Victoria Ortega: “La aritmética parlamentaria no puede ser la excusa para no pactar la reforma de la Justicia”

Publicado el lunes, 1 abril 2019

 

El blog institucional de Victoria Ortega (Palencia, 1958), presidenta del Consejo General de la Abogacía, está encabezado por una frase de Concepción Arenal que es toda una declaración de principios: “Las cosas son imposibles mientras lo parecen”. “Es una frase que dije el día de mi toma de posesión. Para lograr cosas tienes que creértelas. Mientras pienses que es imposible, no vas a conseguir nada”, asegura esta mujer de carácter austero, como buena castellana, pero cercana, moderada en las formas, contundente en el fondo y con una determinación a prueba de bomba. La entrevistamos en el que es su despacho desde enero de 2016, cuando fue elegida presidenta de la abogacía y, por tanto, miembro nato del Consejo de Estado.

Núria Ribas / @oikit

La primera Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito

Lawyerpress (P): Presidenta, la semana pasada se presentó de forma oficial el Congreso de la Abogacía que se celebrará en Valladolid del 8 al 11 de mayo. Por cierto, la ciudad en la que usted se licenció y doctoró. Más de 250 ponentes y mucha, mucha tecnología y transformación. Se respira un aire de punto de inflexión.

Victoria Ortega (VO): Totalmente. Celebramos los 50 años del Congreso de León, que lo fue, sobre todo para la sociedad. Ese momento de inicio de la transición, cuando se veía que la situación no iba a aguantar más. La abogacía en ese momento reivindicó muchos temas, que estando en la mente de muchos, no se habían dicho públicamente. Entonces, supuso una revolución. Este lo será, pero en otro ámbito, lógicamente. Por eso estamos hablando de transformación: de transformación social, transformación tecnológica, de la abogacía en su conjunto.

P: Y de reivindicación, ¿no? Últimamente parece que la abogacía no se siente suficientemente valorada por la sociedad. ¿Sienten que su función está devaluada?

VO: No quiero hablar en negativo. Diré que tiene mucho margen para ampliarse y para llegar a lo que es la realidad de la profesión y la actividad que socialmente se está llevando a cabo. Pero es que, además, nosotros mismos nos negamos a estar percibiendo el cambio como una amenaza. Lo que tratamos es de concienciarnos de que estas posibilidades de cambio son un reto y una oportunidad.

P: Además de una apuesta clara por unir abogacía y tecnología, en este Congreso habrá otras líneas muy potentes y algunas reivindicaciones históricas. Por ejemplo, la igualdad.

VO: Sí, totalmente. Desde hace un par de años, hemos estado desarrollando toda una serie de actividades en ese ámbito. Vamos avanzando en Igualdad.

P: Pero muy lentamente, ¿no? Este avance no parece llegar a los cargos relevantes de la Administración de Justicia, donde existe un claro techo de cristal. ¿Qué cree que falta y en qué situación está el propio Consejo?

VO: Efectivamente, es como dice, en la judicatura, las mujeres ya somos mayoría, pero sucede que a medida que se va subiendo en el escalafón, la presencia es mucho más escasa. De todos modos, lo importante es primero mirar uno en su casa, antes de hablar en casas ajenas. Y en esta casa tampoco vamos extraordinariamente sobrados. Se puede decir, y es verdad que yo estoy en la presidencia y que hay vicepresidencias, pero el número conjunto de consejeras da una proporción muy escasa, solo un 16%. Es obvio que tenemos que luchar para que esto avance. Pero estoy absolutamente convencida de que el momento es este, que esto ya no se para, que no va a ser como otros fenómenos que han surgido y que luego se olvidan. Y vamos a llegar a una igualdad real en un margen de tiempo relativamente corto.

P: ¿Nosotras lo veremos?

VO: Seguro. Quien va a conocer la igualdad real ya ha nacido. No creo que tenga base lo que se indica de que hace falta cien años, como dice el FMI. No creo que las mujeres, ni los hombres, vayan a permitir que pasen cien años para conseguir la igualdad.

P: Sí que parece que todo el mundo está remando hacia el mismo sentido, no como en otras reivindicaciones del Consejo como el tan deseado y nunca conseguido Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Se quedó encallado en la Comisión de Justicia del Congreso de un modo bastante vergonzoso. La excusa siempre es la aritmética parlamentaria. ¿Cree que es esa la razón?

