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 Son pocos los que hoy dudan que vivamos un momento de cambios intensos en los
que la tecnología está adquiriendo un protagonismo singular. Una revolución
silenciosa pero con importantes efectos disruptivos. Las relaciones que los
ciudadanos mantienen en su vida cotidiana, las transacciones económicas o la
prestación de todo tipo de servicios se desarrollan haciendo uso de unos medios
tecnológicos que ya son pura cotidianidad. Ya hay en nuestro país ocho millones
de nativos digitales, de personas que han crecido con internet, pero en el año
2025 serán un 75%. Muchos de ellos, profesionales de la Justicia. La penetración
de teléfonos móviles inteligentes en España es un 81%, de las más altas de
Europa y en esa cifra, de nuevo, están incluidos casi la totalidad de los
profesionales de la Justicia El correo electrónico que de forma habitual puede
utilizar un fiscal o un abogado para enviar o recibir información se va
solapando con la mayor utilización de aplicaciones de mensajería instantánea
como Whatsapp, hoy empleada por más de veinte millones de españoles, entre los
que se incluyen los jueces decanos españoles que la utilizan en grupo para
conectar, compartir inquietudes y conocimiento.
La sociedad digital es una realidad para ciudadanos y profesionales, que plantea
desafíos importantes para la legitimidad y el funcionamiento de nuestras
Instituciones. Afrontamos por tanto un proceso irreversible. El funcionamiento
de Justicia será digital o no será. O dicho de otro modo, no es una opción sino
una obligación. El Ministro Catalá lo ha entendido así y ha incluido el reto de
la digitalización de la Administración de Justicia como parte esencial de su
estrategia de Gobierno con el objeto de avanzar hacia una Justicia que, además
de un pilar del Estado de Derecho, sea un servicio público esencial cuyo
funcionamiento esté marcado por la cercanía, la agilidad y la sencillez.
La estrategia adoptada pasa por la constatación de cuatro aspectos
fundamentales. El primero, que la transformación digital es mucho más que dotar
un PC para hacer el mismo oficio que antes se realizaba sobre un papel, sino que
atañe a aspectos mucho más profundos como los procesos y la organización del
trabajo, o la relación con ciudadanos y profesionales. En segundo lugar, que la
transformación digital no deja margen temporal, apremiando a la Justicia a
reaccionar de forma ágil para adaptarse a la nueva realidad. En tercero, que no
se trata únicamente de implantar tecnología sin más, sino que la transformación
ha de ser cultural y cubrir todos los ámbitos del sector legal. Y por último,
dotar a la Justicia de instrumentos para perseguir el delito en la cibersociedad,
a partir de una reforma de la ley de Enjuiciamiento criminal donde empieza a
hablarse de medidas de investigación tecnológica, delincuencia informática,
imágenes digitales, correos electrónicos o localización de dispositivos.
De ahí que el Ministerio haya puesto en marcha una línea de actuación basada en
un doble enfoque: acelerar a corto -con el escenario temporal del 2015- pero
mirando a largo, en un horizonte de transformación a 2020. En este contexto el
pasado 17 de marzo se presentó el Plan 2015 para la Aceleración de la Justicia
en Entornos Digitales. Un plan ambicioso que, pasados seis meses desde esa
fecha, está ofreciendo resultados en ese objetivo marcado hacia una Justicia
digital, abierta e innovadora.
La reciente publicación en el BOE de la ley 42/2015 de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que recoge la obligación para profesionales de
relacionarse con la Justicia de manera electrónica desde el 1 de enero de 2016,
marca el primer paso – necesario, aunque no suficiente- para llevar el papel
cero en juzgados y tribunales. Se trata de culminar un proyecto de hace más de
una década, consistente en generalizar en nuestra Justicia algo tan cotidiano
como que el envío de información se haga mediante un correo electrónico seguro.
Un proyecto que tiene beneficios cuantificables: desde que se pusieron en marcha
las comunicaciones electrónicas, el conjunto de las Administraciones con
competencias en Justicia hemos ahorrado 368 millones de folios, 246 mil
cartuchos de toner, 18 millones de horas de trabajo y casi 300 millones de
euros. Y otro beneficio más indirecto como servir de tractor para la
digitalización del sector legal: más de 60.000 abogados han solicitado ya la
firma digital para poder interactuar con la Administración.
Las comunicaciones son importantes pero sólo un paso del proceso de tramitación.
De ahí la importancia de dotar las oficinas judiciales de una gestión procesal
avanzada en términos tecnológicos. El reto para todas las Administraciones lo
marca la ley 18/2011: a partir del 7 de julio de 2016 tendrán que poner medios
para que esto sea posible. El Ministerio viene haciendo esfuerzos en ese
sentido. La Audiencia Nacional ha sido una sede ejemplar con la implantación del
expediente judicial electrónico que garantiza un funcionamiento en “digital” y
ha permitido, durante 2015, ahorrar 5.5 millones de euros en los 18.415 asuntos
incoados hasta la fecha. Recientemente se acaba poner en marcha un nuevo juzgado
digital en los juzgados de lo civil de Cuenca y estamos ya elaborando un plan
para replicar este modelo en el resto de sedes durante 2016.
En el contexto actual corresponde a los poderes públicos, también a la Justicia,
establecer una nueva relación con la sociedad en el entorno digital, orientando
su actividad a los ciudadanos del siglo XXI con un enfoque de mayor proximidad,
transparencia y apertura. El pasado 15 de octubre el Ministerio inició un piloto
en Albacete para que cualquier mujer víctima de violencia de género que lo
solicite reciba de manera automática un SMS informándole, por ejemplo, si se ha
dictado una orden de alejamiento o puesto en libertad al supuesto agresor.
Además en unos pocos días los señalamientos / suspensiones de juicios se
empezarán a comunicar, a quien lo desee, igualmente por SMS a sus dispositivos
móviles.
La sede judicial electrónica, puesta en marcha el pasado 22 de septiembre, es
una de las mejores muestras de esta justicia abierta basada en servicios al
ciudadano. La sede es una ventana para llevar más transparencia al
funcionamiento de los procesos judiciales, de manera que desde ya mismo
cualquiera que esté inmerso en uno de ellos puede consultar cuál es su situación
los siete días de la semana las veinticuatro horas del día.
La tecnología permite poner a disposición de los ciudadanos información que les
corresponde a través de servicios, accesos o datos abiertos. Un valor al que los
poderes públicos, exigidos como estamos de mayores niveles de transparencia y
rendición de cuentas, no podemos renunciar. Uno de estos servicios que estamos
poniendo en marcha estos días junto al Boletín Oficial del Estado, son las
subastas judiciales electrónicas, de manera que cualquier ciudadano podrá
acceder de manera sencilla a participar en uno de estos procesos de forma
electrónica, siendo éste completamente transparente en cuando a su ejecución y
adjudicación.
Por último quiero referirme a una importantes medida que refleja cómo la
tecnología puede hacer más fácil la vida a las personas. Desde el pasado 15 de
octubre se puso en marcha un proyecto piloto, inicialmente en 24 centros
públicos de toda España, para que los ciudadanos no tengan que desplazarse al
Registro Civil para inscribir a su recién nacido, sino que será el propio centro
sanitario quién lo comunicará.
Es así, mediante tecnologías que a menudo se caracterizan por acortar
distancias, físicas y temporales, como el Ministerio de Justicia está
impulsando, en sentido estricto, una Administración de Justicia al alcance de
todos y más próxima al ciudadano. |
