Pilar Martínez denuncia el abandono del campo español por un proteccionismo “restrictivo y sancionador” La letrada cita la suspensión de la caza en Castilla y León entre los casos de “uso instrumental” de las medidas medioambientales en una jornada para desmontar mitos y exponer dilemas acerca de la conservación de la naturaleza

Publicado el lunes, 25 marzo 2019

Pilar Martínez denuncia el abandono del campo español

abandono del campo español considera que “vivir en el campo en España se está convirtiendo en una heroicidad”, como evidencia la reciente prohibición de la caza en Castilla y León, por culpa de la proliferación de “normas de carácter restrictivo, sancionador y limitativo”. La abogada especializada en medioambiente ha realizado esta reflexión en el transcurso de la jornada “Mitos, realidades y dilemas de la cuestión ambiental y de la conservación de la naturaleza”, organizada por el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España.

Durante su intervención, la letrada ha buscado responder a interrogantes planteados para su análisis y debate junto a Domingo Gómez Orea, doctor en Ingeniería Agrónoma y catedrático de la UPM: “¿Es siempre leal y rigurosa la conservación de la naturaleza? ¿Impone limitaciones a los afectados o las concierta con ellos en pro de su colaboración? ¿Promueve el desarrollo rural?”.

Pilar Martínez ha recordado que en España, el país europeo que más aporta a Red Natura 2000, se ha aplicado un modelo medioambiental que no obedece ni al “espíritu y finalidad de la Directiva Hábitats” ni a la legislación estatal, que en absoluto promueven “la extensión generalizada de la protección”. “Estas normas contienen, además, otras exigencias, como la necesaria atención al desarrollo socioeconómico de estas áreas y población, que no se atienden, como tampoco se atienden aspectos relativos a las necesarias compensaciones económicas, derivadas de las limitaciones o los derechos de participación de los titulares de intereses afectados”, ha incidido.

“Nos encontramos con normas ambiguas, que nos sumen en la inseguridad jurídica y que no garantizan la protección del derecho a la defensa, a la igualdad, a la propiedad privada, a la utilización racional de los recursos o al desarrollo socioeconómico”, ha detallado la abogada, con más de 20 años de experiencia. La reciente suspensión de la caza en Castilla y León o el parón en la construcción del ATC en Villar de Cañas obedecen a un “uso instrumental” de las normas de protección de la naturaleza, donde se imponen los fines políticos e, incluso, ideológicos, ha profundizado.

La tesis expuesta por Pilar Martínez radica en que “la protección ambiental únicamente desde una normativa sancionadora no funciona”. Al contrario, es necesario “motivar y hacer partícipes de la gestión a los titulares de los derechos afectados y compensarles por ello”. En el transcurso de su exposición, la letrada de Pilar Martínez Abogados ha ofrecido igualmente alternativas a la situación actual del campo español, con indicadores alarmantes como la despoblación y el abandono por parte de los jóvenes.

Por su parte, Domingo Gómez Orea ha criticado la obsesión administrativa por imponer la protección de espacios no amenazados o solo por amenazas inconsistentes o banales, y al agricultor restricciones de cultivo incumplibles; y el mito de los beneficios económicos al mundo rural, con esta frase: “el que contamina, paga, pero ¿cobra o también paga el que conserva?”, destacando que no se gratifican al agricultor los beneficios ambientales que genera, sino que se le penaliza.  Asimismo, ha denunciado el uso abusivo de la idea de sostenibilidad y la inconsistencia de los apoyos institucionales.

El Instituto de la Ingeniería de España, creado en 1905, es una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, cuya presidencia de honor ostenta Su Majestad el Rey Felipe VI desde 2014.

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