Proyecto de
Estado que se piensa desde Justicia que el nuevo Gobierno que surja de las urnas
el próximo 20D lo asuma como propio. Una iniciativa que supondrá un ahorro de
421 millones de euros y que estará plenamente operativa en el verano del 2016.
Este viernes, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia,
Rafael Catalá, aprobaba el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y
por el que se regula el sistema LEXNET que, a partir del 1 de enero de 2016, se
deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la
realización de actos de comunicación tanto por los juzgados, tribunales y
fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia. Al mismo
tiempo el CGAE ha creado Lexnet Abogacía, aplicación similar pero más
enriquecida que ayudará al abogado a esos trámites y que es compatible con la
del Ministerio, tal y como nos comentaba
Pere Huguet hace unos días
Poder presentar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar, sin
desplazamientos cualquier escrito por vía digital, donde la información digital
dará al procedimiento mayor agilidad y rapidez, en un contexto donde los
sistemas electrónicos son seguros, tanto a nivel de identificación de remitentes
como de destinatarios. Al mismo tiempo se ha logrado un encriptamiento notable
de los mensajes lo que hace que los canales que se van a utilizar, en principio
de 10 megas, comentaron desde Justicia, sean fiables. Al final tanto
profesionales, ciudadanos y la administración ahorrarán en costes económicos y
de tiempo y se reducirá burocracia ese es el objetivo de Lexnet, ahora regulado
desde este viernes. En esta legislatura se han invertido 276,20 millones para la
modernización de la justicia.
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Desde Justicia ya se tiene conciencia que Lexnet estará operativo el 1 de enero en gran parte del territorio Ministerio, pero en otras CCAA aún hará falta tiempo para su implantación definitiva que se prevé en julio del año que viene. |
El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia
(Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y
Melilla) y en todos los órdenes jurisdiccionales. Las comunidades autónomas con
competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas
necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las
previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia.
Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Justicia ha firmado convenios de
colaboración con las comunidades autónomas y ha puesto a su disposición las
herramientas técnicas necesarias para la implantación de las comunicaciones
electrónicas. Además, en un esfuerzo por la coordinación institucional y técnica
entre todas las instituciones y colectivos implicados, se han mantenido
reuniones en el seno de la Comisión Justicia Digital y también en el marco del
Comité Estatal de la Administración Judicial Electrónica, en el que están
representadas todas las comunidades autónomas, además del Consejo General del
Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
A partir de 2017 la obligación de relacionarse de forma telemática con la
Administración de Justicia se extenderá a los colectivos de notarios,
registradores o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, el
Real Decreto desarrolla la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse
electrónicamente con la Administración de Justicia así como que pueda
proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir
mensajes de texto o avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de
comunicación y la documentación correspondiente.
La aprobación de este Real Decreto se enmarca en el conjunto de medidas
adoptadas por el Gobierno en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la
Justicia, entre las cabe destacar:
Inscripción
telemática de nacimientos ante el Registro Civil desde los centros hospitalarios
Desde el 15 de octubre los ciudadanos pueden comunicar electrónicamente desde
los centros sanitarios el nacimiento de sus hijos a los Registros Civiles. No
será, por tanto, necesario en la mayoría de los casos acudir personalmente a la
Oficina del Registro Civil para realizar la inscripción del nacido. Una vez
practicada la inscripción, el Registro Civil enviará a los progenitores
(preferentemente por vía electrónica) una certificación literal de nacimiento
con la que podrán efectuar los trámites que precisen ante otras
administraciones.
De momento, se han realizado casi 4.000 solicitudes correspondientes a los 70
hospitales públicos en los que está implantado desde su inicio.
Sede Judicial
Electrónica
El 22 de septiembre el Ministerio de Justicia puso en marcha la sede judicial
electrónica de los órganos judiciales del ámbito de su competencia. A partir de
ahora, los ciudadanos podrán consultar en la web https://sedejudicial.justicia.es
el estado de sus expedientes judiciales, así como acceder al servicio de
verificación de códigos de documentos judiciales electrónicos. La sede judicial
electrónica es el primer paso hacia un modelo de servicios que haga la justicia
plenamente accesible (24 h. x 7 días a la semana), transparente y abierta al
ciudadano.
Celebración de
las subastas judiciales y notariales de forma telemática en Portal de Subastas
del BOE
Desde el 15 de octubre del 2015 está en marcha un sistema para la celebración de
las subastas judiciales y notariales de forma electrónica a través de un Portal
único de Subastas electrónicas de cualquier bien dependiente de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado. Este nuevo sistema permite multiplicar la
publicidad de los procedimientos, facilitar información casi ilimitada tanto de
la subasta como del bien y, lo más importante, pujar casi en cualquier momento y
desde cualquier lugar, lo que hace que sea un sistema más eficiente para todos
los afectados.
Implantación del
Expediente Judicial Electrónico en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional
El expediente judicial electrónico facilita el acceso digital de todos los
intervinientes judiciales a la documentación del procedimiento. El proceso en la
Audiencia Nacional se inició en septiembre de 2010. Todos los escritos dirigidos
a cualquier órgano judicial de la Audiencia Nacional se presentan ante este
Servicio Común, que se encarga de su recepción, registro, digitalización y
catalogación en un gestor documental. A partir de ese momento, todos los
intervinientes judiciales autorizados pueden, desde su ordenador, acceder al
expediente judicial electrónico para su gestión y tramitación.
Durante 2015, el expediente judicial electrónico ha permitido ahorrar 5,5 MM €
en los 18.415 asuntos incoados.
Implantación del
Sistema integrado de Justicia (Cuenca)
Se trata de una modalidad más avanzada del Expediente Judicial Electrónico, con
mejores prestaciones que guía al usuario a la hora de utilizar la herramienta.
Está implantado en su primera fase en los Juzgados del partido judicial de
Cuenca.
Acceso de las
Administraciones al Registro Central de Penados
Las Administraciones Públicas pueden desde ahora acceder a la base de datos del
Registro Central de Penados y obtener certificación cuando el administrado no
tiene antecedentes. De esta forma, se evita que el ciudadano tenga que presentar
documentos que obran en poder de la Administración y se agiliza la tramitación
de procedimientos administrativos en los que se precisa los antecedentes
penales.
Envío automático
de información sobre violencia de género: requisitorias, medidas cautelares y
penas relativas a sentencias firmas (Madrid)
En todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid ya es posible el envío
automático de requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias
firmes de violencia doméstica y de género desde el sistema de registros SIRAJ al
Ministerio del Interior. Esta medida permite reducir los tiempos de notificación
y de tramitación y elimina el uso del papel en las comunicaciones con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.