¿Qué modelo de justicia queremos? ¿Cómo agilizar la administración de justicia? ¿Qué propuestas tienen los partidos políticos para este servicio público? Hay que agradecer el esfuerzo de un veterano periodista como es Manuel Campo Vidal, maestro de muchas generaciones, que desde Sociedad Civil, esté organizando diferentes debates sectoriales sobre aspectos de nuestra sociedad. A los encuentros sobre educación y ciencia hay que unir éste sobre justicia que tuvo lugar en el mítico Club Siglo XXI; lugar clave de debates en nuestra transición democrática. Participaron Silvia Hinojal, abogada mediadora de GEMME; Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Constitucional y ahora abogado, Ignacio González Vega, magistrado de Jueces para la Democracia; Carlos García-Berro, vocal del Secretariado de UPF, asociación de fiscales, José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo y Carlos Carnicer presidente del  CGAE.  En el otro lado, separados por el citado Campo Vidal, José Miguel Castillo, portavoz de Justicia del PPP en el Congreso; Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE también en la Cámara Baja; Enrique Santiago, abogado y miembro de Ejecutiva IU; Miguel Gutiérrez, candidato por Madrid al Congreso;  Andrés Herzog, portavoz y líder de UPYD y María Espinosa, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.  Las intervenciones de los juristas coincidieron en detectar los males actuales: falta de un modelo claro, juzgados atascados y escasez de medios mientras que los políticos rebatieron la gestión del Gobierno representada por el portavoz del PP, asegurando que reformas como la de la Lecrim, Tasas Judiciales;  Código Penal o Ley Mordaza estaban mal diseñadas y carentes de consenso.

Basta para repasar las hemerotecas para conocer qué papel ha desempeñado el Club Siglo XXI en nuestra transición política. Muchos debates han tenido lugar en los últimos treinta años, mezclados con comparecencias de los principales líderes políticos de nuestro país. En esta oportunidad, la protagonista del debate fue la justicia.  Gracia al buen hacer de Manuel Campo Vidal y su equipo de Sociedad Civil pudimos asistir a un encuentro donde no hubo tantas discrepancias como se pudiera pensar.  Al final, la cuestión pareció reducida a si es necesario un Pacto de Estado por la Justicia “el que ha habido no es un referente y fracasó”, comentó el magistrado del Supremo, Maza o si lo que hace falta realmente es voluntad política para que nuestros parlamentarios, tras las elecciones del 20D, cojan el toro por los cuernos y desarrollen las reformas y medidas que necesita la administración de justicia.

Doce intervinientes, seis juristas y otros seis políticos que en exposiciones muy concretas dejaron algunos titulares interesantes para los asistentes que contemplaron este curioso cara a cara. “Los abogados no entorpecemos los procedimientos, eso de que dilatamos los plazos no es cierto”, comentaba Carlos Carnicer, presidente de los abogados, que luego señalaba que gracias a los propios abogados un tercio de los litigios no llegaban a los tribunales. “Sería bueno que se crease una mesa de trabajo donde todos los operadores trabajásemos de forma conjunta en busca de soluciones para la justicia”; apuntó. Para este abogado zaragozano es necesario que los jueces tengan la misma formación que fiscales y abogados “eso haría que entendieran mejor el trabajo nuestro ,” destacó.

A su lado, José Manuel Maza, que confesaba llevar treinta ocho años en la carrera judicial se mostraba como un defensor notable de que la investigación en el proceso penal sea llevada por los fiscales “como pasa en cualquier país de Europa. Mientras esto no se haga los procesos penales serán lentos y costosos”, subrayó. Para este veterano jurista, si esta reforma de la Lecrim, cuestionada por jueces y fiscales, no tiene medios, estará abocada al fracaso. Desde su punto de vista no hay que alcanzar tanto un Pacto de Estado como tener la voluntad política que el partido en el poder tendrá en la justicia una responsabilidad más política.  De la misma opinión fue Carlos García-Berro, quien consideró un parcha la reforma procesal penal llevada a cabo por Catalá y su equipo. “Es fundamenta cambiar de modelo de justicia para que ésta funcione y atribuir la instrucción al fiscal, eso si con medios para que pueda hacer su trabajo,” apuntó.

Colapso judicial

En sus intervenciones, el magistrado Ignacio González y el exmagistrado Ramón Rodríguez se centraron en el colapso de la justicia. Para el primero “de los 3892 órganos judiciales existe sobrecarga de trabajo en cerca del 50 por ciento. Juzgados civiles por temas de preferentes e hipotecas y mercantiles por los concursos están colapsados la gran mayoría”, recordó. Al mismo tiempo recordó que hay edificios en muy mal estado y que se ha invertido mal y tarde en la administración de justicia. “Según el CIS; la corrupción es el segundo problema de este país tras el paro. Si no mejoramos nuestras leyes y damos más herramientas a los jueces esto irá a peor”, comentó.

