El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1
de Nules ha declarado la complejidad de la causa que se sigue contra los
máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC)
por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes
de formación concedidas a organizaciones empresariales.
El magistrado estima la petición del fiscal,
declara el carácter complejo de la instrucción de esta causa que se sigue
desde julio de 2015 contra varias personas físicas y jurídicas por un
supuesto delito contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de
subvenciones y otro delito continuado de falsedad documental, y amplía el
plazo para investigar de seis a dieciocho meses.
El juez considera que “la gran cantidad de
investigados” y la necesidad de someter al análisis de los peritos la
abundante documentación recabada justifica la declaración de complejidad de
este procedimiento en el que, además, aún están pendientes de practicarse
diligencias de investigación “esenciales” para culminar la instrucción.
Además de por el número de imputados, por la
abundante documentación intervenida y por la complejidad de las periciales
pendientes, la dilación en la tramitación del procedimiento se ve agravada
por la precariedad de medios personales y materiales con la que trabaja el
Juzgado, cuyas demandas no han sido atendidas aún por la Conselleria de
Justicia, administración competente, pese a que contaron con el respaldo de
la Unidad de Apoco para Causas por Corrupción (UACC) del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
A este respecto, el juez explica en su
resolución que “esta carencia de medios personales y materiales repercute de
manera necesaria y trascendental en la dilación que la tramitación de esta
causa sufre y que justifica la ampliación del plazo de instrucción”. Tal
retraso, añade, “no es consecuencia de la desidia o inactividad de la
autoridad judicial” por cuanto desde el “órgano instructor se le ha tratado
de imponer la máxima celeridad posible”.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, solicitó el pasado mes de
septiembre el apoyo de la UACC. En noviembre, tras estudiar su solicitud, la
Comisión Permanente del CGPJ acordó, a propuesta de la Unidad de Apoyo para
Causas por Corrupción dirigirse a la Dirección de Justicia de la Generalitat
Valenciana para que adoptara diversas medidas de refuerzo para el Juzgado.
El órgano de gobierno de los jueces solicitó al
Gobierno valenciano que adscribiera al Juzgado un gestor o un tramitador
procesal, preferentemente con experiencia en el desarrollo de su labor en
los Juzgados, y que dotara al órgano judicial de un sistema de
videograbación, de un programa de informático de transcripción de
declaraciones y de una máquina de escaneo de documentos con la suficiente
capacidad para digitalizar causas extensas.
Ninguna de las peticiones formuladas por el
instructor para agilizar la tramitación de la causa ha sido atendida salvo
la continuidad de un funcionario con el que ya estaba reforzado el juzgado.
La investigación inicial se ha ampliado
recientemente tras la presentación de una nueva denuncia por parte del
Servef en relación con los cursos de formación impartidos por el Instituto
de Fomento y Formación Empresarial de Castellón (sociedad dependiente de la
CEC) con cargo a los fondos del plan de formación.
En dicho informe el Servef denuncia la supuesta
percepción de más 120.000 euros sin justificar.
Como consecuencia de esta denuncia ampliatoria
volvieron a declarar, como investigados, el pasado 26 de febrero, el
secretario de la CEC, Rafael Montero, y el responsable de formación, Espejo.
El 25 de abril declarará como investigado el
delegado territorial de la CEC en la Vall d´uixó.
Ese mismo día han sido citados, como testigos,
el contable de una de las empresas investigadas y dos técnicos de Hacienda.
El 20 de mayo comparecerán, también como
testigos, la subdirectora del Servef, el jefe de sección de planes de
formación del Servef y el auditor de las cuentas de la CEC para este plan de
formación.
El 23 de mayo el juez instructor interrogará
como investigada a la responsable de una de las academias.