Mientras
el Ministro de Justicia, Rafael catalá, prosigue con la campaña electoral en un
desayuno informativo, donde repite su mantra de la justicia sin papeles, las
cuatro asociaciones de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura, la
Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro
Judicial Independiente piden en una rueda de prensa organizada en el Colegio de
Abogados de Madrid un definitivo Pacto de Estado por la Justicia.
Los jueces hicieron una clara muestra de unidad entre las asociaciones en su
presentación de 8 medidas para mejorar la Justicia, mientras lamentaban que el
debate electoral no ha tenido “como elemento central” la Justicia, como es el
caso con la educación o la sanidad.
Las cuatro asociaciones de jueces piden un Pacto de Estado por la
Justicia,
porque no puede estar al albur de los vaivenes e intereses políticos como
expresan en el documento que resume sus propuestas, y que reproducimos a
continuación:
Propuesta unitaria de las asociaciones judiciales
LA JUSTICIA NO PUEDE SEGUIR SIENDO LA GRAN OLVIDADA
A lo largo de los últimos treinta años, la sociedad española ha podido comprobar
cómo la Justicia sigue siendo la gran olvidada. Propuesta esenciales para su
mejora, formuladas en muchas ocasiones desde el sentir unánime de la Carrera
Judicial, no han encontrado otro destino que el cajón o, directamente, la
papelera, al extremo de convertirse en tópicos o lugares comunes que, en cada
convocatoria electoral, volvemos a escuchar.
Lejos de llevarnos al desánimo o a la resignación, esta situación nos debe
empujar, ante el inicio de una nueva legislatura, a recordar y plantear dichas
propuestas, con la esperanza de que, esta vez sí, puedan ser acogidas, si es que
de verdad las fuerzas políticas creen que los ciudadanos merecen una Justicia de
calidad.
1.- El marco necesario: un Pacto de Estado
La Justicia no puede estar al albur de los vaivenes e intereses políticos. En la
medida que constituye un servicio público de primera magnitud y, al propio
tiempo, uno de los tres poderes del Estado, destinado a garantizar el correcto
funcionamiento de los otros dos, ha de construirse sobre un consenso lo
suficientemente amplio que asegure que, con independencia de quien gobierne,
la Justicia es una prioridad, como la sanidad o la educación.
De ahí la necesidad de elaborar, entre todos los grupos políticos y con
intervención de los operadores jurídicos –jueces, fiscales, abogados…-, unas
bases que constituyan puntos de encuentro sobre la Justicia que queremos y que
nos permitan, por una parte, lograr un Poder Judicial verdaderamente
independiente, y, por otra, sentar las líneas de trabajo sobre las que legislar
y programar a corto, medio y largo plazo, los cambios necesarios para conseguir
una Administración de Justicia que, debidamente dotada, esté en condiciones de
prestar el servicio de calidad al que los ciudadanos tienen derecho.
Una Administración de Justicia con vocación de futuro no puede construirse en
una legislatura, y, si asumimos que estamos ante uno de los valores superiores
del ordenamiento jurídico, su consecución tampoco puede hacerse desde una
concreta sensibilidad política, sino desde un escenario en el que todos, o al
menos la inmensa mayoría, se sientan representados.
Este Pacto de Estado habría de articularse sobre los ejes que seguidamente se
exponen, sin perjuicio de cualesquiera otros que pudieran surgir.
2.- Un nuevo modelo de Carrera Judicial y de organización territorial y
funcional de la Administración de Justicia.
La organización actual de la Administración de Justicia es obsoleta y las
sucesivas reformas no han conseguido dar respuesta a las demandas y necesidades
de una sociedad moderna.
Es necesario diseñar un nuevo modelo organizativo, revisar el sistema de
categorías profesionales para facilitar y estimular la promoción profesional,
implantar los tribunales de instancia en la primera línea –con estricto respecto
a los principios de independencia e inamovilidad, estructurado por órdenes
jurisdiccionales y presididos por un decano elegido por los compañeros-, una
nueva distribución territorial acomodada a la realidad social, política,
económica y demográfica, y una oficina judicial que realmente sirva como
instrumento de asistencia y apoyo a actividad jurisdiccional –y no como un fin
en sí mismo o herramienta de control al servicio de otros intereses-.
3.- La implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia
y la confianza del ciudadano en sus tribunales.
Uno de los problemas más graves que padece nuestra Justicia es la apariencia de
politización que, aunque no responde a una realidad tangible, ha calado en el
sentir social.
Es preciso reforzar la imagen de independencia de los jueces y la credibilidad
del sistema, evitando y saliendo al paso de cualquier situación que pueda hacer
pensar tanto en una justicia politizada, como en la judicialización de la
política.
En particular, el Consejo General del Poder Judicial ha de quedar al margen de
las tensiones políticas, lo que no pasa desde luego por su desaparición, sino
por potenciar sus competencias y asegurar que la elección de sus miembros, su
composición y régimen de funcionamiento, responden al objetivo que justificó su
creación: disponer de un órgano que garantizase la independencia judicial frente
a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos y de terceros, para
lo cual se considera imprescindible recuperar la elección directa de los vocales
judiciales por los propios jueces con criterios de proporcionalidad, la
dedicación plena de todos los vocales y las competencias necesarias para el
desarrollo de su función constitucional.
4.- La redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia de
Administración de Justicia.
