La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional rechaza la
petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para suspender de
forma cautelar la Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de
18 de diciembre de 2015, por la que se regulan los procesos electorales en
las federaciones deportivas españolas.
La Federación solicitaba la medida cautelar por vulneración de derechos
fundamentales por cuanto la Orden Ministerial pretende que se aprueben por
la Administración los Reglamentos electorales de dichas asociaciones
privadas imponiendo criterios, requisitos y formalidades para llevar a cabo
los procesos electorales lo que, a su juicio, supone un "atentado directo a
la potestad de autoorganización de entidades privadas" como es la RFEF.
Alegaba, además, que la ejecución de la norma causaría daños de "imposible o
difícil reparación" y provocaría eventuales perjuicios como el riesgo de que
los clubes de fútbol españoles no puedan participar en competiciones ni
actividades deportivas internacionales por vulneración de la normativa FIFA.
En un auto, los magistrados rechazan la medida cautelar, sin entrar a
valorar el fondo del asunto, por cuanto la Federación se limita a "aducir
unos daños meramente hipotéticos y eventuales" de expulsión de los clubes de
las competiciones internacionales y, por tanto, "la generalidad e
imprecisión" del planteamiento obliga a rechazar su petición, pues "los
daños cuya irreparabilidad puede justificar la puesta en marcha de las
previsiones cautelares han de ser reales y efectivos (...) no sustentados en
meras suposiciones o contingencias futuras.
La Sala considera, además, que el interés público demanda que se mantenga la
vigencia de una disposición de carácter general que desarrolla normas que
tienen por objetivo reforzar la transparencia de los procesos electorales
sin alterar la estructura de la orden ECI/3567/2007, de 4 de diciembre,
declarada conforma a derecho por el TS, mejorando la gobernanza de las
Federaciones y ofreciendo al deporte de élite y a los deportistas de alto
nivel una representatividad adecuada a las estructuras federativas así como
adaptar y actualizar la regulación de los procesos electorales a las
reformas legislativas operadas en el ámbito del deporte.