Querella criminal contra Florentino Pérez y cinco ex ministros por el ‘Proyecto Castor’

Publicado el miércoles, 28 febrero 2018

Prevaricación, fraude a la Administración Pública, estafa y malversación de caudales públicos. Estos cuatro delitos son los que sustentan la querella criminal que el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya han presentado ante la Audiencia Nacional contra siete ex cargos políticos y dos empresarios (el presidente de ACS, Florentino Pérez, y Recaredo del Potro Gómez, presidente de ESCAL UGS) por el conocido ‘Proyecto Castor’, un almacén geológico de gas en un antiguo yacimiento de petróleo. La costosa infraestructura tuvo que ser cerrada en 2013 por los centenares de microterremotos que provocaba su actividad.

Núria Ribas / @oikit

En aproximadamente tres semanas se sabrá si la Audiencia Nacional admite a trámite la querella que este martes han presentado públicamente tres colectivos ciudadanos contra los que ellos consideran “responsables” políticos y empresariales de uno de los proyectos energéticos más polémicos llevados a cabo en España: el Proyecto Castor.

Polémicos, de entrada, por las anomalías en los pliegos de contratación pública que lo sustentaron. Tras más de dos décadas de prospecciones, el contrato que finalmente consiguió ACS para construir el almacén de gas contenía, según los querellantes, “polémicos artículos”. “Como el artículo 14, que expresamente, añade la especificación singular y anómala de que se garantice el cobro de compensación incluso en casos de dolo y negligencia imputable a la empresa concesionaria. Como finalmente pasó”, apuntan fuentes del ODG, uno de los demandantes.

El resultado fue – y sigue siendo – que, en virtud de esa cláusula, el Estado tiene que asumir el pago de la cantidad de 1.350.730.000 euros que, con intereses, asciende a 2.419.940.000 euros o bien en la factura del gas, como ha pasado hasta ahora (hasta que el Tribunal Constitucional declarase ilegal la indemnización a ACS), o bien vía Presupuestos Generales del Estado como está intentando encajar el Gobierno de Rajoy.

Pero esta no es la única anomalía que en todo este proceso del Castor denuncia la querella criminal como acusación popular presentada ante la Audiencia. Por ejemplo, denuncian las dos resoluciones aprobadas por la entonces ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en las que se otorgaba el visto bueno de impacto ambiental al proyecto sin evaluación y sin atención al riesgo sísmico.

O la inaudita modificación de límites entre Catalunya y la Comunidad Valenciana que el Ministerio de Fomento, entonces dirigido por Magdalena Álvarez, decidió llevar a cabo en marzo de 2008 para que Castor estuviera dentro de territorio valenciano (en aguas de la provincia de Castellón) tras la negativa de la Generalitat de Catalunya de dar el visto bueno al proyecto. “Sin trámite de audiencia, ni expediente administrativo”, añade la querella.

Las acusaciones que contiene la querella, elaborada por un equipo jurídico multidisciplinar, son numerosas (también se centran en la falta de concurrencia en el concurso público o en la “conveniente” financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones en el comité de dirección del cual ya estaba Magdalena Álvarez, una de las querelladas).

Junto a Álvarez, la demanda se querella contra cuatro ex ministros más (Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria como ministros de Industria y Elena Espinosa, como ministra de Medio Ambiente), dos altos cargos (Ignasi Nieto, Secretario General de Energía, y Juan Gabriel Cotino, Consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana) y dos empresarios (Florentino Pérez, presidente de ACS, y Recaredo del Potro, presidente del Consejo de Administración de Escal UGS).

La querella llega justo cuando algunos de los presuntos delitos que recoge están a punto de prescribir, como el de prevaricación presuntamente cometido en 2008. Los demandantes, además, no descartan obtener nuevas pruebas que refuercen las que ya han presentado para sustentar la querella. De hecho, fuentes del ODG explican que “se ha abierto un buzón de filtraciones en la web https://casocastor.net, el mismo que abrimos en el ‘caso Bankia’ desde el que recibimos información muy valiosa de cara al juicio. Es un buzón que encripta los mensajes y así permite aportar informaciones en un entorno seguro y con la máxima confidencialidad”.

Sobre el autor

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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