El Colegio de Abogados de Granada ha celebrado sus primeras Jornadas de
Transparencia y Compliance, una cita formativa de rabiosa actualidad que ha
contado con la participación de primeros espadas de la Justicia y la
Transparencia: el ex fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el
subdirector del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, Francisco
Javier Amorós; y el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio M.
López Hernández.
La jornada, organizada por el Grupo de Abogados de Derecho Mercantil, comenzó
con una ponencia del ex fiscal General del Estado sobre la circular 1/2016,
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma
del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, analizando las
consecuencias de la ruptura del viejo axioma de que las sociedades y las
personas jurídicas no delinquen.
La interesante ponencia de Torres-Dulce precedió a la charla del subdirector del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, que abordó la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, explicando el papel del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno de
España y su estatuto, así como sus funciones, normativas, estructuras, planes y
programas de actuación.
Por último, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía entró al detalle
de los programas de cumplimiento y la prevención de la corrupción el sector
público, en un momento en el que los titulares informan cada día de nuevos casos
que afectan a responsables políticos y empresariales.
La jornada no acabó ahí, sino que se convirtió en un espacio de debate con la
celebración de una mesa redonda sobre los puntos de encuentro y colisión de la
Transparencia y el Compliance. Moderada por el presidente del Grupo de Derecho
Mercantil, Juan Gaspar Salvador Rodríguez, la mesa contó con los tres ponentes,
a los que se unieron el ex director de la Oficina Judicial, Justicia, Juvenil y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía,
Jorge Pérez de la Blanca; y el presidente del Grupo Especializado de Prevención
de Blanqueo de Capitales, José Antonio Sánchez Pérez.