Jueces para la Democracia expresa en
un comunicado su sorpresa, alarma y preocupación ante la revelación de una
grabación entre el magistrado Salvador Alba y un investigado que podría
significar la manipulación de un concreto proceso penal.
El comunicado:
Ante las informaciones difundidas por
los medios de comunicación, referidas a la grabación de una conversación
supuestamente mantenida entre el magistrado Salvador Alba y un investigado,
previa a su declaración judicial, desde Jueces para la Democracia debemos
mostrar nuestra sorpresa, alarma y preocupación. Los hechos denunciados han
provocado una notable inquietud en nuestra judicatura y, además, han generado
una comprensible conmoción ciudadana sobre el funcionamiento de la Justicia en
nuestro país.
Si se acredita la autenticidad de
dicha grabación, se habría producido la manipulación de un concreto proceso
penal, en unos términos que no tendrían precedentes. Sería inaudito que un juez
se hubiera reunido con un investigado con el fin de preparar de forma pactada
los términos y la forma de una declaración judicial posterior. Más aún, sería
inadmisible que esa declaración hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del
proceso penal. Y con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior
magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un
procedimiento ante el Tribunal Supremo.
Las circunstancias que rodean este asunto, resultan cuanto menos anómalas y
destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie; tales han sido
el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía,
declarada ilegal por el TSJ de Canarias, y la emisión de un inusual informe por
parte de este mismo Juez. En última instancia, la confirmación de los hechos
denunciados supondría la existencia de interferencias políticas partidistas en
actuaciones judiciales específicas.
Por ello, desde Jueces para la
Democracia consideramos que deben activarse los mecanismos del Estado de Derecho
para que estos hechos sean aclarados a la mayor brevedad. Y para que, en su
caso, se determinen las posibles responsabilidades disciplinarias y penales.
Valoramos positivamente que los órganos competentes del Consejo General del
Poder Judicial hayan iniciado actuaciones para analizar las infracciones
disciplinarias que se puedan haber cometido en el caso de que se acredite la
autenticidad de las referidas grabaciones.
Debemos recordar que la función
judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad. Cualquier uso
torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de
nuestro sistema judicial. Por ello, desde Jueces para la Democracia expresamos
nuestra confianza en que los órganos competentes investigarán con rigor los
hechos denunciados, que revisten una enorme gravedad. Nuestro Estado
Constitucional se pone a prueba cuando se pueden haber atacado sus principios
esenciales, pero siempre dispone de instrumentos para que estos se mantengan.