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25 de ABRIL de 2016

El Colegio de Abogados de A Coruña reclama la derogación íntegra de la Ley de Tasas Judiciales

LAWYERPRESS

El Congreso de los Diputados votó el pasado miércoles iniciar el proceso de una proposición de ley para suprimir las tasas para pymes y ONG

El Colegio de Abogados de A Coruña reclama la derogación íntegra de la Ley de Tasas Judiciales

El Colegio de Abogados de A Coruña vuelve a solicitar al Ministerio de Justicia la derogación íntegra de la Ley de Tasas Judiciales. Si bien celebra el inicio del proceso de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para suprimir las tasas para pymes y ONG, desde el Colegio de Abogados se considera esta medida como insuficiente y se pide la eliminación completa de la ley conocida como "tasazo".

Esta iniciativa solo supone una solución parcial a un escenario judicial que supuso una limitación del derecho de la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Desde el Colegio de Abogados de A Coruña se considera que las medidas anunciadas son insuficientes y que se ha de proceder a la inmediata derogación de la Ley de Tasas, con la consiguiente suspensión de su aplicación.

La Constitución española señala que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión" por lo que esta ley atentó directamente contra la Constitución. No solo se ha de plantear proposiciones de ley para su modificación, ha de ser derogada de manera íntegra.

La Ley de Tasas Judiciales supuso uno de los recortes de derechos más graves de la ciudadanía ya que se originó una Justicia para ricos y una ausencia de la misma para pobres, hecho demostrado en la caída de la litigiosidad en los juzgados de toda España. Esta Ley solo ha beneficiado al incumplidor que ha contado con la disuasión que supone el elevado coste para el potencial demandante.

La Ley de Tasas se aprobó con el pretexto de redundar en la mejora del servicio del Turno de Oficio, algo incumplido por parte del Ministerio ya que ha reconocido públicamente que desconoce el destino de los cientos de millones de euros recaudados con la Ley. Desde 1986 se desarrolla el servicio de justicia gratuita y los abogados hemos cumplido con los servicios que prestamos a la ciudadanía para que todas las personas puedan acceder a ella.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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