La Fundación CERMI Mujeres (FCM), junto al CERMI Estatal, exige acabar con la enorme discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en el acceso al mercado laboral, lo que las aboca a una situación de empobrecimiento y precariedad que cercena todas las posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida propio y de una plena participación en comunidad.
Así lo pone de relieve la FCM en el manifiesto que ha publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que también ha sido elaborado en lengua de signos, pictogramas, lectura fácil y braille, con el fin de garantizar la accesibilidad de sus reivindicaciones para todas las personas con discapacidad.
CERMI Mujeres recuerda que el derecho al trabajo de todas las personas con discapacidad está consagrado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, el mandato de garantizar el acceso al empleo de toda la ciudadanía está establecido en la Convención de la ONU para la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer y en la Constitución Española, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Pese a estos compromisos, “las mujeres con discapacidad seguimos siendo una parte de la población más pobre y excluida debido a la falta de formación profesional competitiva, la brecha digital de género, la alta tasa de inactividad laboral, la falta de acceso al mercado de trabajo, el desarrollo de actividades no mercantilizadas, las diferencias de sueldo existentes entre hombres y mujeres, los obstáculos creados por la ausencia de conciliación de la vida familiar y laboral, la mayor esperanza de vida de las mujeres y, en general, las distintas formas de discriminación por razón de género y discapacidad”, expone el manifiesto.
CERMI Mujeres destaca que la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad en España asciende al 64,8%, una cifra superior a la de los hombres con discapacidad y mucho peor que la de la población sin discapacidad. Esta situación hace que muchas mujeres con discapacidad en edad laboral no solo no tengan trabajo, sino que ni siquiera estén en el proceso de búsqueda.
MAYOR PRECARIEDAD
Además, cuando las mujeres con discapacidad consiguen acceder al mercado laboral, lo hacen en general en unas condiciones de mayor precariedad, con más contratos a tiempo parcial y con una remuneración inferior. Y es que, según el estudio ODISMET 2018, el salario medio bruto anual de las mujeres con discapacidad es de 17.365 euros, frente al de los hombres con discapacidad que es de 20.614,2 euros. La brecha salarial se agrava si se comparan los datos con la remuneración de la población sin discapacidad (25.924,43 euros los hombres y 20.131,41 euros las mujeres).
Para revertir esta situación, la Fundación CERMI Mujeres urge a las administraciones a impulsar políticas de activación sociolaboral de las mujeres con discapacidad que incidan en la formación y el empoderamiento, como fase previa para alcanzar la plena participación en el empleo. Estas políticas deben ir dirigidas prioritariamente a aquellas mujeres con discapacidad que se enfrentan a más obstáculos a la hora de encontrar trabajo, especialmente las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como las mujeres del entorno rural y con pluridiscapacidades, articulándose los apoyos en el empleo que, en cada caso, sean necesarios.
Garantizar un entorno laboral seguro para todas las personas, pero muy especialmente para las mujeres con discapacidad, libre de violencia y acoso; exigir a las empresas que cumplan la cuota de reserva de puestos para personas con discapacidad; impedir que las mujeres con discapacidad se queden fuera del proceso de transformación digital que afecta al mercado laboral, y superar la segregación horizontal (dificultades a la hora de acceder a determinadas profesiones) y vertical (dificultades para poder desarrollarse profesionalmente), son otras reivindicaciones planteadas por CERMI Mujeres este año.
Asimismo, la FCM hace un llamamiento para impulsar políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia que, en el marco de una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, tenga en consideración la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo, hecho que suele ignorarse de manera sistemática.
En este sentido, es preciso dar visibilidad y contabilizar todas las contribuciones no monetarizadas que las mujeres con discapacidad realizan en el ámbito de la reproducción de la vida y que son esenciales para que el sistema económico, tal cual está concebido en la actualidad, siga funcionando. La riqueza de un país no solamente se produce en el ‘mercado’, sino que también existen otras esferas de generación de servicios tradicionalmente ignoradas cuya responsabilidad sigue recayendo en las mujeres.
El Manifiesto:
Manifiesto 8 de marzo de 2019 – Día Internacional de la Mujer
¡PORQUE NOS SOBRAN LOS MOTIVOS!
‘Por un empleo digno para las mujeres con discapacidad’
Hoy 8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las mujeres con discapacidad, junto con las madres con hijas e hijos con discapacidad, trasladamos a la opinión pública, y muy especialmente a las personas responsables de diseñar y poner en práctica políticas públicas, nuestras demandas en materia de empleo, puesto que los índices de actividad, empleo y desempleo, así como las condiciones laborales, son peores en las mujeres con discapacidad cuando las comparamos con los hombres con discapacidad y con las mujeres y hombres sin discapacidad.
El empleo sigue siendo una de las vías fundamentales que nos garantiza a las mujeres con discapacidad la posibilidad de llevar una vida autónoma e independiente, y ser, de esta manera, protagonistas de nuestras propias vidas.
La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas señala en su art. 27 que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás.
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recoge en su artículo 11 1. la obligación que tienen los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible defienden Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas (ODS 8) y Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5).
