El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ha comenzado una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios, para intercambiar impresiones sobre la situación judicial, y encontrar puntos en común en sus programas que permitan lograr avances. Esta mañana le ha tocado el turno al PSOE, con quien ha coincidido en la necesaria revisión y reforma de estructuras organizativas, así como el establecimiento de medidas eficaces que acerquen la justicia al ciudadano.

Presidida por el Decano Gabriel María de Diego Quevedo y la Vicedecana Rocío Sampere, miembros de la Junta y algunos procuradores han recibido en la mesa de trabajo celebrada en la Sede del Colegio a Ángeles Álvarez, nº 4 por Madrid para el Congreso y Secretaria de Igualdad y Diversidad del PSOE-M; a la magistrada Pilar LLop, Diputada por el PSOE en la Asamblea de Madrid, y al magistrado Juan Carlos Campo Moreno, ex Secretario de Estado de Justicia y actual candidato al Congreso por Cádiz.

Sobre la opinión compartida de la Administración de la Justicia como pieza clave en el Sistema Democrático, para Ángeles Álvarez “es fundamental romper barreras entre los ciudadanos y los miembros de la judicatura, para que deje de infundir temor al ciudadano. Y, sobre todo, hay que trabajar para impedir el debilitamiento del poder judicial, porque esto supone el debilitamiento del Estado de derecho”. Para Álvarez, activista en contra de la violencia de género, son necesarias medidas realmente efectivas, nacidas de expertos en cada área, que contribuyan a paliar la sobrecarga de trabajo en los juzgados y las malas prácticas judiciales.

Para Juan Carlos Campos es primordial desarrollar un completo programa de modernización de la Justicia, que apunte a la reforma normativa, organizativa y tecnológica. “Debemos alcanzar de nuevo un gran pacto social que permita una cambio estructural, derogando aquellas leyes que resten libertades a los ciudadanos, y reforzando el derecho de éstos a entender la Justicia, modernizando el lenguaje jurídico desde la Universidad”. A nivel tecnológico, para Campos es necesario implementar normativas ya aprobadas en relación a la interoperabilidad de los diferentes aplicativos autonómicos, e igualmente imprescindible solucionar los errores que manifiesta la plataforma LexNET de intercambio de información entre los órganos judiciales.

La magistrada Pilar Llop, por su parte, ha elogiado la iniciativa del Colegio de Procuradores de trabajar con los diferentes partidos políticos, “sobre todo en este momento de crisis”. Desde su posición en la Asamblea de Madrid, ha denunciado la invisibilidad de la justicia madrileña por su nueva estructura, además de la inoperancia del reparto presupuestario. Por ello propone el establecimiento de comisiones especializadas, y el consenso de todo el aparato judicial. Sobre la Ciudad de la Justicia y el problema de la dispersión de sedes, Llop ha anunciado la apertura de comparecencias en la Asamblea de todos los órganos judiciales, con las que ha aceptado colaborar el Decano de los Procuradores, para lograr poner en marcha un proyecto parado en su fase de adjudicación, situación que se encuentra recurrida.

Los tres representantes del PSOE han coincidido en la loable vocación de servicio de la Procura, y su importante papel en la defensa de los derechos del ciudadano, ya que desarrolla una labor crucial como intermediario, facilitando enormemente la relación de éstos con la justicia.  “Esto es fundamental sobre todo en casos como los de la violencia de género,” ha señalado Ángeles Álvarez, para quien, la mediación “es un instrumento útil, pero no es la solución para todos los conflictos”. Un papel imprescindible en la sociedad que hay que proteger, en opinión de algunos intervinientes por parte del Colegio de Procuradores, ofreciendo mayor proyección a sus profesionales, y reforzando sus derechos laborales y salariales, para evitar indefensión y desmotivación.

El Decano Gabriel de Diego Quevedo ha cerrado el acto coincidiendo en la necesidad de alcanzar una nueva Justicia, más cercana al ciudadano, para lo que considera necesario el consenso de todos los partidos. Por su parte ha ofrecido toda la ayuda necesaria tras las elecciones de junio, solicitando también la colaboración del legislativo “para llevar al Colegio de Procuradores al siglo XXV”.