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12 de NOVIEMBRE de 2015

En búsqueda de un nuevo modelo de justicia, mejor organizado  y con más medios especializados frente al colapso judicial

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Demoledor Informe del ICAB 2009-2014 sobre la situación de la justicia en nuestro país.

Descargar resumen ejecutivo del informe

Acudir a la justicia se ha convertido casi en una misión imposible. Según datos presentados ayer por el ICAB, en su Informe sobre la Justicia 2015, que engloba el periodo 2009-2014, las ejecuciones de los procedimientos civiles pueden alcanzar los tres años, mientras que los penales hasta sentencia ocupan más de un año, dos meses más que en el 2009, lo que puede evidenciar que la idea del Ministro Catalá de recortar los procesos penales sea aún más complicado de lo que parece. El ICAB también destaca la existencia de las tasas judiciales. Mecanismo que ha actuado disuasivamente en detrimento del derecho de defensa de las personas y que se refleja en la litigiosidad o índice de procedimientos ingresados. Desde esta entidad colegial se reclama un modelo de justicia mejor organizado y apostar, como vía opcional por el arbitraje y la mediación para resolver de forma más rápida y consensuada determinados conflictos. El informe se centra en la llamada demarcación ICAB que  incluye Barcelona y las 11 delegaciones, situadas en Arenys de Mar, Badalona, Berga, Gavà, Hospitalet, Igualada, El Prat de Llobregat, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès y Vilanova i La Geltrú

Los juzgados catalanes como los españoles están saturados, sobre todo debido a la falta de recursos. Esta es la principal conclusión del Informe de la Justicia 2015 que presentaron ayer el  decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca Nadal, junto con la diputada responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia, Eva Pous i Raventós. El acto  contó Con la presencia de la vicedecana y del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Rosa Ma. Barberá Ramos. Esta es una publicación que se edita desde el 2007 y que cada año engloba un quinquenio. En esta oportunidad se ha analizado el período 2009-2014.  Desde el ICAB se piden más medios especializados y una apuesta decidida por el arbitraje y la mediación en determinados asuntos como solución alternativa, viendo que llevamos cuatro años sin crear juzgados nuevos.

“El ICAB pide un compromiso firme para que cuando se supere un determinado nivel de saturación (por ejemplo, de un 125%), se cree obligatoriamente otro juzgado o se dote de más personal laboral cualificado en aquel Juzgado”

Es Eva Pous i Raventós quien nos sirve para aclarar algunos aspectos de este informe. “En estos cinco años de la crisis la litigiosidad ha crecido. Mucho en la jurisdicción penal, un 136 por cien; un 40 por cien en la civil y entre un 9 y un 5 por ciento en las jurisdicciones sociales y de contencioso administrativo”, explica. Pese a ello nos indica que el impacto de las tasas judiciales puede ser de una reducción de los asuntos en un 7 por ciento, del 2013 al 2014. Así en el 2014 se registraron un total de 8.784.707 expedientes (en todas las jurisdicciones) frente a los 9.434.526 de 2009. “La incidencia de las tasas se ha notado más en el ámbito civil y contencioso-administrativo.” Igualmente desde esta Corporación se denuncia y se continúa trabajando para que las pequeñas y medianas empresas también queden excluidas; hay que recordar el próximo 20 de noviembre se cumplirá el tercer aniversario de su entrada en vigor.

Respecto a la tasa de resolución se observa que la  jurisdicción penal terminó el año 2014 con una pendencia, respecto del ejercicio 2009, de un 14% menos. Mientras que la crisis económica en los ámbitos civil y social ha supuesto un incremento de asuntos, en el ámbito penal se ha vivido una continua disminución. En cambio, la media de la jurisdicción social cerró el año 2014 con una tasa de resolución pendiente de un 30% más respecto a 2009. “La crisis ha afectado mucho a los trabajadores y es posible que el legislador no tuviera en cuenta los efectos de la reforma laboral que ha generado tantos pleitos”, comenta la diputada del ICAB

Menos resoluciones por sentencias

Por otra parte, cabe destacar que el menor volumen de resoluciones por sentencia se produce en el ámbito penal. Sólo un 9% debido a que la mayoría de los procedimientos se archivan en la fase de instrucción. En cuanto a la resolución de los conflictos por sentencias en la demarcación ICAB, de nuevo se muestra el alto volumen de movimiento, pues entre todas las jurisdicciones se han dictado 115.787 sentencias frente a las 96.433 del ámbito geográfico "Cataluña sin la demarcación ICAB”.

