Analizar lo referido a la justicia digital, con esa fecha que Catalá ha puesto del 1 de enero para lograr una justicia abierta y sin papeles; la reforma de la Lecrim, para la que se reclaman medios suficientes materiales y humanos; la reforma del Registro Civil, de la que se pide que siga siendo público y gratuito y la situación de las generaciones más jóvenes de jueces, fueron los temas que se abordaron en la XXX Asamblea de Jueces y Magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria. Será ahora Raimundo Castro el portavoz nacional tras la magnífica labor que ha desempeñado Marcelino Sexmero que pasa a otras funciones.

El Congreso, organizado en ponencias de trabajo, celebrado estos últimos días en Bilbao señaló que la implantación de la digitalización plena a que se dote a los Tribunales de los medios adecuados debiendo contar en su total aplicación con la intervención de los Jueces y Magistrados y de las asociaciones judiciales

Al mismo tiempo se pide la creación de un protocolo de actuación y homogeneización para la unificación de criterios y sistemas informáticos en el que se determine las actuaciones que necesariamente han de seguir estando en papel y el procedimiento de dación de cuenta. En los procesos con actuaciones en papel se debe establecer normativamente cual es el expediente de referencia (virtual o físico). Dicho protocolo se realizará con la intervención de todos los interesados incluyendo el CGPJ y las asociaciones judiciales.

Desde AJFV se indica que para  la implantación es imprescindible la existencia de medios informáticos (software y hardware) adecuados con unos requisitos mínimos y estandarizados para todos tanto en despachos y oficinas como en salas de vistas. El Juez tiene que tener tanto en su despacho como en su domicilio todos los medios informáticos que le serán provistos por el CGPJ o por la administración correspondiente y la posibilidad de acceso remoto al expediente digital. La aplicación informática ha de ser funcional con un sistema organizado de índices, permitiendo la edición de documentos, la búsqueda por  palabras o conceptos, etc. La digitalización y el escaneo de documentos debe tener unos criterios de calidad mínimos.

En esta reforma, estos magistrados reclaman que deba  garantizarse una asistencia técnica de calidad inmediata y una formación inicial y continuada en esta materia a los miembros del Poder Judicial.  En las jurisdicciones en las que se necesita el expediente administrativo, la presentación digital ha de ser conforme a los programas y estándares que se fijen de forma protocolaria.

- La plena implantación del expediente digital en ningún caso supondrá privar a los Jueces de la posibilidad de ordenar la impresión de los documentos o parte del expediente que estime necesario para el ejercicio de su labor jurisdiccional. Se solicita del CGPJ que vele por su recta aplicación.  Por ultimo se indica la  adopción de medidas necesarias para evaluar los nuevos riesgos laborales para los Jueces y Magistrados derivados del proceso de digitalización.

Lecrim, a debate

Sobre la Lecrim se observa que es una reforma que se necesita. De hecho se indica en las conclusiones que merece una valoración positiva la generalización de la doble instancia y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. En todo caso, la doble instancia exige una dotación de medios humanos necesarios para acometer dicha función.

Otra cuestión es lagilización de la justicia penal no se alcanzará con medidas a coste cero. Sólo se conseguirá de manera real y efectiva con la dotación de recursos humanos y materiales para la justicia y para sus colaboradores, especialmente para la policía judicial, científica y demás organismos que aportan sus pericias (toxicología, farmacia, auditores…) creando órganos periciales especializados. El sometimiento de la instrucción a plazo en las actuales condiciones puede generar impunidad, especialmente los delitos de instrucción compleja, como los de corrupción.

La no remisión de los atestados sin autor conocido a los órganos judiciales amplía el ámbito de la discrecionalidad de la administración, y puede dificultar la correcta tutela judicial de la víctima. Debe garantizarse el control de la investigación policial.

Analisis de los JAT y otros magistrados

Respecto a la situación casi de limbo legal de estas nuevas generaciones de jueces, necesarias para reformar nuestra justicia, se indica que es necesario un plan de actuación e información clara, puntual y completa sobre los tiempos del proceso de asignación de plazas a los jueces en expectativa de destino para garantizar la transparencia del mismo. Ello es necesario para que los jueces puedan planificar la vida personal y laboral.

 La Asociación Francisco de Vitoria muestra su apoyo a los jueces en expectativa de destino y denuncia que esta situación vulnera el principio de inamovilidad judicial. La designación de las últimas promociones de jueces en prácticas como jueces sustitutos denigra la carrera judicial.