Nuestra Constitución de 1978 señala en el artículo 35 que todas y todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Las mujeres con discapacidad tenemos derecho a ganarnos la vida mediante un trabajo digno libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles. Tenemos derecho, en igualdad de condiciones con las demás personas, a condiciones laborales justas y favorables, incluyendo la igualdad de oportunidades y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, a condiciones laborales seguras y saludables, a protección del acoso, y a servicios de reparación en caso de quejas. El ejercicio de nuestro derecho al trabajo debe salvaguardarse y promoverse, incluso para las mujeres que adquirimos una discapacidad durante el empleo.
Las mujeres con discapacidad seguimos siendo una parte de la población más pobre y excluida debido a la falta de formación profesional competitiva, la brecha digital de género, la alta tasa de inactividad laboral, la falta de acceso al mercado de trabajo, el desarrollo de actividades no mercantilizadas, las diferencias de sueldo existentes entre hombres y mujeres, los obstáculos creados por la ausencia de conciliación de la vida familiar y laboral, la mayor esperanza de vida de las mujeres y, en general, las distintas formas de discriminación por razón de género y discapacidad
En términos generales, en nuestro país, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad asciende al 64,8 % según el Instituto Nacional de Estadística, tasa superior a la de los hombres con discapacidad, así como a la de las mujeres y hombres sin discapacidad. Desde la Fundación CERMI Mujeres nos preocupa enormemente que las mujeres con discapacidad en edad laboral no solo no tengan trabajo, sino que ni siquiera están en el proceso de búsqueda. Esta situación obliga a reclamar acciones, tanto transversales como positivas, dirigidas a las mujeres con discapacidad para impulsar la formación, la contratación, el acceso al empleo, la retención del empleo, la igualdad salarial con las mismas competencias, las adaptaciones al puesto de trabajo y el equilibrio entre la vida privada y laboral.
A pesar de existir Tratados Internacionales de Derechos Humanos que promueven y protegen nuestros derechos, la realidad española nos aboca a una situación de empobrecimiento y precariedad que cercena todas las posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida propio y de una plena participación en la comunidad.
Por todo ello, en este 8 de marzo, desde la Fundación CERM Mujeres, las mujeres con discapacidad, junto con las madres con hijas e hijos con discapacidad EXIGIMOS:
- Implantar políticas públicas de empleo que tengan presente el género y la discapacidad en un enfoque de doble vía, en cumplimiento a las recomendaciones que en su día realizó el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. Todas las políticas y programas de fomento del empleo y la formación profesional comunitarias deben tomar en consideración la situación específica de las mujeres con discapacidad, así como su discriminación múltiple como consecuencia de la interseccionalidad de otros factores discriminantes, como la edad, la orientación sexual, la ruralidad, la inmigración, las minorías étnicas, el ser víctima de violencia de género, estar en riesgo de pobreza…
- Impulsar políticas de activación socio-laboral de las mujeres con discapacidad que incidan en la formación y el empoderamiento, como fase previa para alcanzar la plena participación en el empleo. Estas políticas deben ir dirigidas prioritariamente a aquellas mujeres con discapacidad que se enfrentan más obstáculos a la hora de encontrar trabajo, especialmente las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como las mujeres del entorno rural y con pluridiscapacidades, articulándose los apoyos en el empleo que, en cada caso, sean necesarios.
- Finalizar con la segregación horizontal (dificultades a la hora de acceder a determinadas profesiones) y vertical (dificultades para poder desarrollarse profesionalmente) que seguimos encontrando las mujeres con discapacidad en el mercado laboral.
- Acabar con la brecha salarial de género que también afecta a las mujeres con discapacidad de manera alarmante. No hay que olvidar que según los datos disponibles (ODISMET, 2018) el salario medio bruto anual de mujeres con discapacidad es de 17.365,0€ frente al de los hombres con discapacidad que es de 20.614,2€. Es decir, las mujeres con discapacidad cobramos de media anual 3.249,2€ menos que ellos. Si, lo comparamos con la percepción salarial media de los hombres sin discapacidad, 25.924,43€, y de las mujeres sin discapacidad, 20.131,41€, la desigualdad salta a la vista.
- Impedir que nos quedemos atrás en el proceso de transformación digital que también afecta al mercado laboral.
- Visibilizar y contabilizar todas las contribuciones no monetarizadas que nosotras, las mujeres de este sector de la población llevamos a cabo en el ámbito de la reproducción de la vida y que son esenciales para que el sistema económico, tal cual está concebido en la actualidad, siga funcionando. La riqueza de un país no solamente se produce en el ‘mercado’ sino que también existen otras esferas de generación de servicios tradicionalmente ignoradas cuya responsabilidad sigue recayendo en nosotras, las mujeres.
- Fomentar políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que, en el marco de una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, tome en consideración la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo, hecho éste que suele ignorarse de manera sistemática.
- Exigir a las empresas privadas y administraciones públicas un compromiso firme con nuestra causa, cumpliendo la cuota de reserva de empleo y eliminando las actitudes negativas y estereotipos nocivos hacia las mujeres con discapacidad.
- Garantizar un entorno laboral seguro para todas las personas, pero muy especialmente para las mujeres con discapacidad, libre de violencia y acoso.
