Unión Progresista de Fiscales, Jueces para la Democracia y Sindicato de Letrados
de la Administración de Justicia piden en un comunicado la la derogación del
sistema de plazos previsto en art 324 de la LECrim por las deficiencias de
su redacción, la falta de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la
ausencia de un criterio único en su interpretación.
COMUNICADO CONJUNTO
Transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo art 324 de la LECrim
es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener
para la administración de justicia. Las deficiencias de su redacción, la falta
de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la ausencia de un criterio
único en su interpretación han llevado al limite a los juzgados de instrucción y
a las fiscalías. Si se pretendía una agilización de la justicia este no es el
camino. En los próximos meses veremos como el riesgo generado por la entrada en
vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va
a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los
juzgados. Sin embargo, es posible que aumente la pérdida de calidad del
sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en
instrucción y, por tanto , el tiempo de tramitación de los procesos.
Desde todas las asociaciones firmantes, con responsabilidad, lamentamos ante la
ciudadanía la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la
justicia, en la que los Letrados de la Administración de Justicia, los Fiscales,
los Jueces y Magistrados y el resto de los funcionarios que integran la misma,
son la garantía profesional de que trabajando en común y evitando estériles
enfrentamientos a los que indirectamente nos ha conducido esta reforma,
velaremos en conciencia por los intereses de todos. Incluso en la aplicación de
reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su
derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales.