|
“Se
puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a
todo el pueblo todo el tiempo”.
– Abraham
Lincoln
 Hablar sobre nuestra Constitución, en general, y su reforma, en particular, está
de moda. Y qué bien que así sea, porque cuanto más debate haya, y más propuestas
se formulen, más cerca estaremos de inventar un modelo de sociedad más justo,
equitativo, sostenible y solidario.
En efecto, la Constitución de 1.978 es la norma superior que configura nuestro
modelo de Estado, y marca los límites que ha de respetar el resto de normas que
componen el ordenamiento jurídico. Y, ¿es necesario reformarla? Es evidente que
la España de 2.015 afronta realidades, necesidades y retos distintos de los que
tenía hace 37 años. También hay que tener en cuenta que, por circunstancias
históricas, nuestra Constitución fue incapaz de desarrollar, en detalle,
elementos básicos para el adecuado progreso de un Estado. Entre ellos, el más
evidente en la actualidad es la definición del modelo territorial.
Así, Derecho y Sociedad van de la mano. La conciencia social general va marcando
las pautas respecto a cómo deberían regularse las relaciones jurídicas básicas.
Pero, mientras la sociedad española, implicada en los asuntos de Estado, va
perdiendo el miedo a abordar una reforma, y la reclama, los partidos políticos
tradicionales no se atreven a plantear propuestas serias. ¿Miedo, incompetencia,
o irresponsabilidad? Lo cierto es que por ignorarlo, el problema no desaparece,
se agudiza.
Quizás no es viable abrir un proceso constituyente en la actualidad. Quizás no
es factible, ahora, una reforma en profundad. Pero, quizás ni siquiera esto es
necesario. Pues no olvidemos cuáles son los principios inspiradores sobre los
que se asienta nuestra Constitución. Estos son la justicia, la libertad y la
seguridad, siendo la voluntad de la Nación:
“[…] Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las
leyes conforme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley
como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio
de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a
todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.
(Preámbulo de la Constitución de 1.978)
Así pues, sin necesidad de sustituir nuestra Carta Magna por otra, hay cambios
que deberían afrontarse sin más demora en la próxima legislatura. Los partidos
políticos deberían suscribir un Pacto de Estado por el que se comprometerían a
llevar a cabo, al menos, las siguientes reformas en la Constitución: i) la
recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; ii) la reforma
del Senado; iii) la reforma del régimen electoral; y, iv) la supresión de la
referencia a la Iglesia Católica en el artículo 16.3 de la Constitución.
Sin embargo, es cierto que para abordar otras cuestiones, mayores dosis de
energía vamos a necesitar: ¿Estado Autonómico o Federado? ¿Monarquía o
República? No obstante, por muy complejo que sea el debate, éste resulta
ineludible. ¿Y, la fórmula para afrontar tal reto? Analizar, repensar, dialogar
y escuchar, junto con una auténtica voluntad política por avanzar.
A pesar de todo ello, conviene estar alerta y evitar despistes. La situación de
crisis generalizada que atraviesa nuestro país, con el incremento de la
desigualdad social, requiere de medidas urgentes. Medidas que no necesitan de
reforma constitucional alguna. Despolitizar la justicia y garantizar la
independencia del Poder Judicial; luchar contra la corrupción; reformar las
Administraciones Públicas, racionalizando los recursos, para hacerlas más
productivas y eficaces; reforzar la libertad de los medios de comunicación;
luchar contra el calentamiento global; fortalecer las instituciones
incrementando la transparencia; promover la regeneración democrática
(fomentando, por ejemplo, la democracia interna de los partidos; las listas
abiertas; limitar el aforamiento; o el cumplimiento del régimen de
incompatibilidades); reformar la Ley del indulto; dotar a la Justicia de medios
materiales y personales; o elaborar un Sistema Educativo de calidad, son sólo
algunas de las asignaturas pendientes que cualquiera que sea el Gobierno que se
forme tras el 20-D tendría que abordar.
En fin, conviene no olvidar que nuestra Constitución de 1.978 es mucho más que
la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Supone la recuperación de la
libertad. Representa a una sociedad que defiende la democracia, los valores,
derechos y deberes fundamentales. Y es símbolo del consenso político y social.
Tomemos como inspiración estos principios y reclamemos más esfuerzo a los
políticos para afrontar los retos de la España actual. |
