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 Los ciudadanos vienen exigiendo
a la clase política española un mayor nivel de credibilidad y un claro proceso
de regeneración democrática. En este contexto, la transparencia constituye un
pilar básico y un objetivo indispensable para el impulso de la participación y
el desarrollo efectivo del derecho a saber de los ciudadanos, que
contribuya decisivamente a esa regeneración y a una mayor credibilidad y
acercamiento de la clase política a la sociedad. La transparencia es además el
principal antídoto contra la corrupción, lacra que ha venido afectando a
numerosos cargos políticos e instituciones públicas en este país. Necesitamos
más que nunca un sistema político, jurídico y económico realmente
transparente, es decir, que los ciudadanos puedan conocer con detalle de
todo lo que ocurre y se gasta en las miles de instituciones públicas existentes
en este país, así como en otras instituciones que reciben sus fondos
mayoritariamente del erario público.
En el desarrollo y consolidación
de la transparencia en el mundo actual ha de desempeñar un rol decisivo la
Sociedad civil, y las organizaciones de carácter nacional y/o internacional que
forman parte de ella. En este contexto hemos de hacer referencia a
Transparencia Internacional, organización implantada en un centenar de
países, que tiene como objetivo fundamental combatir la corrupción e impulsar en
los distintos países un mínimo nivel de transparencia que haga que los
ciudadanos puedan estar suficientemente informados y puedan así participar más
en las decisiones políticas, económicas y sociales que les conciernen.
La transparencia adquiere
especial relevancia, por otra parte, en las instituciones del sector público,
sector que es cuantitativa y cualitativamente fundamental en la sociedad, ya que
por una parte, representa una proporción muy importante de la economía o del
sistema económico de cualquier país, y por otra, porque es el sector que se
encarga de velar por el funcionamiento, la seguridad, la libertad y el mínimo
bienestar o cobertura social de los ciudadanos.
Dado que el sector público, por
otra parte, está financiado con el esfuerzo económico de todos los ciudadanos, y
dado que se encarga exclusivamente de servir a dichos ciudadanos, se hace
realmente fundamental la existencia de un importante nivel de transparencia
en este sector. Es por ello que se debería llegar a que en todos los países se
proporcionase una información clara al ciudadano sobre todo lo que hacen, lo que
gastan y cómo lo gastan las Administraciones públicas a todos los niveles
existentes; en España por ejemplo, a nivel estatal, autonómico y local.
Otro ámbito en el que es
necesario un importante nivel de transparencia es el sector financiero,
tanto en los mercados como en las propias entidades financieras. Los mercados
financieros constituyen un componente básico y cada vez más importante, complejo
y globalizado en el sistema económico actual. Los ciudadanos participan cada vez
más -consciente o inconscientemente- en estos mercados financieros, ya que en
tanto en cuanto disponen de ahorros que colocan en cuentas bancarias, y otros
productos financieros, tales como depósitos a plazo, fondos de inversión,
acciones u obligaciones, etc. o simplemente como aportantes a planes de
pensiones (los cuales están materializados en inversiones financieras) ya están
participando y aportando recursos para el funcionamiento de dichos mercados
financieros, y por lo tanto, están relacionados directamente, y en consecuencia
interesados en el buen funcionamiento y en la transparencia de estos mercados.
Para contribuir a esta necesaria
mejora de transparencia y la integridad en este sector financiero se ha
constituido recientemente en Transparencia Internacional España la Comisión de
Integridad en el Sistema Financiero y en los Bancos, con el fin, entre
otros, de contribuir a impulsar desde la sociedad civil la transparencia y la
integridad en el sector bancario y en las actividad y las prácticas que se
desarrollan en el ámbito financiero, proponiendo medidas que permitan además
prevenir y dificultar la prácticas ilegales o vinculadas a la corrupción por
parte de las instituciones y empresas que operan en este sector. Esta Comisión
está formada inicialmente por veintitrés miembros, representantes de muy
distintas entidades relacionadas con el sector financiero y los bancos tales
como: Asociación Española de Banca; grandes entidades financieras BBVA,
Santander y CaixaBank; representantes de fuerzas de seguridad; técnicos del
Ministerio de Hacienda; CECA, AUSBANC, OCU, Fundación CEDE, y varias ONG´s y
Universidades.
Las líneas de trabajo de esta
Comisión son las dos siguientes: 1) Transparencia, rendición de cuentas y
buenas prácticas en las entidades financieras, desarrollándose pautas,
análisis y recomendaciones relacionadas con los Códigos de buenas prácticas en
las entidades financieras, el desarrollo del Gobierno corporativo,
establecimiento de canales anónimos de denuncias, impulso de la educación
financiera, relaciones con los stackeholders, etc. 2) Prevención de prácticas
ilegales o que conlleven riesgos de corrupción en las entidades financieras,
mediante el establecimiento de pautas y análisis para evitar y combatir el
blanqueo de capitales, conocer la titularidad real de todas las cuentas y
productos bancarios, combatir las actuaciones en paraísos fiscales, establecer
recomendaciones para las actuaciones de control del Banco de España, propiciar
el cumplimiento efectivo de la Ley del Blanqueo de Capitales, etc.
En todo caso, la solución
fundamental y más importante a largo plazo para impulsar la transparencia y la
lucha contra la corrupción radica en la propia educación de los
ciudadanos, que ya en las propias escuelas y en las familias adquieran una
verdadera mentalización en clave social, de forma que la transparencia pública
se llegue a considerar un importante valor democrático y de progreso social, y
que la corrupción se vea como algo absolutamente ilegítimo, insolidario, y
penalizable, y por ello los ciudadanos sientan un claro rechazo ante cualquier
tipo de corrupción. |
