Transparencia Internacional apoya y defiende la protección legal de los
divulgadores de los documentos “Luxleaks”, Antoine Deltour y Raphae Halet,
denunciantes que han revelado las medidas fiscales adoptadas en secreto por las
autoridades de Luxemburgo que benefician a cerca de 350 multinacionales, y que
van a ser juzgados en un Tribunal de este país por revelación de secretos. El
juicio se deriva de una denuncia presentada por PricewaterhouseCoopers (PwC),
empresa en la que ambos denunciantes habían trabajado.
Transparencia Internacional aboga por la protección de denunciantes como Deltour
y Halet, ya que juegan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y
otras malas prácticas, y que muy frecuentemente pagan un precio muy alto, siendo
procesados o perdiendo sus puestos de trabajo, a pesar de que sus revelaciones
informativas sean beneficiosas para el interés público.
Es
necesario que en todos los países haya una ley que proteja a los denunciantes;
en España no la hay. A tal efecto, Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia
Internacional España, manifiesta que “resulta tan necesario como urgente
que en España haya una Ley de protección de denunciantes, que pueda proteger a
aquellos ciudadanos que se atrevan a denunciar posibles casos de corrupción”.
Es por ello que TI-España ha venido proponiendo de forma continuada a los
Partidos políticos que promuevan parlamentariamente y aprueben una Ley de
protección de denunciantes en nuestro país.
La mayoría
de los países europeos no tiene leyes de protección de denunciantes y si la
tienen, como en Luxemburgo, son a menudo son inadecuadas. En virtud de la ley de
Luxemburgo, Deltour y Halet no se consideran a tal efecto denunciantes,
ya que la legislación los circunscribe a los delitos de corrupción. Además, sólo
se protege a los denunciantes contra los despidos, no contra los procesamientos
legales. Por lo tanto, Luxemburgo debería revisar su marco jurídico a este
respecto.
De una
forma similar a los documentos de Panamá, las revelaciones de Deltour y Halet
han situado la evasión fiscal corporativa en la agenda pública y han
revitalizado los debates sobre la necesaria reforma fiscal internacional. Sus
revelaciones han contribuido además al análisis de medidas para luchar contra la
evasión fiscal por parte del gobierno de Luxemburgo, la Comisión Europea, la
OCDE y el G-20.
A pesar de
ello, estos denunciantes se enfrentan concretamente a cargos de robo, a violar
las leyes de secreto profesional de Luxemburgo, y al acceso ilegal a una base de
datos. Si se les declarase culpables se enfrentarían a una pena de hasta diez
años de cárcel y una multa de hasta 1.250.000 €. Cerca de 125.000 personas han
firmado una petición en apoyo de estos denunciantes.
Transparencia Internacional aboga por una legislación que proteja las
revelaciones confidenciales y anónimas, y la prensa también tiene que ser libre
para publicar información de interés público, sin acosos ni sanciones legales.
Es por ello que esta organización insta a todos los países a promulgar y hacer
cumplir Leyes integrales de protección de denunciantes basadas en estándares
internacionales, incluyendo los principios propuestos por la propia
Transparencia Internacional y por el Consejo de Europa.
Los
gobiernos y las empresas deben apoyar a los denunciantes de irregularidades
cuando tales revelaciones salgan a la luz. Transparencia Internacional mantiene
su actitud de colaboración y su compromiso constructivo con los gobiernos y el
sector privado.