Olleros
Abogados ha organizado una jornada audiovisual para analizar el Real Decreto por
el que se desarrolla la Ley del Cine y que establece el nuevo modelo de ayudas
al sector así como su impacto fiscal en las vías de financiación alternativas y
la forma de adaptarse a la norma para una óptima y rentable inversión del
capital privado en la proyección cinematográfica.
En esta línea
se ha pronunciado la representante de Olleros durante la jornada y socio del
área Fiscal y Audiovisual Patricia Motilla, quien ha anticipado el impacto
fiscal del nuevo modelo de ayudas al Cine en las estructuras de financiación
alternativa basadas en Agrupaciones de Interés Económico (AIE) audiovisuales,
ante más de 50 representantes de productoras audiovisuales de nuestro entorno
nacional.
Esta jornada,
impulsada por la firma tras la reciente incorporación a Olleros de la abogada
experta en derecho Fiscal y Audiovisual Patricia Motilla, como socio, y de la
secretaria general de la Federación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE),
Mabel Klimt, como of counsel, se enmarca dentro del Foro Audiovisual, de Teatro
y Artes Escénicas que ha creado Olleros y en el que se prevé celebrar una serie
de eventos periódicos sobre la materia con el fin de ofrecer un nuevo marco en
el que los integrantes del sector audiovisual puedan exponer sus inquietudes y
conocer las últimas novedades legislativas sobre el sector.
Durante la
primera jornada del Foro, liderada por Patricia Motilla y Mabel Klimt, se ha
abordado el nuevo modelo de ayudas al cine haciendo un análisis de la realidad
de la producción audiovisual en nuestro país, facilitando a los asistentes un
enfoque práctico de cómo abordar la financiación de las producciones a partir
del ejercicio 2016.
En concreto,
las representantes de Olleros han explicado las novedades que incluye la norma,
que opta por un modelo de ayudas anticipadas y dejando sin efecto el modelo de
ayudas a la amortización utilizado hasta ahora. Entre otras cuestiones, destacan
la eliminación definitiva de las llamadas “ventanas de explotación”, la
supresión de los cartones de exhibición o la posibilidad de reembolsar total o
parcialmente los ingresos generados por la explotación del largometraje en salas
de exhibición cinematográfica en el caso de que los beneficios de la producción
superen cuatro veces el coste reconocido al mismo por el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y siempre que de ello derive un
beneficio real para el productor.