Según la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC),
la actual incertidumbre política supone un riesgo añadido a la coyuntura
económica española para las empresas. Pese a la reducción de precios, a la
consecuente mejora en la productividad y a una reforma laboral (invalidada por
resoluciones judiciales, en muchos casos, debido a defectos de procedimiento en
lugar de cuestiones sustanciales), la Asociación advierte que esta falta de
Gobierno y legislación puede agravar los problemas de insolvencia en compañías y
sectores estratégicos clave, como la construcción y energía.
Asimismo, las sucesivas reformas, sin éxito, de la Ley Concursal demuestran que
aún estamos lejos de convertirla en una herramienta de reestructuración
empresarial, como ocurre en Europa. En palabras del presidente de ASPAC, Luis
Martín, España ha atravesado un periodo de ‘metonimia concursal’: “buena parte
de las últimas reformas han surgido a raíz de casos concretos y han tenido poco
impacto en el desarrollo de un sistema de insolvencia eficaz, sobre todo para la
pequeña y mediana empresa, que es la base de nuestra estructura empresarial”.
Problemas estructurales de la economía, causa principal de las liquidacioness
Martín indica que, durante un periodo de crisis aguda, tienen lugar numerosas
liquidaciones de empresas, por lo que cabe preguntarse si es la economía la que
no funciona, y no la ley, como el elevado número de reformas sugiere: “el
legislador ha optado por una serie de reformas de la Ley Concursal para
solventar los problemas de viabilidad de las empresas. Si bien es cierto que
gran parte de aquellas que se acogen, voluntariamente o no, al concurso de
acreedores, acaban en liquidación, no siempre se debe a fallos en la Ley, sino a
problemas estructurales en la economía”.
Respecto a las reformas llevadas a cabo en materia concursal, la Asociación
advierte que éstas podrían devenir en la desprofesionalización del sector. Las
últimas modificaciones y las previstas, (Ley 17/2014, de 30 de septiembre, Ley
9/2015, de 25 de mayo, y 25/2015, de 28 de julio; así como el futuro Estatuto de
la Administración Concursal) permiten que cualquier titulado que acredite
formación jurídica o económica y que apruebe un examen acceda al ejercicio de la
administración concursal.
EEstas pruebas de acceso permitirán la entrada de profesionales sin limitación en
número, cuando el número de administradores concursales en España (alrededor de
9.000) ya es superior al número de concursos de acreedores (4.777, en 2015).
Según ASPAC, esto supondrá una desprofesionalización de la figura del
administrador concursal, con el consecuente perjuicio para acreedores y para la
economía.
ASPAC pide medidas urgentes contra otro de los grandes problemas de la
profesión: la saturación de los Juzgados Mercantiles, que impide agilizar los
procesos. “Para una compañía con problemas de insolvencia, la lentitud y
burocracia de algunos juzgados de lo Mercantil es letal”, finaliza Luis Martín.