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La asociación
Stop Estafadores, colectivo que agrupa en nuestro país a los afectados por
estafas en préstamos no bancarios, hace balance de 2014 con la conclusión de
que “se ha conseguido una mayor visibilidad del problema en los medios de
comunicación y ante la sociedad”, pero que ello “no se ha traducido por
ahora en una mayor atención de Fiscalía y Judicatura hasta estas nuevas formas
de delincuencia”. Carlos Javier Galán, abogado de la plataforma Stop Estafadores
considera que estos aspectos, “una investigación judicial de conjunto y que el
Ministerio Fiscal unifique criterios y pase a la acción” siguen siendo las
asignaturas pendientes ante un delito que “a menudo despierta incomprensión”.
Un punto de inflexión fue el
desalojo de su vivienda de Carmen, una mujer de 85 años de edad del
madrileño barrio de Vallecas que había avalado a su hijo. Las imágenes del
contraste entre el amplio despliegue policial y el dolor reflejado en el rostro
de la anciana conmovieron a una parte de la opinión pública. Y ello despertó la
atención de algunos medios informativos sobre unas prácticas irregulares que la
asociación considera “dramáticas pero aún poco conocidas”.
Pero el caso de Carmen no fue el
único que tuvo notoriedad, porque en 2014 otros lanzamientos llevados a cabo en
Barcelona, Madrid y Murcia a instancia de prestamistas de capital privado o
chiringuitos financieros también fueron recogidos por los medios de comunicación
y generaron debate.
A lo largo del año, hasta seis
juzgados de Madrid acordaron por separado enviar
todas sus causas por estafas contra uno de los prestamistas más prolíficos
de nuestro país a la Audiencia Nacional, al apreciar que a lo largo del tiempo
se habían ido produciendo en todo el territorio nacional decenas de denuncias
coincidentes en sus hechos y en sus presuntos autores. Sin embargo, el titular
del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional devolvió tras
el verano los autos a sus juzgados de instrucción de origen. El magistrado
consideró que no se acreditaba aún un número de perjudicados suficiente y que
las sumas presuntamente defraudadas tampoco alcanzaban un elevado volumen que
justificara la competencia de la Audiencia Nacional. En su auto aseguraba
también que no parecía que la instrucción resultada complicada, dado que "la
articulación de la trama defraudatoria es sencilla, lo que no prevería una
documental compleja, ni especiales informes periciales, ni otras diligencias que
supongan dilación".
La queja de los abogados de las víctimas se centra en que una instrucción
acumulada “facilita que pueda apreciarse la trama en su conjunto e
investigarse en profundidad”.
Los asesores jurídicos de los afectados también se quejaron de la diversidad de
criterios del Ministerio Fiscal, que apreció desde estafa masiva hasta
inexistencia de delito ante casos sustancialmente idénticos.
Carlos Javier Galán, abogado de la plataforma Stop Estafadores considera que
estos aspectos, “una investigación judicial de conjunto y que el Ministerio
Fiscal unifique criterios y pase a la acción” siguen siendo las asignaturas
pendientes ante un delito que “a menudo despierta incomprensión”.
Frente a esa insatisfacción que
las víctimas mantienen en el frente judicial, la valoración que hacen de la
respuesta social sí es mucho más positiva. Juan Puche, presidente de Stop
Estafadores, subraya que la creación de esta asociación de afectados, este año,
“ha supuesto un paso decisivo para agrupar y dar apoyo a las víctimas, para
lograr que se conozca más nuestro problema y para avanzar en una respuesta
conjunta”.
Puche se muestra satisfecho de
que cada vez sean más las personas que se dirigen a la asociación para aportar
información relevante que permite profundizar en la investigación de estas
tramas. Y también valora muy positivamente que su labor de difusión haya
contribuido a evitar que se consumara la estafa con otras víctimas.
El eco en los medios también ha
sido importante y se ha pasado de la práctica invisibilidad a que los
principales diarios, radios y televisiones hayan prestado atención a este
problema.
Recientemente la directiva de
Stop Estafadores ha iniciado, ya en 2015, una ronda de contactos con los
representantes de los partidos políticos, a los que están pidiendo acometer
“reformas legales para atajar esta lacra”. |