VO: ¡Precisamente la aritmética parlamentaria nos debería llevar a lo contrario! En 2016, por parte de la Abogacía se presentó un conjunto de medidas, de propuestas. Se hizo el esfuerzo de todas las comparecencias ante la Comisión de Justicia del Congreso, se llamó el Proyecto Estrategia Nacional de Justicia y ahí quedó. La aritmética parlamentaria es la que es. Bien, ahí estamos. Por lo que se dice en las encuestas, así parece que va a quedar. Esto se puede tomar de dos formas: de la forma de que no haya manera de llegar a un acuerdo. Eso es lamentable, y es absolutamente contrario a la más mínima responsabilidad por parte de los políticos.

La presidenta del CGAE, en un momento de la entrevista

P: ¿Hay otro argumento?

VO: Claro, con esta misma aritmética parlamentaria se podría decir que, precisamente por el esfuerzo que supone llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, será perdurable. Y no habrá que cambiarlo cada vez que tengamos nuevas elecciones. Sobre temas importantes, habrá que ceder unos y otros y conseguir algo duradero.

P: De este pacto que no llega dependen temas que afectan a la abogacía que hace años que no se desatacan. Por ejemplo, la Ley del Derecho a la Defensa.

VO: Igual que otras leyes crean un problema, en esta todo el mundo está de acuerdo en que es imprescindible la regulación de la defensa como derecho fundamental. Pero la Ley se nos va quedando ahí. Desde la abogacía institucional nos hemos ido reunido con los partidos con representación parlamentaria y nadie nos ha dicho ningún inconveniente respecto a la ley. Debería salir, ¿no? Tenemos la confianza de que en la siguiente legislatura saldrá adelante.

P: Esta ley no es la única que duerme el sueño de los justos…

VO: No, no, podemos poner otros ejemplos. Como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es que con la ley que tenemos del siglo XIX vamos a acabar siendo un elemento exótico en Europa. Mucha atención. Estamos hablando de una transformación tecnológica y social. Es imposible seguir ese cambio con una legislación del XIX. Una legislación que, por otro lado, es extraordinaria, porque fíjese lo que ha durado. Pero normativamente, el ir poniendo parches a un texto, pues llega un momento que no encaja, que no tiene coherencia.

P: ¿Qué otra regulación necesita una reforma o una aprobación y sigue sobre la mesa de los políticos?

VO: La ley que regula la Justicia gratuita. Fue una buena ley en su momento. Pero hoy surgen nuevas circunstancias que exigen una reforma. Reforma que también estaba muy avanzada y que estamos bastante de acuerdo en muchos puntos, pero que en este momento se ha parado. Pero sí, precisa ajustes. Tampoco demasiados, pero precisa algunos. Y, claro, el Estatuto de la Abogacía. Está pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros. Faltan matices… bueno. Son seis años ¿eh? Ha sido un alarde de paciencia grande. Falta el informe del Consejo de Estado y, luego, la aprobación del Consejo de Ministros. A ver si es posible que se apruebe.

P: Mucho tiempo esperando, sí. Igual que en el turno de oficio, el eterno maltratado. Aunque se ha cobrado los meses de noviembre y diciembre, ¿sigue siendo una anomalía?

VO: Bueno, el decir que a 27 de marzo [día en el que se realizó la entrevista] estamos cobrando noviembre y diciembre del año anterior, pues queda definido.

P: ¿A qué se debe esto?

VO: Pues se debe, en parte, a que en su momento se cambió la consideración de prestación por la naturaleza de subvención. Al ser subvención y no aprobarse los presupuestos, es necesaria la regulación de un decreto que apruebe esa subvención, que la cuantifique… Y eso lleva unos tiempos.

P: ¿Por qué se hizo este cambio?

VO: En su momento, como se recordará, se indicó que en Bruselas estas cantidades del turno de oficio estaban gravadas con el IVA. Pero en España tiene naturaleza pública, no es un servicio de mercado. Se entendía que según la propia naturaleza de la prestación de justicia gratuita aquí en España no debía estar gravada. Así lo pensamos todos. Yo, personalmente, pensé que al establecer ese gravamen sería el principio de la privatización del turno de oficio. Entonces se aclararon los conceptos para dejar claro que aquí no se están pagando unos honorarios, sino pagando una subvención que quedaba exenta. Esto, junto con la no aprobación de los presupuestos requiere, como digo, un decreto ley que lleva su tiempo. Pasó también el año pasado. Dicho esto, es cierto también que el año pasado, una vez hecho este trámite, se regularizó el pago mes a mes. Y esta regularidad es la que se ha perdido. Claro, los compañeros y compañeras de turno de oficio, igual que las instituciones, tenemos una situación que es muy poco presentable. Y, desde luego, en ningún caso admisible.

Victoria Ortega en Lawyerpress TV

puede ver la entrevista con Victoria Ortega en Lawyerpress TV

Sobre el autor
Núria Ribas

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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