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 La Sociedad empresarial catalana se encuentra hoy fragmentada en dos grupos. Con
posiciones antagónicas entre españoles e independentistas, a que les ha
conducido la actuación global, social, política, jurídica y financiera, entre
otros ámbitos, promovida por las propias Autoridades Catalanas.
Al margen de la más que probable anulación por abierta inconstitucionalidad de
todas las medidas separatistas, a declarar en breve por Sentencia del Tribunal
Constitucional, (se habla del dictado de la misma en torno al próximo 4 de
diciembre, para no interferir en la campaña electoral de las elecciones
generales), en el plano empresarial, el daño ha podido ya producirse, con
carácter quizá irreversible, al menos, en parte.
Sobre todo, en el plano de las grandes Compañías catalanas, de los diversos
ámbitos, que se debaten entre el silencio, el anclaje impertérrito en Cataluña,
o la salida de las mismas de la citada Comunidad Autónoma, a otras Comunidades
de España o incluso al extranjero. A otros países de la Unión Europea.
El caso
de la empresa
Suez
Environnement
España, S.L., entidad matriz de Aguas de Barcelona, S.A. (Agbar), constituye,
sin duda, un ejemplo paradigmático.
Aunque también existan casos, precisamente de lo contrario. Esto es, de empresas
catalanas, proclives a posiciones separatistas, que, afines a la política de la
actual Generalitat, hayan trasladado su domicilio social, no ya de Cataluña a
otra Autonomía española, sino a un país de la Unión Europea, distinto de España.
Tal es el caso de Grifols, S.A., con domicilio transferido a Irlanda, por
motivos fiscales y tributarios, más beneficiosos que los de Cataluña y España en
general.
Es obvio que una empresa, pequeña o mediana, aun cuando se debata en la misma
incertidumbre, no asumirá partido y permanecerá en Cataluña. Allí tiene su sede,
proveedores, financiación y clientela. Y para nada le compensa cualquier
movimiento territorial, en ningún ámbito, incluido el laboral, por otra parte
accesorio en estas pymes.
Aunque, como se comprueba, no es el caso de las grandes compañías. Que se
debaten, muchas de ellas, entre una difícil situación de inestable equilibrio
político-jurídico-financiero y el intento de mantenimiento de un silencio, que
pueda resultar perturbador para sus cuentas de resultados. Puede ser el caso de
grandes corporaciones bancarias catalanas, como Caixabank o Banco de Sabadell.
Es conocido que el Grupo La Caixa distribuye su negocio, entre un 25% en
Cataluña y el 75% restante, fuera de la mencionada Comunidad Autónoma. Una
manifestación palmaria, incontrovertible y de claro posicionamiento, a favor o
en contra del actual proceso separatista, bien le podría suponer determinadas
ganancias o pérdidas de clientes, propios y foráneos de Cataluña.
Aun así, la incertidumbre actual y de futuro, está produciendo sensibles fugas
de clientela, de entidades financieras de Cataluña, (aun no catalanistas), a
otros Bancos; inclusive no españoles, sino extranjeros. De la Unión Europea;
como puede ser (en el caso de Francia), el Grupo BNP Paribas.
Una gran empresa tiene que considerar, y por ello acude al asesoramiento de sus
abogados, múltiples factores: imagen, clientela, proveedores, ámbito
territorial, tributación, cambio de su domicilio social o sede principal de sus
negocios, subvenciones oficiales, etc.
Decisiones que, aun resultando siempre reversibles, no lo serán en la práctica,
si el tema político sigue a la deriva, incluso pese a una más que probable
anulación y desbaratamiento de todo el entramado jurídico de la Generalitat, por
la inminente Sentencia del Tribunal Constitucional.
La posición de un bufete jurídico; del nuestro, como de otros varios,
intervinientes en estas consultas, por fuerza y por la propia situación política
inicial y primigenia, tiene que resultar condicionada.
Teniendo, sin duda, en cuenta, el plano jurídico multifactorial; pero sin
olvidar el desencadenante político-administrativo, que es el que condiciona todo
este asunto.
Por supuesto que una Compañía catalana, que tenga el domicilio social, por
ejemplo, en Barcelona, ello supondrá en la práctica, que debe tener allí,
normalmente, la más importante sede de sus negocios. Pero incluso hasta puede no
suceder eso. O puede seguir teniendo su sede social en Cataluña, pero haber
trasladado el holding fuera de dicha Comunidad. (Caso Agbar).
Es decir; el asunto es muy complejo. Tiene un incuestionable origen político,
que es el que lo ha desencadenado; pero no es menos cierto, que no es de suponer
que la deriva soberanista arrase empresarialmente Cataluña. En modo alguno.
No obstante lo cual, como hemos anticipado, se pueden estar ya produciendo
irreversibles daños. Aunque resulta difícil ordenar la incidencia que este
proceso independentista está teniendo en la empresa catalana por lo
multifactorial de sus causas.
Si comenzamos hablando de las empresas que deslocalizan sus centros de
producción por motivos aparentemente operativos, debemos hablar de los grupos
Valeo Automoción y Derby.
