|
 Las
franquicias dedicadas a la odontología están en el disparadero. Si hace apenas
dos semanas saltaba la noticia del cierre repentino de Funnydent, ayer se hacía
público que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía
Nacional (UDEF) ha detenido a la plana mayor de Vitaldent, tras ser acusada de
delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El
impacto que ha causado esta noticia en la opinión pública ha sido notable, dado
el elevado número de pacientes afectados, y es que sólo en España cuenta con 364
clínicas. El fantasma de otros escándalos como Corporación Dermoestética, Wall
Street Institute y Opening vuelve a campar a sus anchas en el imaginario
colectivo español, si bien hemos de señalar que, en principio, las consecuencias
sufridas por los usuarios de estas marcas no son extrapolables a Vitaldent.
Diferencias entre la matriz y las franquicias
Vitaldent no ha quebrado ni ha cerrado. Simplemente se ha producido la detención
de su fundador y varios directivos por una serie de delitos sin que se dude
hasta ahora de la solvencia de la compañía. Por esta razón, sus franquicias - al
menos dos terceras partes de la extensa red de clínicas con las que cuenta la
marca- están funcionando con total normalidad. A este respecto, hemos de
considerar dos circunstancias esclarecedoras a la hora de distinguir a la matriz
- a la sazón, foco del escándalo- de sus franquicias:
En
primer lugar, el origen de la investigación judicial cabe situarlo en las
denuncias de varios franquiciados -que pusieron en conocimiento de la fiscalía
la existencia de una posible contabilidad paralela de Vitaldent alegando que se
les había exigido satisfacer parte del canon en efectivo-. En segundo lugar, los
registros policiales se han limitado a la sede, dejando por el momento al margen
a las demás clínicas.
¿Y
los pacientes?
A
pesar de lo anterior, y dados los giros y vaivenes que suelen acompañar a este
tipo de pesquisas, es absolutamente recomendable desarrollar una actitud
preventiva por parte de los pacientes para evitar problemas posteriores.
Un
primer paso sería evitar realizar cualquier pago por adelantado. Todos conocemos
las promociones que suelen ofrecerse en este tipo de negocios, aplicándose
suculentos descuentos si se anticipan varias cuotas. De lo que no se advierte es
de los efectos económicos que conlleva una hipotética insolvencia que finalice
en liquidación, o un “cerrojazo” como el que aconteció en otros casos, y que
suelen traducirse en la pérdida de gran parte del dinero aportado con
anterioridad.
Es
también recomendable que pospongan la idea de iniciar nuevos tratamientos hasta
que se aclare la situación judicial y contable de la empresa, a la espera de que
se confirme que las franquicias están exentas de responsabilidad criminal y que
cuentan con material y personal adecuado para prestar sus servicios conforme a
la praxis habitual.
Además, deben conservar toda la documentación relativa a los servicios que hayan
contratado con Vitaldent, y ello con la finalidad de poder reclamar
posteriormente en caso de que dicha mercantil pueda verse envuelta en ulteriores
problemas. No olvidemos que, en estos casos, suele ser aconsejable anticiparse a
un futuro escenario de reclamaciones masivas.
No
obstante, si ya es demasiado tarde y el paciente ya ha financiado un tratamiento
con alguna de las clínicas que dependen de la empresa matriz, y esta incumpliera
sus compromisos adquiridos, también hay solución. Así, es posible suspender el
contrato de financiación frente a la financiera por los mismos motivos que
frente a Vitaldent, siempre que se trate de una financiación vinculada. En este
sentido, es importante que la decisión del paciente de resolver el contrato se
comunique previamente por burofax o por cualquier otro medio fehaciente que
acredite la recepción y lectura íntegra de su contenido, puesto que en caso
contrario se le consideraría moroso, con las consecuencias legales que ello
implica.
Finalmente, los pacientes habrán de estar atentos a la evolución de su clínica
de referencia, ya que cualquier deficiencia en la gestión o eventuales cambios
en los precios, forma de pago, y demás condiciones debería ser puesto en
conocimiento de su asesor jurídico de confianza. |