A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que distinguió entre la
Administración de Justicia, como competencia estatal, y la administración de la
Administración de Justicia, como competencia susceptible de ser asumida por las
CCAA, hoy nos encontramos con un régimen competencial distorsionado e ineficaz.
La realidad demuestra que, unas veces por haberse utilizado como arma
arrojadiza entre el Estado y las CCAA, y otras veces por el diferente interés
que ha suscitado en las Administraciones autonómicas, actualmente existe una
Justicia con diferencias crecientes en función de la Comunidad de que se trate,
lo que crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en lo que se refiere
al servicio público.
Es menester afrontar el problema, redefinir y clarificar el sistema de
competencias, así como asegurar la debida coordinación entre las
Administraciones estatal y autonómica, de forma que se trabaje en la misma
dirección.
5.- Plan de inversión económica.
Bajo los principios de estabilidad y compromiso del Estado y de las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, ha
de elaborarse un plan de inversiones distribuido a lo largo de varias
legislaturas, que permita dotar a la Administración de Justicia de los medios
imprescindibles para asegurar una Justicia ágil, eficaz y de calidad, asignando
un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado y exigiendo que cada
reforma legal vaya acompañada de una memoria económica, auditada por expertos
independientes, y un proceso de implantación adecuado a las circunstancias.
Todo ello debe partir de una perspectiva de la Justicia como servicio público,
que sea accesible a la ciudadanía, sin discriminar a nadie por razones
económicas y sin obstáculos que impidan o dificulten el acceso a la justicia a
los particulares y a las pequeñas y medianas empresas.
6.- Plan de ampliación de la planta judicial garantizado.
En paralelo a la configuración de una nueva estructura y sea cual fuere el
modelo a seguir, ha de elaborarse un programa de ampliación de la planta
judicial a medio y largo plazo, que no se limite a conjugar la pérdida
vegetativa, sino que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos
ajustados a los países de nuestro entorno, como medio para garantizar la
prestación de un servicio de calidad.
7.- Condiciones profesionales dignas.
Los jueces, en unión de otros operadores jurídicos, han venido supliendo las
carencias del sistema con su dedicación y esfuerzo, pero este voluntarismo no
puede perpetuarse en el tiempo. Hay que establecer las condiciones adecuadas
para que los jueces puedan desempeñar su función con las debidas garantías, en
beneficio del ciudadano, lo que pasa por afrontar extremos como la salud
laboral, los riesgos y enfermedades profesionales, la igualdad de género, la
mejora del régimen de sustituciones, el volumen de trabajo y un régimen
retributivo acorde con la responsabilidad y categoría profesional del puesto y
la función desarrollada. Entretanto, debe cumplirse en sus propios términos la
previsión contenida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley15/2003.
El CCGP, como órgano de gobierno del Poder Judicial, debe liderar la aprobación
y aplicación de todas aquellas propuestas tendentes a la dignificación de la
función judicial.
8.- Modernización tecnológica.
Si bien la ley 18/2011 y, sobre todo, las recientes reformas de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han apostado
decididamente por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración
de Justicia, lo cierto es que la mera publicación de la ley puede no ser
suficiente si no se resuelven previamente otras cuestiones previas.
En primer lugar, la tan largamente debatida compatibilidad de los sistemas
informáticos procesales. La dispersión de modelos según las Comunidades
autónomas sigue sin permitir, como mero ejemplo, la interoperabilidad o
comunicación entre los órganos judiciales. Hoy existen hasta ocho aplicaciones
informáticas distintas entre las diferentes CCAA, por supuesto incompatibles
entre sí.
Pero hay otros ejemplos de facetas necesitadas de una verdadera apuesta
(ordenada y sistematizada con criterio) por la modernización. La regulación
homogénea de la sede judicial electrónica, la puesta a disposición de los
órganos judiciales de tecnología realmente operativa, el acceso inmediato a
archivos y registros electrónicos públicos… Todo ello exige planificación,
coordinación, inversión y voluntad política real.
9.- Reformas procesales y sustantivas.
Aunque las leyes son reflejo del sentir de la mayoría política, que,
precisamente por ello, tiene la responsabilidad de llevar a cabo sus compromisos
electorales, es lo cierto que, por una parte, existen ciertas materias que, por
su trascendencia en la vida diaria de los ciudadanos, exigen la búsqueda de
puntos de encuentro a fin de concitar la mayoría política y social en la
reforma, y, por otra parte, las disposiciones procesales se configuran como las
reglas del juego en materia de Justicia, y, por tanto, su reforma impone
igualmente cierta prudencia y visión de futuro.
Unas y otras precisan revisiones profundas, pero esas modificaciones requieren
un diagnóstico previo de los problemas, para a continuación buscar soluciones
consensuadas que, en un marco global, se implanten de manera ordenada. No cabe
legislar en caliente ni para resolver un caso concreto.
Hay que modificar la práctica de reformas legislativas parciales y a corto
plazo, que no vienen acompañadas de ninguna dotación presupuestaria específica
y se imponen sin responder a ninguna planificación o proyecto común. En el mismo
sentido, reformas legales como la del Estatuto de la Victima se convierten en
papel mojado si no vienen acompañadas de los recursos necesarios.
Es necesario hacer un análisis en profundidad con todos los operadores, que
permita abordar una reforma global, por áreas, pero siempre pensando de dónde
venimos y a dónde queremos ir, así como en la necesidad de acompasar esas
reformas a los recursos existentes o previsibles a corto plazo.
17 de diciembre de 2015
Asociación
Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces
para la Democracia, Foro Judicial Independiente