Las nuevas reglas europeas en materia de protección de datos recibieron el
jueves el visto bueno definitivo del Parlamento. La reforma pretende devolver a
los ciudadanos el control de sus datos personales y garantizar en toda la UE
unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. También
incluye nuevas normas mínimas sobre el uso de datos para fines judiciales y
policiales.
La aprobación en el PE pone fin a más de cuatro años de trabajo para reformar
drásticamente la normativa comunitaria sobre protección de datos. Las nuevas
reglas sustituyen a una directiva de 1995, cuando el uso de internet no estaba
tan extendido. El objetivo del nuevo reglamento general es dar más control a los
ciudadanos sobre su información privada en un mundo de teléfonos inteligentes,
redes sociales, banca por internet y transferencias globales.
“Con este reglamento de protección de datos conseguimos un nivel uniforme de
protección en toda la UE. Es un gran éxito para el Parlamento y un “sí” claro a
los derechos de los consumidores y a la competencia en la era digital. Los
ciudadanos podrán decidir por sí mismos qué información quieren compartir”,
subrayó Jan
Albrecht (Verdes, Alemania), responsable de la tramitación parlamentaria del
texto.
“También se ofrece más claridad a las empresas, con una norma única para toda la
UE que refuerza la confianza y la seguridad jurídica e impulsa la competencia
justa”, añadió Albrecht.
Entre otras disposiciones, las nuevas reglas incluyen:
·
el derecho al
“olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales,
·
la necesidad de
“consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de
sus datos personales,
·
la “portabilidad”, o
el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios,
·
el derecho a ser
informado si los datos personales han sido pirateados,
·
lenguaje claro y
comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y
·
multas de hasta el 4%
de la facturación global de las empresas en caso de infracción.
Nuevas normas sobre transmisión de datos para garantizar una cooperación
policial efectiva
El nuevo paquete de protección de datos también incluye una directiva sobre
transmisión de datos para cuestiones judiciales y policiales. Se aplicará al
intercambio de datos transfronterizos dentro de la UE y establecerá estándares
mínimos para el tratamiento de datos en cada país.
La intención es proteger a las personas implicadas en investigaciones policiales
o procesos judiciales, sea como víctimas, acusados o testigos, mediante la
clarificación de sus derechos y el establecimiento de límites en la transmisión
de datos para prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos o
la imposición de penas. Se han incluido salvaguardas para evitar riesgos para la
seguridad pública, al tiempo que se facilita una cooperación más rápida y
efectiva entre las autoridades policiales y judiciales.
“El principal problema ante los ataques terroristas y otros crímenes
trasnacionales es que los cuerpos judiciales y de seguridad son reacios a
compartir información valiosa”, explicó la ponente de la directiva,
Marju Lauristin (S&D, Estonia). “Al fijar estándares europeos para el
intercambio de información, esta norma se convertirá en una herramienta útil
para ayudar a las autoridades a trasladar datos personales de manera sencilla y
efectiva, asegurando el respeto al derecho fundamental a la privacidad”, agregó.
Más información sobre el reglamento de protección de datos y la directiva en
nuestra lista de preguntas
y respuestas.
Próximos pasos
El reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario
oficial de la UE. Sus disposición serán de aplicación directa en todos los
Estados miembros dos años después.
Los países tendrán un plazo de dos años para trasladar los cambios de la
directiva a la legislación nacional.
En el caso de Reino Unido e Irlanda, la directiva sobre intercambio de datos
para fines policiales y judiciales sólo se aplicará de manera limitada.
Dinamarca podrá decidir en seis meses tras su adopción definitiva si quiere
trasladar la directiva a la ley nacional.