En los tres años y medio de vigencia del Código de Buenas Prácticas (CBP) un
total de 50.852 familias en riesgo de exclusión social han solicitado acogerse a
él con el fin de aliviar su deuda hipotecaria. De ellas, 23.640 han logrado
reestructurar la hipoteca (18.620), la dación en pago (5.014) o una quita (6).
La cifra total de desahucios entre el año 2013 y el segundo semestre de 2015 se
aproxima a 175.000 (70.986 desalojos por la fuerza derivados de una ejecución
hipotecaria, y 93.960 desalojos por la fuerza derivados del impago del
alquiler), según estadísticas judiciales. Por lo tanto, el Gobierno sólo ha
conseguido detener alrededor del 10% del total de los desahucios.
En los seis primeros meses de 2015, las solicitudes han aumentado un 17,78%
sobre el segundo semestre del año anterior, hasta las 13.436 peticiones. El
informe semestral ha sido remitido hoy al Parlamento por la Comisión de
Seguimiento. El conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno en este
ámbito ha favorecido a 45.000 familias. Además de la aplicación del CBP, el
Fondo Social de Viviendas (FSV)
ha adjudicado 4.000 viviendas y se han suspendido 17.551 desahucios.
Desde la puesta en marcha del CBP hace tres años y medio se han registrado
50.852 solicitudes, de las que se han resuelto 23.640. El resto o bien no entran
dentro del ámbito de aplicación, incumplen los requisitos o no han entregado la
documentación necesaria. De las solicitudes resueltas, 18.620 finalizaron con
una reestructuración de la deuda pendiente, 6 con una quita y en 5.014 casos se
acordó la dación en pago, con la consiguiente extinción de la deuda.
En el primer semestre del año las entidades recibieron 13.436 solicitudes, un
17,78% más que durante la segunda mitad de 2014. De las solicitudes recibidas,
se han resuelto un total de 7.141 operaciones (un 7,73% más). De ellas, en 5.970
casos se concluyó con una reestructuración viable de la deuda pendiente (15,67%
más). En 1.171 casos se acordó la dación de la vivienda en pago de la deuda
hipotecaria, un 20,17% menos. Ninguna operación finalizo con una quita.
El CBP se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con
actividad hipotecaria en España, hasta 95 en la actualidad. El Gobierno impulsó
este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos
años para las entidades firmantes. El objetivo fue dar solución a las familias
con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por
encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos. Se establecieron
tres opciones -renegociación de plazos y cuotas con las entidades o
reestructuración de la deuda, quitas y dación en pago-, con periodos de
carencia, amortización hasta 40 años, reducción del tipo de interés aplicable a
Euríbor+0,25 puntos e incluso la posibilidad de permanecer en la vivienda
mediante el pago de un alquiler reducido.
Se definió también el umbral de exclusión o condiciones para poder acogerse al
CBP. En concreto, se estableció que fuera primera y única vivienda y que todos
los miembros de la familia carecieran de rentas derivadas del trabajo o
actividades económicas. Además, la cuota hipotecaria debía ser superior al 50%
de los ingresos netos percibida por el conjunto de los miembros de la unidad
familiar. Deberán, asimismo, carecer de bienes patrimoniales con los que hacer
frente a la deuda.
El Gobierno ha ampliado en dos ocasiones el ámbito de aplicación tanto del CBP
como del FSV para dar cabida a un mayor número de familias. El Código inicial
fue ampliado en la Ley de 2013 de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Su ámbito se
extendió nuevamente en febrero pasado, en el Real Decreto Ley de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden
social.
Entre las últimas modificaciones introducidas destacan el aumento del límite
anual de renta familiar hasta tres veces el
IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples).
Hasta entonces se calculaba por 12 pagas y pasa a calcularse por 14 -sube desde
19.170 a 22.365 euros-, así como la inclusión de los mayores de 60 años. Se
elevó el límite de precio de compra de los inmuebles desde los 250.000 a 300.000
euros y se estableció la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo para los
deudores situados en el umbral del nuevo CBP.