El caso más significativo, en efecto, es el de Valeo Automoción, que se
encuentra ya en pleno proceso de cierre de sus naves de Martorell, para
trasladarlas a Zaragoza.
También, hace escasos días, ha sobresaltado a la opinión pública el traslado de
la sede operativa de la cadena de hoteles que componen el Grupo Derby, propiedad
del empresario Jordi Clos, Presidente del Gremio de Hoteleros de Barcelona y
persona íntimamente vinculada con todo el negocio del turismo de la Ciudad
Condal.
Si nos adentramos en las empresas que han trasladado su sede social como
consecuencia de fusiones o absorciones corporativas, debemos aquí destacar los
casos de Merk, Arbora & Ausonia y Scheleker.
La farmacéutica Merk ha trasladado su sede a Madrid, respaldándola en su fusión
con Merono.
Por lo que se refiere a Arbora & Ausonia, esta empresa perdió su residencia
catalana cuando la multinacional Procter & Gamble, consolidó el 100% de su
capital, tras la compra a una de las familias empresariales catalanas de mayor
renombre, como los Señores Carulla.
Por último, aun menos conocida, no deja de resultar significativo el traslado de
la sede social de una de las principales cadenas de droguerías, con sede en
Cataluña, denominada Scheleker y que perdió su domicilio cuando fue absorbida
por la cadena de Supermercados Día y la sede social, trasladada a Madrid.
Un nuevo grupo lo constituirían aquellas empresas que a través de su propia
reorganización, han acabado perdiendo la sede social que antes tenían en
Cataluña.
Todas estas compañías no han cambiado propiamente su sede social, sino que como
consecuencia del cambio de las de sus holdings, han pasado de tener su centro de
control en la ciudad catalana, a otras del resto de España.
Tal es el caso, antes comentado, de Suez Environnement España, S.L.,
En este mismo ámbito, resulta trascendente la nueva ubicación en Madrid, de la
embotelladora de Coca Cola, Coca Cola Iberian Partners, resultado de la
integración de las tres embotelladoras con presencia en la península ibérica. A
este respecto es importante destacar que Cobega y su presidenta Sol Daurella,
son catalanas; a pesar de lo cual, no se ha deseado retener la sede social de la
nueva empresa, en Barcelona.
Con mayor discreción, pero no menor transcendencia empresarial, debe destacarse
la ubicación en Madrid de la sede social del holding Corporación Landon, que
agrupa la totalidad de las acciones de Laboratorios Almirall, propiedad de los
hermanos Gallardo.
Destacando también con singular importancia, por su elevada facturación, la
situación en Madrid, mediante operaciones internas de fusiones, del domicilio
del holding de la mayor empresa cárnica catalana, denominada Valls Companys,
cuyo Presidente Don José Vallas Palou, resulta también propietario de la holding
Inversiones Fenec.
Mereciendo, destacarse también en este apartado, como conducta previa de su
futura salida a bolsa, el traslado a Madrid de la cadena de tiendas de dietética
Nature House, propiedad del holding Kiluva, cuyo máximo accionista es el
conocido empresario Félix Revuelta.
En el plano financiero, y además de cuanto ya hemos expuesto, deberíamos
destacar el traslado de la sede corporativa de Deutsche Bank, aun aparentemente
justificada por la política de este grupo bancario alemán, de ir abandonado su
presencia en España.
Igualmente significativo resulta el traslado de la Compañía Inmobiliaria Solvia,
perteneciente al Banco de Sabadell, de Barcelona a Alicante, justificado, al
menos oficialmente, en la gran cartera inmobiliaria que esta compañía tiene
acumulada en la zona mediterránea.
Por último, resulta aquí significativa en este sector, la declaración
institucional de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) cuando,
días antes de las últimas elecciones catalanas, se pronunció defendiendo la
necesaria unidad del mercado financiero y de los graves riesgos a ponderar ante
la creación de legislaciones en un territorio que se independizase de España.
No se conoce en lo que a CaixaBank se refiere, así como al Banco de Sabadell,
cuáles puedan ser sus planes B. Pero seguro que existen; y que bien podría
darnos una pista la antigua denominación social de La Caixa, como Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares.
Por último, no podemos dejar de manifestar que aun por conocidas las
declaraciones del que fuera Presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, hoy
fallecido, de que no tendría reparo alguno en trasladar la sede social de todo
el grupo, si razones fiscales o empresariales lo justificaran, sigue resultando
preocupante el eventual cambio a Madrid, de la sede social de este primer grupo
editorial de España.
Sin olvidar situaciones similares que pueden llevarse a cabo a corto plazo en el
Grupo Pronovias, Volkswagen Audi España o en la constructora FCC, en la que tras
la entrada del multimillonario Carlos Slim, ello ya ha provocado como primera
cuestión, que las Juntas Generales de Accionistas no se celebren en la sede
social de Barcelona, sino que se alternen entre la capital catalana y Madrid, un
año en cada ciudad. |
