Frenar la corrupción y que instituciones y partidos políticos se unan a las actividades que la sociedad civil está realizando en estos últimos meses, es el objetivo de las cuarenta medidas que ayer ha presentado Transparencia Internacional España en la Fundación Ortega Gasset, en un acto al que han acudido muchos profesionales liberales comprometidos con la regeneración del país. En el acto intervinieron Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma y presidente de esta entidad y Manuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, quienes explicaron a los asistentes la estructuración de esas medidas :” Las hemos organizado en cuatro bloques; uno primero sobre prevención de la corrupción política e institucional; otro que ayude a prevenir la corrupción en las Administraciones Públicas; un tercero que aborda las sanciones y la represión contra la corrupción y un cuarto que se ha centrado en la transparencia y el control social sobre la corrupción”, comentaba esta mañana el propio Lizcano. La composición de estas medidas ha sido elaborada por la Comisión de Medidas Legales y Sociales contra la Corrupción, entidad que engloba a una treintena de expertos de diversos ámbitos; universidad, mundo jurídico o asociacionismo. Nuestros lectores las pueden consultar íntegras aquí.

A menos de dos meses para la decisiva cita electoral del 20D que puede suponer un vuelco en el escenario político de nuestro país, una asociación no gubernamental como Transparencia Internacional ha centrado su trabajo en la corrupción: “Los partidos políticos están lejos de los ciudadanos y son poco creíbles; éstos quieren más transparencia y que se ponga freno a la corrupción”, explica Jesús Lizcano en la mañana de ayer. La Lista de cuarenta medidas para frenar esta lacra y que puedan ser incorporadas por los partidos políticos en sus programas electorales fueron en un principio ciento sesenta propuestas aportadas por la citada Comisión de Medidas Legales y Sociales contra la Corrupción de esta entidad, luego se han simplificado en cuarenta agrupadas en cuatro áreas.

Estas 40 medidas se añaden a las 60 que Transparencia Internacional presentó y envió a los partidos políticos el pasado 9 de Octubre, así como a las doce medidas que la organización que preside Jesús Lizcano ya había propuesto antes en 2014 a los partidos, que estos aceptaron mayoritariamente y algunas de las cuales ya son realidad en la legislación española, como la prohibición de condonación de deuda a los partidos y la tipificación como delito de la financiación ilegal.

Fue Manuel Villoria quien fue explicando el contenido de cada uno de los bloques: Sobre el primero, de prevención de la corrupción política e institucional se citan medidas como dotar de mayor transparencia a los partidos políticos y su financiación, evitar operaciones con paraísos fiscales por parte de esos representantes públicos. “Sería bueno una mayor desvinculación entre el cargo público y el del partido político para evitar cualquier tipo de interferencia”, apuntaba el experto. Otra de las medidas que se apuntaba era la despolitización de órganos como el CGPJ, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo, entre otras instituciones. “Hay también que eliminar el aforamiento del tipo que sea y establecer límites precisos a todos los cargos públicos”, resaltaba.

En otro bloque de medidas, referidas a la prevención de la corrupción en Administraciones Públicas se habló de la necesidad de profesionalizar la función pública eliminando los cargos de libre designación y recuperando los controles preventivos existentes. De esta forma el número de personal eventual se reduciría bastante. “Es necesario establecer un régimen de incompatibilidades estricto de tal forma que salvo actividades educativas no pudieran hacer nada más”, comentaba nuestro interlocutor. A este respecto otra sugerencia era la de extender ese régimen de incompatibilidades a la Administraciones locales y autonómicas lo que ayudaría a mejor la gestión de las mismas. En este apartado se pide un incremento mayor de jueces y fiscales para que se pueda luchar contra el crimen y una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que sirviera para mejorar su transparencia y gestión.

Represión de la corrupción

El tercer bloque de medidas que explicó Manuel Villoria tiene que ver con las sanciones y represión de las actitudes corruptas. A este respecto señaló que “ hay que incluir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito al que se refiere el art 20 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción del 2003”, resaltaba. También se mostró partidario de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el delito fiscal y la prevención de blanqueo de capitales. Para este experto es fundamental que desde la Ley de Transparencia se establezcan “un régimen de sanciones e infracciones específicas en materia de transparencia y reforzando las competencias del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en esta materia”. Otra medida que se plantea es establecer la responsabilidad civil solidaria a aquellos partidos a los que pertenezcan aquellos cargos políticos condenados por corrupción en base a esos hechos vinculados a esas decisiones.

Por último, Transparencia Internacional aborda otras medidas, estas de transparencia y control social de la corrupción que van desde incentivos para la denuncia de casos de corrupción para los propios funcionarios; el establecimiento de programas de clemencia para funcionarios públicos y particulares, perjudicados en la trama, pero que gracias a su denuncia se les redujera su futura pena. “Es clave que se mejore el intercambio de información entre las instituciones del Estado, así con Administraciones fiscales de otros países”, aclaró este experto. También recordó y todos tenemos el caso de Ana Garrido en la cabeza, la necesidad de crear programas que protejan a testigos claves de tramas para que puedan declarar sin que su integridad física peligre.