El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la presunta
manipulación de determinados motores diésel en vehículos Volkswagen, ha acordado
dirigir el procedimiento contra la matriz de la firma automovilística
-Volkswagen AG- en calidad de investigada, por su presunta participación en el
delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas, así
como delitos de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente.
Una vez notificado el auto, el Juzgado ya ha cursado la correspondiente comisión
rogatoria a Alemania, país en el que tiene su sede la empresa Volkswagen AG, que
tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y
procurador.
El magistrado explica en su resolución que la causa se inició tras la
presentación de querellas por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación
Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y
que la investigación judicial se centra en la presunta manipulación de
determinados motores diesel de 4 cilindros.
El trucaje se pudo realizar con la instalación de un programa informático que
detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de
reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la
normativa medioambiental. Según el relato del juez, el fabricante, para lograr
fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo
tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un
software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera
que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos
eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha
reconocido públicamente éstos y la adopción de medidas para solucionar el
problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden
constituir los delitos antes mencionados y que la empresa Volkswagen A.G. debe
ostentar la condición de investigada (antes imputada) "al objeto de poder tener
conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de
ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa en su más
amplio sentido".
El auto recoge el informe del fiscal en el que solicitaba la medida ahora
acordada. El Ministerio Público se basaba en lo esgrimido por el representante
de Volkswagen-Audi España, que aseguró que los motores afectados los fabrica
Volkswagen AG en Alemania.
La Fiscalía también se apoyó en la documentación aportada por el Ministerio de
Industria sobre las sociedades de SEAT afectadas por estos hechos. Según el
fiscal, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible
responsabilidad penal como persona jurídica porque "existen elementos que
permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual
compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus
actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta".