscales, mayoritariamente de segunda categoría. Aunque este punto ya ha sido asumido por Catalá a través de los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados.

Otras reivindicaciones, como la reforma del Ministerio Fiscal para dotar a los fiscales de más autonomía o la reforma del camino para elegir a la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (ahora totalmente politizado), podrían ver la luz a tenor de la voluntad expresada en varias ocasiones tanto por el PSOE como por la mayoría de los grupos parlamentarios que Pedro Sánchez necesita para mantenerse en Moncloa al menos un año.

 

 

Sobre el autor

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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