El Colegio de Abogados de Granada y la Fundación Abogacía Española
organizaron ayer unas jornadas donde se analizó en profundidad la situación de
las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales, abordando los
estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su aplicación en la Justicia española.
La jornada, que contó con la participación del colectivo Plena Inclusión,
del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la
Fundación ONCE, fue diseñada con el objetivo de que los profesionales granadinos
conozcan los aspectos claves de la Convención Internacional como instrumento
jurídico directamente aplicable y la principal normativa de referencia,
familiarizándose con la igualdad y la no discriminación en el trato con sus
clientes con discapacidad. Además, en la jornada se dotó a los asistentes de
conocimientos y herramientas prácticas para garantizar a las personas con
discapacidad el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la Justicia.
El curso fue inaugurado por el decano del Colegio de Abogados de Granada,
Eduardo Torres; el patrono de la Fundación Abogacía Española Jesús López Medel;
la responsable del Departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de
la Fundación ONCE, Lourdes Márquez de la Calleja; y la técnico del programa de
atención a personas reclusas y ex reclusas de FEAPS Andalucía, Concepción
González Rodríguez.
En el acto inaugural, Jesús López Medel destacó el compromiso del Colegio
de Abogados de Granada con la discapacidad, algo que demuestra la organización
de estas jornadas y el hecho de que sea una de las pocas corporaciones
colegiales que cuenta con un Grupo Especializado de Discapacidad y Dependencia.
La jornada se dividió en dos bloques. Por un lado, la responsable de la
Fundación ONCE analizó la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad; y, por otro, se abordó su acceso a la Justicia y su
capacidad jurídica. En este último bloque intervinieron Mónica Macías Martínez,
formadora en derechos de FEAPS Andalucía; Torcuato Recover, coordinador de la
Red de Juristas Plena Inclusión y presidente del Grupo Especializado en
Discapacidad y Dependencia del Colegio; Raúl Navarro, miembro de la Red de
Juristas Plena Inclusión; y Concepción González, técnico del programa de
atención a personas reclusas de FEAPS Andalucía.
Durante el curso se puso de manifiesto el elevado porcentaje de casos en
los que el proceso penal no es capaz de apreciar la discapacidad o el deterioro
cognitivo de los intervinientes, dando lugar a situaciones dramáticas. De hecho,
en la jornada participaron dos personas con discapacidad que han experimentado
en primera persona la discriminación y la escasa habilidad del sistema judicial
para detectar estas situaciones, que pueden suponer circunstancias atenuantes o
eximentes.
Además, Torcuato Recover y Raúl Navarro insistieron en el papel que deben
jugar los abogados en la aplicación de la Convención Internacional en los
procedimientos penales y civiles, ya que tienen la responsabilidad de detectar
la situación de discapacidad y hacerlo constar en el procedimiento. En el caso
de los procedimientos civiles, además, los expertos recordaron que, aunque el
Gobierno sigue sin modificar el Código Civil para adaptarlo a la Convención
Internacional, deben ser los letrados los que pidan su aplicación.
