 En distintas ocasiones me he pronunciado sobre la injusta Ley 10/2012 de 20 de
noviembre, modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Tal y como informa la propia Administración de Justicia en su página Web, la
tasa judicial es “un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en
determinados supuestos los usuarios, ya sean personas físicas o jurídicas, por
acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de
Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.”
Es decir, lo que se pretende es que los ciudadanos que recurran a los tribunales
asuman parte del coste que ello implica, a fin de “racionalizar
el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Se
preveía que la
tasa aportaría unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema
judicial y concretamente la asistencia jurídica gratuita, indicando, además, que
la regulación de la tasa judicial no era sólo una cuestión tributaria, sino
también procesal.
Han pasado ya más de dos años, y esta nueva tasa lo único que ha conseguido ha
sido limitar el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos, ya que su finalidad
es únicamente recaudatoria y disuasoria, siendo sorprendente que se intentase
justificar su imposición en la necesaria financiación de la asistencia jurídica
gratuita, ya que la
recaudación de millones de euros con la aplicación de estas nuevas tasas no ha
supuesto una mejora de nuestro sistema judicial, ya que
continuamos con una escasa plantilla de funcionariado, jueces, secretarios
judiciales y fiscales; con los tribunales totalmente colapsados y sin que se
hayan renovado los contratos a miles de jueces sustitutos, que llegaban a
resolver alrededor del 30% de los pleitos pendientes.
La subida de las tasas ha provocado que amplios
sectores de la sociedad hayan quedado excluidos del sistema legal,
e impide a los ciudadanos defender sus derechos ante los tribunales, en
especial cuando la parte contraria es la Administración, pero es que además, el
dinero recaudado no parece que haya mejorado la justicia gratuita. El
Ministerio de Justicia presupuestó para 2014 invertir 34,1 millones de euros en
Justicia Gratuita, poco más del 2% del presupuesto total,
y se ignora el destino de lo recaudado, sin que se hayan resuelto aún los
diversos recursos que reclaman la declaración de inconstitucionalidad de una ley
que no ha satisfecho a nadie.
Es más, recientemente el Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el
destino de los más de 500 millones de euros recaudados desde la promulgación del
“tasazo”. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Don Joan
Baldoví, el Gobierno indica que el “Ministerio de Justicia no dispone de
información al respecto”, y que “no corresponde a la Agencia Tributaria
de la Administración del Estado la determinación ni la información sobre el
destino de ninguna tasa.”
Se señala que “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la
recaudación por un concepto concreto a un gasto específico”, “puesto que
lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con
la tasa”.
Parece ser que el nuevo ministro de Justicia tiene intención de suprimir algunas
tasas y reducir la cuantía de otras. Entre las que suprimiría se encuentran las
tasas que gravan los recursos de apelación en segunda instancia y de casación
ante el Tribunal Supremo, pero no parece que vaya a suprimir las tasas que
afectan a las miles de PYMES inmersas en procesos judiciales a causa del impacto
de la crisis económica.
Sin embargo, lo cierto es que seis meses después de su nombramiento no se sabe a
ciencia cierta qué es lo que pretende hacer, si ha efectuado o no un informe
sobre el impacto económico que ha tenido la famosa ley, o si se está preocupando
de averiguar adónde ha ido a parar el dinero, esos millones de euros que
deberían haber aportado unos mayores recursos para mejorar la financiación del
sistema judicial y concretamente la asistencia jurídica gratuita, y que nadie
sabe dónde están ni quien los gestiona.
Espero que esta situación no caiga en el olvido y que todos continuemos
aportando nuestro granito de arena para ello. Es una pena que realmente la
sociedad no sea consciente del grave perjuicio que les causa esta situación
hasta que un día necesitan acudir a la Administración de Justicia, y entonces se
encuentran con la sorpresa. Pagar para poder ejercitar sus derechos. No sé dónde
queda la tutela judicial efectiva. |
