La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita que escuche su
voz y mejore el servicio, un servicio que, insisten, es público y que “no es una
actividad de mercado”, sino uno de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía
recogidos en la Constitución.
De esta manera comenzó su análisis de las conclusiones de las V Jornadas de
Asistencia Jurídica Gratuita celebradas en Segovia el presidente de la Comisión
en esta materia del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán,
crítico con la forma en que las administraciones reconocen el trabajo de los
letrados del turno de oficio y el esfuerzo de los Colegios de toda España.
Morán recordó que la actual Ley data de hace veinte años, -enero de 1996-
periodo en el que la situación social, económica y jurídica del país ha cambiado
sustancialmente, mientras que las reformas emprendidas hasta ahora no han sido
de suficiente calado.
En este sentido, las conclusiones de las Jornadas proponen la simplificación de
los trámites y eliminación de burocracia, que convierte en ocasiones la
solicitud de la Justicia Gratuita para los ciudadanos en “una carrera de
obstáculos” para saber si tiene derecho.
Piden, además, que se garantice la cercanía de los abogados a los ciudadanos en
sus demarcaciones territoriales, así como poner fin a la inseguridad jurídica
que sufren los Colegios y letrados de oficio ante la proliferación de normativa
de desarrollo que en ocasiones se contradice, a través de normas claras y
concretas.
Por último, reclaman la dignificación de la labor del abogado, a través de unas
retribuciones justas y ponerle coto a la variedad de retribuciones dependiendo
del territorio. Al respecto, recordó que un letrado de oficio cobra de media 125
euros en España por ocuparse de un caso a través del turno, y que el coste medio
por ciudadano de la Justicia Gratuita en este país es de 4 euros.
“No se trata de que el Colegio preste caridad a quien no tiene medios”, dijo el
presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE, “porque el ciudadano
tiene el derecho, y cuesta imaginar que el Colegio de Médicos tuviera que pedir
una derrama entre sus colegiados para sufragar el coste del anestesista en una
operación, pero esto en la Abogacía, existe”.
Así, recordó que algunas administraciones se demoran años en pagar a los
abogados de oficio su trabajo y reflexionó sobre que a los gobiernos “no les
resulta rentable la Justicia, porque no da votos, pero no estamos viviendo en un
país del tercer mundo”.
Unos servicios
de orientación jurídica financiados por la Administración
Entre las conclusiones de las V Jornadas destaca también la exigencia de que se
incluyan los servicios de orientación jurídica a presos, mujeres maltratadas,
víctimas de trata y migrantes dentro del marco del Turno de Oficio y Justicia
Gratuita y financiados por las Administraciones.
Hasta el momento, expuso, aunque muchos Colegios en España se hacen cargo de
ellos, lo hacen fuera del amparo del Turno de Oficio, a consecuencia de
distintas regulaciones en las diferentes Comunidades Autónomas, de modo que los
Colegios prestan los servicios gracias sólo al altruismo de los colegiados, que
lo hacen voluntariamente.
En defensa de los derechos de los refugiados
Por último, los casi 200 abogados españoles reunidos en Segovia acordaron alzar
de nuevo la voz en defensa de los derechos de los refugiados, exigiendo al
Gobierno de España y resto de Gobiernos de la Unión Europea “el escrupuloso
cumplimiento de los tratados internacionales y la solidaridad de los gobiernos
con las personas que huyen de la guerra, la persecución y la miseria”, puesto
que, señaló, “la situación que tenemos no es de recibo”.
En este sentido, destacó la bolsa de abogados expertos en extranjería y con
conocimiento de idiomas que puso en marcha la Abogacía Española hace dos meses,
en la que hay inscritos 1.500 colegiados de todos los puntos de la geografía
nacional, dispuestos a asesorar a los refugiados que sean acogidos en nuestro
país.
CONCLUSIONES DE
LAS V JORNADAS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
SEGOVIA
-
Reiterar que el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita es un servicio
público que presta la Abogacía y que afecta a derechos fundamentales.
Consecuentemente, exigimos que la Administración dignifique la labor que
desarrollan los abogados, ya que los ciudadanos valoran muy positivamente su
tarea.
-
Exigir a las Administraciones Públicas una efectiva colaboración y confianza
hacia los Colegios de abogados, con trato de igualdad y lealtad, y ello
derivado de la naturaleza de éstos como Administraciones Institucionales de
base corporativa.
-
Reformar el marco legal de la Justicia Gratuita, escuchando la voz y
experiencia de la Abogacía en esta materia, afrontando una mejora real del
servicio, tanto para los ciudadanos como para los abogados y Colegios:
-
Facilitando los trámites formales a los ciudadanos. Racionalizar y
uniformar las exigencias económicas para la concesión de este derecho.
-
Simplificando los trámites a los profesionales y a los Colegios de
Abogados, responsables de la organización y administración de los
servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.
-
Garantizando el cobro de todas las actuaciones del abogado por los
asuntos encomendados por Turno de Oficio.
-
Garantizando a los ciudadanos que tengan un abogado cercano a su
domicilio, le atienda personalmente y de manera adecuada.
-
Garantizando que los costes de infraestructura y gestión soportados por
los Colegios de Abogados en estas tareas se ajusten al real y efectivo
gasto.
-
Concretando los requisitos de acceso y prestación del servicio, evitando
la actual inseguridad jurídica.
-
Garantizando la especialización y la formación continuada de los
abogados, con la oportuna financiación de las administraciones.
-
Y en definitiva que se establezca un marco jurídico del abogado del
turno de oficio que reconozca su función social.
-
Exigencia de un marco retributivo digno, completo, puntual y adecuado con
independencia del lugar donde se preste el servicio. En especial se insta al
Ministerio de Justicia para que realice una urgente actualización de su
baremo.
-
Recomendación a todos los abogados, especialmente a los adscritos al Turno
de Oficio, de la exigencia del Protocolo de Garantías del Detenido aprobado
por el CGAE.
-
Exigir la implantación de los Servicios de Orientación Jurídica en todos los
Colegios en cuyo marco geográfico exista un centro penitenciario,
financiando por las Administraciones. Y establecer como preceptiva la
intervención letrada en todos procedimientos que se tienen lugar ante los
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
-
Exigir la preceptividad de la asistencia letrada a la víctima de violencia
de género en sede policial.
-
Procedencia de sensibilizar y formar a los abogados en la detección de casos
de trata de seres humanos.
-
Procedencia de crear un Turno de Oficio Especial en materia de Protección
Internacional.
La Abogacía reitera y alza la voz nuevamente en favor de los derechos de los
refugiados, e insta al Gobierno de España y a la Unión Europea el escrupuloso
cumplimiento de los tratados internacionales y den muestras de solidaridad ante
el drama de los refugiados que huyen de la guerra y de las persecuciones.