El otro gran momento de este Congreso #T tuvo lugar cuando escuchamos, al filo de la conclusión del evento, a los diferentes partidos políticos y sus propuestas en materia de justicia. En un debate en el que el PP, partido en el Gobierno no participó y quedó su silla vacía, fuimos conociendo algunas de las estrategias en materia de justicia por parte de Magdalena Valerio (PSOE), Olga Sainz de Aja (IU e Izquierda Plural), Andrés Herzog  (UPYD), Patricia Reyes (Ciudadanos) y Lorena Ruiz (Podemos). Todos ellos denunciaron la actitud del Gobierno de no consensuar las principales reformas del país apoyándose en su mayoría parlamentaria y anunciaron que reformas como la Lecrim, en materia de proceso penal o la propia Ley de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza, se derogarían si tras el 20D llegasen al poder.  Los partidos asistentes se mostraron a favor de mantener la acusación popular y sobre el CGPJ, PSOE y UPYD pidieron un cambio radical y volver al constitucionalismo mientras que IU lo veía como algo secundario tras la reforma de la Constitución. Ciudadanos pidió su supresión por un organismo más reducido y Podemos anunció que los vocales de este órgano de gobierno de los jueces fueran elegidos por los ciudadanos de forma directa. Propuestas para lograr una justicia con medios, independiente y despolitizada, los tres ejes programáticos de la propia Brigada tuitera. De izda. a drcha. Valerio, Herzog, moderadores debates en el centro y Reyes, Ruiz y Sainz de Aja en el otro lado de la mesa.

¿Entenderán nuestros partidos políticos que es necesario un cambio en la forma que ellos perciben la justicia? Esta era la reflexión que todos teníamos en la cabeza cuando empezó el debate en este Congreso #T sobre justicia y propuestas de nuestros políticos. Sinceramente tras escucharles aún quedan dudas que vayan a situar a la justicia en el eje de sus programas. De hecho, salvo alguna excepción se observó que aún no tienen madurado cuál es su oferta en materia de administración de justicia.

En su intervención Magdalena Valerio, representantes del PSOE, aludió al Pacto de Estado por la Justicia por los importantes cambios que hay que hacer. “Hay que ver la manera de llegar a ese acuerdo porque los cambios legislativos a realizar son importantes”, apuntó. Un dato que aportó fueron los 39 recursos de inconstitucionalidad que su grupo ha apoyado entre Congreso y Senado esta legislatura. “Es necesaria, además una inversión mayor de la que se hace en justicia para evitar la llamada justicia en dos velocidades”, Abogó por remodelar la LOPJ y el Estatuto del Ministerio Fiscal y modificar la Lecrim, dotándola de medios para que el fiscal pueda llegar la investigación del asunto con un juez de garantías  a su lado.

Desde IU, Izquierda Plural, se habló más de una reforma de mayor calado como es la de la propia Constitución de 1978. Para Olga Saínz de Aja, abogada laboralista, las tasas han sido un atentado contra los derechos fundamentales “incluso en el orden laboral que no estaban inmersas se incluyeron en la apelación”, comentó. A nivel programático su formación defiende más inversión en justicia, medios materiales y humanos. “Organizar mejor la Oficina Judicial y darse cuenta que la puesta en marcha de Lexnet va a ser una entelequia”, destacó. Olga reveló que hay trescientos sindicalistas imputados por defender los derechos de los trabajadores y que su partido derogará la Lecrim y la Ley Mordaza si llegará a gobernar.

 Devolver competencias al Estado

Por su parte, Andres Herzog, candidato a la presidencia del gobierno por UPYD, comentó que era muy escéptico a los Pactos de Estado, “por un u otro motivo no acaban de cumplirse”, comentó. Y anunció que su formación política era partidario que las competencias en justicia fueran de uso exclusivo del Estado, al igual que las Educación y Sanidad. “Visto lo visto y cuarenta años después el modelo no ha funcionado. Es un sistema con muchas disfunciones donde el propio secretario judicial, hoy letrado de la administración de justicia no tiene capacidad sancionadora para los propios funcionarios”, indicó. También se mostró partidario de modificar el nombramiento de los vocales del CGPJ y la supresión de los aforamientos. “Hay reformas como la de la Lecrim, justicia universal o la Ley de Seguridad Ciudadana que supone reducción de derechos de los ciudadanos”. Sobre la Justicia gratuita reveló el gran papel de los abogados que dan el servicio pese a que cobran tarde, mal y poco.

Desde Ciudadanos, Patricia Reyes comentó que las tasas judiciales han sido una medida que ha generado un retroceso democrático importante. “Si gobernamos este país tras el 20D la derogaremos de forma amplia y aprobaremos una reforma consensuada de la Justicia gratuita con la opinión de los expertos”, subrayó. También es partidaria de un gran Pacto de Estado en el que se consensuen las reformas y la inversión que debe ser mayor en justicia. “Necesitamos aumentar el número de jueces y más medios materiales para que los procedimientos no se enternicen,” resaltó. Sobre la independencia de la justicia, recordó que su partido apoyaba la supresión del CGPJ por otro organismo más reducido. “Los jueces deben ser elegidos por sus méritos y capacidad”. Ciudadanos es partidario de una excedencia de dos años para los jueces que vayan a la política y respecto a la Lecrim y a la Ley Mordaza son partidarios de su derogación.

Por último, Lorena Ruiz, diputada autonómica en la Asamblea de Madrid de Podemos, comentó algunas de las ideas de su formación en materia de justicia. “No somos partidarios de que vuelvan las competencias al Estado. Creemos que el trato más próximo es la CCAA pero debe tener los medios humanos y materiales necesarios. Por desgracia en Madrid, esto no está pasando y la justicia está al borde del colapso”, comentó. Sobre la independencia de la justicia recordó que se debe cambiar la elección de los vocales del CGPJ, “queremos que sean los ciudadanos que elijan 15 vocales de forma directa”, indicó. También se mostró partidaria de que los aforamientos se supriman y de suprimir la Lecrim y la Ley Mordaza si llegasen a alcanzar el sillón de Moncloa. Sobre la Justicia Gratuita reclaman, en el caso de los abogados madrileños que se les devuelva el 20 por ciento que perdieron hace años en el 2016 y subrayó que el acuerdo entre la CAM y los Colegios de Abogados no ha mejorado la situación de los abogados madrileños del turno de oficio.