El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha apelado hoy a la
colaboración y cooperación de todos los Estados pertenecientes a la Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) para fortalecer
un acceso eficaz a la Justicia de todos los colectivos más desfavorecidos de la
sociedad, durante su intervención en el I Encuentro sobre el futuro de la
Justicia en Mesoamérica: Prioridades y Metas, organizado en la ciudad
guatemalteca de La Antigua.
Catalá ha considerado que uno de los objetivos estratégicos de la COMJIB debe
ser facilitar la igualdad en el acceso a la Justicia de modo que la
vulnerabilidad económica, social o educativa no sean un obstáculo para obtener
la protección jurídica adecuada por parte del Estado. Dentro de los colectivos
de especial consideración ha señalado a los menores, los adolescentes en
conflicto con la ley, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas
privadas de libertad y las poblaciones indígenas.
El ministro ha valorado durante este encuentro la función de la COMJIB en el
cumplimiento de los objetivos trazados por las Naciones Unidas en su Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y ha destacado la importante labor que pueden
tener España e Iberoamérica en el impulso conjunto de la paz, la Justicia y la
solidez de las instituciones. Basándose en estos principios, Rafael Catalá ha
realizado un repaso por las reformas afrontadas en los últimos años en España
con la doble finalidad de hacer frente a la crisis económica y financiera y
adaptar las estructuras económicas y jurídicas a las nuevas realidades propias
del siglo XXI.
Así, en relación con la lucha contra la violencia y el delito, Catalá ha
subrayado la importancia de la reforma del Código Penal que hace hincapié en la
búsqueda de respuestas punitivas proporcionadas sin abandonar la vertiente
preventiva y atendiendo de manera especial al sufrimiento de quienes padecen el
delito. La protección de los menores ha sido un punto clave y prioritario en
este elenco de reformas, ha dicho el ministro.
El titular de Justicia ha destacado la mayor eficacia que implanta el Código
Penal en la lucha contra nuevos delitos como la ciberdelincuencia o el yihadismo,
la mejor protección de derechos y libertades de sectores desfavorecidos o la
aplicación de una respuesta penal equiparable a la repulsa social de los delitos
particularmente graves, para los que se ha introducido la figura de la prisión
permanente revisable.
También se ha referido al Estatuto de la Víctima, que ha nacido con la finalidad
de proteger especialmente los derechos de este colectivo, evitando una segunda
victimización. La especial protección a los menores se concreta en actuaciones
en los casos en que son víctimas, como el agravamiento de la pena en la trata de
seres humanos, la pornografía infantil, la aplicación de la prisión permanente
revisable en el asesinato de niños o la creación de un Registro de Delincuentes
Sexuales para prevenir que los condenados por delitos de abusos, agresión o
explotación sexual trabajen en contacto directo con menores.
Igualmente, por primera vez en España se ha otorgado el reconocimiento de
víctimas de violencia de género a quienes convivan con mujeres que han sufrido
esta situación. También, se ha concedido el derecho de asistencia jurídica
gratuita a menores, discapacitados intelectuales o enfermos mentales víctimas de
abuso o maltrato y se han reforzado las medidas de protección en el proceso
penal, evitando el contacto visual con el inculpado. Y con la aprobación del
nuevo baremo de accidentes de tráfico se mejora la situación de esta categoría
de víctimas.
El objetivo declarado de alcanzar la igualdad de acceso a la Justicia ha tenido
su reflejo en España en la reforma del régimen de asistencia jurídica gratuita,
que elimina la necesidad de acreditar insuficiencia económica en la violencia de
género, terrorismo o casos de trata de seres humanos, así como a los menores y
personas discapacitadas víctimas de malos tratos. También se reconoce este
derecho a las asociaciones cuyo fin sea la promoción y defensa de los derechos
de las víctimas de terrorismo.
La lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción en las instituciones
públicas han tenido un espacio importante en la intervención de Rafael Catalá,
que considera que la transparencia en las instituciones y el combate contra la
corrupción son esenciales para conseguir la cohesión social y fortalecer la
salud de la democracia.
Con el fin de dejar claro que el crimen no puede resultar rentable y que el
criminal no solo ha de purgar la pena impuesta por los tribunales, sino también
restituir lo robado, se puso en marcha en España el pasado mes de octubre, la
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En relación con la lucha contra la corrupción, el ministro se ha referido al
Plan de Regeneración Democrática afrontado en España durante la última
legislatura que incluye la adopción de medidas penales y procesales en el seno
del Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras. En virtud
de esta legislación, se ha conseguido evitar que un cargo público condenado por
corrupción sea incluido en las listas electorales, que el autor de un delito
contra la Administración obtenga la libertad condicional sin haber restituido
previamente el daño económico causado, que los partidos políticos tengan
responsabilidad penal fiscal, estando sujetos a un férreo control económico,
financiero y contable y exista una regulación sobre la financiación ilegal de
los mismos.
Al concluir el repaso de las principales medidas reformistas aprobadas por el
Gobierno de España en los últimos años en el ámbito de la Justicia, Rafael
Catalá ha puesto la experiencia española al servicio de COMJIB y de los
distintos países iberoamericanos.