El salón de actos del Colegio de Abogados de Málaga acogió el viernes la presentación de la segunda edición del Manual de Juicios Justos de Amnistía Internacional, un acto que contó con la presencia del vicedecano, Francisco Damián Vázquez, y de Charo Alises, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Esta actividad fue organizada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y Amnistía Internacional. El derecho a un juicio justo es un derecho humano fundamental. Cuando se viola este derecho, personas inocentes pueden ser declaradas culpables de haber cometido un crimen, encarceladas e incluso ejecutadas por ello.

La ponencia corrió a cargo de Daniel Canales, miembro del Área de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional, quien explicó que el manual pretende "servir de guía práctica de las normas pertinentes de derechos humanos" para todas las personas que se ocupan de analizar en qué medida un proceso penal o sistema de justicia cumple con las normas internacionales de justicia procesal.

El sistema de justicia en sí pierde su credibilidad.En este Manual de Juicios Justos encontrarán una guía a las normas internacionales y regionales sobre justicia procesal que protegen el derecho a un juicio justo. El propósito de la obra es que sea utilizada por quienes asisten a juicios en calidad de observadores y por quienes se ocupan de evaluar las garantías presentes en una causa concreta, así como por aquellos que deseen comprobar si el sistema de justicia penal de un país particular garantiza el respeto de las normas internacionales para la celebración de juicios justo

Vázquez, por su parte, incidió en que la función del abogado es fundamental para salvaguardar los derechos de los justiciables, para lo que es necesaria una actualización permanente con el fin de "saber actuar ante cualquier tipo de injusticia".

El documento de Amnistía Internacional evalúa si un proceso es justo en función a tres premisas: comprobando si el modo en que se lleva a cabo el procedimiento cumple la legislación nacional, si esas leyes nacionales están en consonancia con las garantías internacionales de justicia procesal y si la aplicación de dichas leyes está de igual modo conforme a las normas internacionales.