Por su parte Ramón Rodríguez, ahora presidente honorario de la APM, asociación mayoritaria de jueces, y abogado en ejercicio tras cincuenta años como juez, destacó que “es fundamental que exista voluntad política en nuestros parlamentarios para mejorar la justicia y que adviertan que esa inversión que se hace es necesaria”. A su juicio, nuestra justicia debe ser rápida, predecible y despolitizada. “Necesitamos menos leyes y mejor pensadas”, comentó. También señaló la necesidad de concluir el debate entre juez conservador y progresista, “todos somos jueces, independientes y con el mismo sentido de la responsabilidad”. Cerró el turno de los juristas, Silvia Hinojal, abogada miembro de GEMME, quien explicó el boom de la mediación en nuestro país, con muchos mediadores y cursos pero “sin un modelo clave de cómo se va gestionar la mediación. Nuestros jueces no saben  a quién derivar y da la sensación que nos hemos estancados”, reconoció.

El turno de los políticos sirvió para conocer algo de sus programas políticos de cara a las próximas elecciones del 20D. Poca autocrítica y nadie supo dar una razón de porqué en los veinte últimos años la justicia sigue empantanada.  Soraya Rodríguez, representante del PSOE destacó que la justicia estos últimos cuatro años había ido mal con el PP. “Tendremos que desandar parte del camino. Derogaremos la Lecrim, Ley Mordaza y el Código Penal”, avanzó en su intervención. Recordó que esta reforma procesal penal con el fiscal al mando de la instrucción es algo que se viene señalando desde hace ocho años “sin embargo, seguimos igual sin lograr la clave para ponerla en marcha”. Sobre la Ley de Tasas habló Rodríguez y Enrique Santiago de IU quienes destacaron que había supuesto un recorte en derecho para ciudadanos y pymes. Para este jurista es preocupante el tema de Lexnet que podría generar, si no se gestiona bien, problemas en las notificaciones judiciales. También se acordó de lo mal que se invierte en Justicia y de la situación “casi mendicante de los abogados del Turno de Oficio en toda España”.

Justicia politizada que aleja al ciudadano

Desde UPYD, Andrés Herzog, recordó que éste había sido un partido comprometido con acciones penales interpuestas en casos como Bankia, preferentes y tarjetas black. También indicó que era el único partido del Parlamento que había renunciado a tener un vocal del CGPJ  nombrado por esta formación política. “En nuestro programa lo decimos, la necesidad que el Estado recupere las competencias en Justicia. La transferencia autonómica, sin control, ha generado más caos, en la administración de justicia”; señaló. Recordó que la Oficina Judicial no ha funcionado y que el papel en ella del Secretario Judicial no está claro. “Otro tema importante es acabar con la politización de la justicia y buscar otra elección de los vocales del CGPJ, distinta a la actual”, indicó. Herzog también pidió la derogación de la Ley de Tasas y más medios para la Lecrim. Por su parte, Miguel Gutiérrez señaló que los ciudadanos advierten que la justicia no funciona y hay que cambiar el modelo para evitar los problemas de estrés y salud de magistrados, fiscales y funcionarios.  “Hay que buscar un modelo de justicia que sea consensuado para los próximos veinticinco años”, y recordó que su partido acaba de presentar unas medidas de regeneración democrática donde se habla de suprimir el CGPJ y el Senado.

María Espinosa, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, es también presidenta de la Comisión de Justicia e Interior en dicha institución. Recordó que los elementos claves de la justicia pasan por dotarla de medios; despolitizarla y desarrollar reformas que mejoren la calidad de vida de profesionales y ciudadanos. “Hay reformas que han empeorado la situación de nuestra justicia como Tasas Judiciales, Lecrim o la Ley Mordaza”, recordó. Y subrayó que la justicia es un derecho social de los ciudadanos que hay que blindar. Desde el PP, José Manuel Castillo recordó que las reformas se han hecho pero que no es sencillo contentar a todos los operadores jurídicos. También en descargo de la mala praxis del Gobierno recordó que no hay datos fiables sobre nuestra legitimidad. “No sabemos si hay nueve o siete millones y así no podemos buscar la solución”. Para este jurista, las reformas de la LEC; Lecrim o Código Penal van a aportar mucho a nuestro ordenamiento a corto y medio plazo.