Reunión infructuosa la que ha tenido lugar ayer por la mañana en la sede del
Consejo Fiscal, órgano de gestión de nuestros fiscales. A este pleno mensual ya
habitual se le añadió un invitado especial, Rafael Catalá, Ministro de Justicia,
quien intento convencer a los vocales de la necesidad de mantener los plazos de
entrada en vigor de esta reforma parcial de nuestro enjuiciamiento criminal.
Catalá hablo de dirigir a los Letrados de la Administración de Justicia una
instrucción sobre su actuación y la coordinación con la Fiscalía sobre el
traslado de las causas en trámite en los Juzgados; la implantación de mejoras
tecnológicas y de aplicaciones informáticas cuyo plazo de entrada en
funcionamiento se anuncia una vez ya entrada en vigor la norma; y la posibilidad
de reforzar la plantilla en aquellas fiscalías con mayor carga de trabajo a
través de fiscales sustitutos dentro de las limitaciones presupuestarias,
cuestiones a que a los vocales del Consejo Fiscal les ha parecido insuficiente.
Desde el Ministerio se tiene la esperanza que en próximas reuniones los fiscales
vean que esta reforma está bien ponderada, cuestión que ahora mismo rechaza este
colectivo. Hace unos días asociaciones de jueces y fiscales suscribieron un
comunicado pidiendo la demora de la entrada en vigor de la Lecrim .
Curiosamente la FGE no ha respaldado ayer la postura del Consejo Fiscal ante
Catalá , cuestión que ha molestado mucho a los fiscales
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A nadie se le escapa que este Consejo Fiscal celebrado en la mañana de ayer es
posible que suponga un antes y un después para la propia carrera fiscal. Los
propios vocales informaban en la tarde de hoy mediante un comunicado de la
trascendencia de este encuentro con Catalá. Para estos vocales la carta enviada
al Ministro y firmada por 1200 fiscales era ponderada. “Como no podía ser de
otra manera, todos los vocales electos del Consejo somos sensibles a la petición
y hemos actuado como una sola voz, respondiendo a la demanda”, afirman en ese
comunicado enviado a la carrera fiscal.
En dicho comunicado también se ratifica por el propio Consejo Fiscal el
contenido de su informe de 2 de enero de 2015 de la entonces proyectada reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular sobre el establecimiento de
los plazos de instrucción y que se ha plasmado en la Ley 41/2015 y en el que
literalmente se decía: “La pretendida modificación del art. 324 de la LECrim.
tiene como finalidad la fijación de plazos máximos de instrucción, lo que no
resulta propio del sistema procesal penal español actual sino del sistema
acusatorio puro con instrucción del Fiscal en exclusiva y libre de injerencias
durante un plazo determinado. En el sistema actual el establecimiento de un
plazo de instrucción con monopolio del Fiscal de la facultad de solicitar la
prórroga del mismo resulta un contrasentido, al hallarse la instrucción dirigida
por el Juez”.
Los propios vocales han señalado a Catalá la inquietud de la carrera ante la
entrada de esta norma, con una vacatio legis de solo dos meses presentada:
“Hemos solicitado al Ministro de Justicia la urgente puesta en marcha de una
propuesta legislativa dirigida a extender el plazo de entrada en vigor de la
Ley. Hemos expresado que con la actual dotación de plantilla, personal
colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en
condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos
procesales” resalta el comunicado enviado a la carrera fiscal y que esta
publicación ha tenido acceso.
Insólito vacatio legis de dos meses solo
Desde el Consejo Fiscal se afirma que en estos momentos “con las Cortes
Generales a punto de su disolución, si es que procede su modificación, no hay
oportunidad realista de redactar el art. 324 LECrim de una manera ponderada
suficientemente y no cabe sino el establecimiento de una disposición transitoria
que dilate su entrada en vigor hasta que existan condiciones personales y
materiales suficientes y dignas. Nos parece inexplicable e insólito, máxime en
estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos
meses.”
A juicio del órgano de gestión de los fiscales las medidas que ha propuesto
Catalá son insuficientes “no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales y que
sólo la prórroga de la entrada en vigor podría resultar satisfactoria.
Lamentamos que una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en
criterios técnicos no haya sido tomada en consideración por el Sr. Ministro de
Justicia.” Fuentes del propio Ministerio señalaban a este medio en la tarde de
hoy que se buscaría en los próximos días otra reunión para poder buscar un punto
de acuerdo entre la carrera fiscal y el propio Ministerio.
Respecto a las asociaciones fiscales UPF y APIF han mostrado su disconformidad
sobre la idea del Ministro Catalá de no prorrogar la vacatio legis para la
entrada en vigor de la Lecrim. Desde UPF, Unión Progresista de Fiscales,
asociación que también tiene tres representantes en el Consejo Fiscal se
lamentaba de la decisión del Ministro al que acusaba de sordera y soberbia
jurídica y de la falta de apoyo de la FGE a la carrera fiscal en estos momentos.
Para APIF “Esta reforma hace recaer fundamentalmente en los fiscales una carga
de trabajo enorme, el retraso crónico de la Justicia penal española, cuando no
hay normativa de prevención de riesgos laborales ni estudios sobre la carga
máxima de trabajo que ha de afrontar un fiscal, algo que no parece preocupar a
la Fiscalía General, pero que a la APIF le parece muy importante”