El ámbito más alto en cuanto a resolución de conflictos por sentencias es el contencioso-administrativo. “Cuando la otra parte es la administración no parece que sea posible aplicar medidas conciliadoras o mediadoras de resolución y se acaban resolviendo los conflictos por sentencia (un 65%), mientras que en el ámbito civil, el porcentaje baja más de 40 puntos. Otro tema grave son las costas, quien pierde paga, lo que hace que el ciudadano se frene a interponer una reclamación vía administrativa.”, apunta Eva Pous i Raventós

En cuanto a las ejecuciones, el informe resalta dos cosas: Por un lado, que la mayoría de ejecuciones se registran en el ámbito civil (el penal en segundo lugar), y por otro, el aumento del 384% de las ejecuciones hipotecarias si comparamos los datos de 2006 (16.692 ejecuciones) frente a las 80.749 de 2014. Este incremento coincide con la crisis económica de los últimos años.

Las ejecuciones pueden demorarse más de 3 años, a lo que tenemos que sumar los 6 meses de media del procedimiento. Para paliarlo, el ICAB reclama indicadores de "resolución", de “pendencia" y "finalización" que sean de público acceso para controlar qué está pasando. Y valorar el estudio del reparto de los juzgados por materias.

El ICAB insiste en que la resolución de los conflictos mediante la mediación y el arbitraje se deben promover. De esta manera, se evita la judicialización de los conflictos y todo lo que conlleva la relación con la administración de justicia, teniendo en cuenta la congestión de los juzgados.

Tasa de pendencia

En Cataluña, la tasa de pendencia (relación de asuntos pendientes de resolver versus los resueltos dentro del año en curso) más elevada la encontramos en la jurisdicción contencioso-administrativa (99%), seguida del ámbito social (84%). La menor tasa de pendencia la registra la jurisdicción civil (54%). En la demarcación ICAB, los conflictos laborales y de seguridad social son los que registran una tasa de pendencia más elevada (94%).

La tasa de congestión incorpora los asuntos pendientes al inicio del periodo. Se entiende como la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los asuntos registrados, versus los asuntos resueltos.

En Cataluña, de las cuatro jurisdicciones, la tasa de congestión más elevada la presenta la jurisdicción contencioso-administrativa y la más baja la penal. En cambio, en la demarcación ICAB, la jurisdicción con mayor congestión es la laboral, un 197% en 2014. Esto se explica por la mayor actividad económica que se registra en esta zona

El ICAB pide un compromiso firme para que cuando se supere un determinado nivel de saturación (por ejemplo, de un 125%), se cree obligatoriamente otro juzgado o se dote de más personal laboral cualificado en aquel Juzgado. Que pueda haber juzgados de refuerzo frente a los altos grados de saturación.

Duración de los procedimientos

El informe de la Justicia 2015 destaca el colapso que desde hace años tiene la jurisdicción contencioso-administrativa. En este ámbito los procedimientos tienen una duración superior al año (12,6 meses). La situación también es especialmente grave en el ámbito social, donde la duración media de los procedimientos es de 10,7 meses. En el penal la duración es de 12 a 13 meses.

También se debe destacar que ha bajado la duración media de los procedimientos civiles que se encuentran en primera instancia (6,6 meses). Pese al repunte de la litigiosidad en este ámbito, la especialización de los órganos judiciales ha contribuido a una eficacia resolutiva de los mismos.

El Informe también apunta la gran diferencia en la duración media de los procedimientos de divorcio cuando estos son de mutuo acuerdo con una media de 1,8 meses, en 2014 versus los 9,3 meses de media cuando tienen que ser resueltos de forma contenciosa.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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