Caza de brujas: La Manada

Publicado el lunes, 14 mayo 2018

 

Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado secretario general de la Plataforma Cívica por la independencia judicial.

(Malleus maleficarum)

In principium erat Verbum (San Juan 1:1)

Nunca me gustó el celebérrimo proverbio chino “una imagen vale más que mil palabras”. Y es que la especie humana es la única que posee un verdadero lenguaje, un instrumento de comunicación dotado de una potencia simbólica muy superior a las de las meras impresiones visuales, tan susceptibles de manipulación.

 

Jesus Villegas

Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado secretario general de la Plataforma Cívica por la independencia judicial.

No es de extrañar, por tanto, que un vocablo como “violación” haya activado la explosión social subsiguiente a la publicación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra el 26 de abril de 2018 en el caso conocido como “La Manada”, donde se enjuiciaba a cinco individuos acusados de haber ultrajado a una joven indefensa. La opinión publica esperaba una condena por violación, no por “abusos”, tal como finalmente sucedió. Se perdió el matiz semántico que, con su atávica carga sonora, diríase que encarna el desgarro íntimo inherente a todo asalto sexual.

Eso por no hablar del juez que emitió un voto particular a favor de la absolución. Con su persona se ha fabricado una imagen caricaturesca que vale, no ya por mil, sino por un millón de palabras. Su buen nombre ha sido degradado para convertirlo impúdicamente el estereotipo del machismo judicial. Y el señor Ministro de Justicia, en vez de sosegar los ánimos, ha rociado el fuego con gasolina al dudar sobre su capacidad profesional e incluso su estado de salud mental. Arrastrada por el lodo de la ignominia colectiva, la fotografía del magistrado disidente se exhibe por medios sociales como estandarte en una campaña de difamación donde, incluso, se ha llegado a filtrar su expediente personal. Más que una ofensa; un delito.

Desde un punto de vista jurídico, la solución a este embrollo es elemental. Si el pronunciamiento judicial fuese erróneo, será corregido mediante el régimen de recursos. Por otro lado, gusten o disgusten, los argumentos de los magistrados son de gran calidad técnica y fruto la razón, no del voluntarismo o de la arbitrariedad. Los de los tres. Basta con leer la sentencia. Pero todo es más complicado. Se ha abierto una brecha entre la sociedad y sus jueces que se dilata cada vez más, a empuje de titular periodístico. ¿Por qué?

Los indicios son inquietantes. Vivimos la época de la comunicación virtual, donde el medio social, esa nueva Galaxia Gutemberg digital, está cada vez más expuesto a la contaminación procedente de agentes provocadores y conciliábulos siniestros. Es la era de la post-verdad (fake news, trolls, etc). La manera en que se ha expandido la ola de hostilidad antijudicial mueve a barruntar soterrados intereses bastardos, una campaña coordinada por activistas de la violencia social. Y es aquí donde entra la irresponsabilidad de nuestros políticos que, en su insensato afán de arrimar votos, han lanzado sus cañas a unas aguas revueltas a ver qué pescaban, aunque sea a costa de ensartar su anzuelo en las togas de los magistrados. Muy triste. Y muy peligroso.

Muy peligroso porque el pueblo español no debe perder la confianza en sus jueces. De ello depende nuestra democracia. Hay que decir bien claro, usando ese lenguaje que nos hace seres racionales por encima de la bestialidad, que nuestros magistrados se duelen del sufrimiento de las víctimas; que el poder judicial está tan comprometido en la lucha contra el machismo como el que más; que todo ha sido un malentendido, acaso derivado de una simple palabra.

Ahora bien, es de todo punto inadmisible que se excite a las masas para presionar sobre un procedimiento judicial todavía sub iudice. Son maniobras propias de ideologías totalitarias. Bien pensado, mucho más antiguas, procedentes de las tinieblas inquisitoriales. En el siglo XV se publicó el manual por excelencia de la Inquisición, el Malleus Maleficarum (“martillo de brujas”), donde se admitía como fuente acreditativa la fama pública, el rumor popular. Si en una localidad se extendía el bulo (fake new) de que una anciana era bruja, la opinión colectiva de los vecinos valía como prueba procesal. Cinco siglos antes de la invención de Internet.

Los inquisidores pretendían aplastar con su martillo a los hechiceros y adoradores del diablo. Ahora son los manipuladores digitales los que golpean con sus mazas informáticas al tribunal. Hoy, a los tres sentenciadores; mañana, quién sabe si a toda la carrera judicial.

Tan sombrío panorama urge restablecer el diálogo, rescatar el logos. Hay que restituir el honor de unos magistrados difamados por los neoinquisidores. Son profesionales intachables cuya imagen debe limpiarse. Es un imperativo moral. Han tenido la valentía de seguir su conciencia, aun a sabiendas de que serían públicamente linchados. Y, con no menos vehemencia, proclamar sin descanso nuestra solidaridad con las víctimas, nuestro compromiso contra los residuos de falocracia institucional. Ambas cosas a la par pues, si no, sobrevendrán indeseados malentendidos. Quizás también, aunque se antoje anecdótico, una reforma legal para que, tanto los abusos como las agresiones sexuales, queden englobados bajo el concepto superior de “violación”. No es un detalle baladí. Las palabras importan.

No sólo eso. Es menester poner fin, sin demora, a la campaña de desprestigio a que dan pábulo los parásitos informáticos. Mientras las turbas digitales martillean la puerta del palacio de justicia, los jueces españoles llaman a otra puerta: el Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Frente a tan graves imputaciones, un grupo de magistrados ha formulado una queja ante dicho organismo supranacional para que cese la bárbara persecución a que se está sometiendo a unos profesionales que, con mayor o menor acierto, se han limitado a hacer honradamente su trabajo.

En el siguiente enlace se contiene el texto íntegro de la denuncia, que ha recibido el apoyo de la asociación “Foro Judicial Independiente” junto con la adhesión de una riada de jueces que, a estas alturas, suman ya más de 500. Es otro martillo. Esta vez, contra la caza de brujas.

http://plataformaindependenciajudicial.es/2018/05/03/2967/

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