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 Hace unas semanas, el gobierno decidió hacer pública su
intención de acabar con el papel en la administración de justicia. La previsión
es que se deje de usar el papel a partir del 1 de enero de 2016. Lógicamente,
esta decisión es muy importante, puesto que el poder judicial es uno de los
poderes fundamentales en cualquier estado de derecho.
La administración de justicia, ha sido y es un pilar
esencial, pero con “los pies de barro”. Me explicaré. El poder judicial no
dispone de capacidad efectiva sobre su presupuesto, es decir, es el poder
ejecutivo y legislativo los que determinan cuanto dinero se destina a los
órganos jurisdiccionales. En consecuencia, la pregunta es ¿qué capacidad tiene
el poder judicial para adaptarse y planificar ese cambio? La respuesta: ninguna.
Depende absolutamente del presupuesto que el ejecutivo y el legislativo destinen
a ese cometido.
La inciativa del gobierno, a priori, no es mala. Sin
embargo, dependiendo de su implementación puede ser un desastre absoluto. A
fecha de hoy, no parece que esté muy claro cómo se pretende adoptar un cambio
tan drástico e importante. Quedan menos de dos meses, para el 1 de enero de 2016
y no constan publicadas instrucciones claras para conseguir ese objetivo. Por
otra parte ¿ya no nos acordamos de los numerosos recortes que han padecido todos
los tribunales en España, a lo largo de estos últimos años? Parece difícil que
ahora, en tan poco tiempo, se pretenda hacer un cambio tan drástico. Es cierto
que el Consejo de Ministros ha destinado una partida cercana a los 48 millones
de euros
para “desterrar” el papel,
pero de todos modos, ¿con qué procesos y con qué garantías se está
implementando? Personalmente, desconozco la situación, pues no he encontrado
nada publicado al respecto.
Por otra parte, me pregunto ¿los medios materiales que hay
en la administración de justicia, básicamente los ordenadores, podrán trabajar
con el “papel cero”? Y ¿con el presupuesto previsto por el gobierno habrá
suficiente para actualizar todo el material obsoleto, crear el entorno necesario
para poder presentar los escritos por vía digital, formar al personal y
digitalizar los expedientes en papel?
Me parece que la respuesta es evidente:
rotundamente NO.
Pero el problema no es única y exclusivamente el
presupuesto, sino también la planificación. Vemos que los letrados han empezado
a formarse, pero no hay notícias respecto a la formación del personal de la
administración de justicia. Porque, en definitiva, a ¿qué se está esperando?
¿qué es lo que tiene previsto el ministerio de justicia? Es imprescindible que
todos los operadores jurídicos tengan la formación necesaria para trabajar en
ese nuevo “entorno”.
Así que se admiten “apuestas”. ¿El plazo se va cumplir o se
va a posponer? Debo recordar que nos estamos refiendo a un gran número de
órganos jurisdiccionales y
de empleados públicos repartidos por toda España.
Creo que como en otros muchos casos, habrá una prórroga temporal en la
aplicación efectiva de esta decisión porque no hay “indicios” suficientes que
nos hagan pensar que la administración vaya a llegar a tiempo.
En definitiva, espero que aplicando la cautela, el gobierno
decida posponer el tiempo que sea preciso para aplicarla. Lo más importante, es
asegurar un buen funcionamiento del sistema y garantizar su seguridad absoluta.
No hay que olvidar que los órganos jurisdiccionales tienen en “sus manos”
decisiones de enorme calado para los ciudadanos.
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