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21 de JULIO de 2015

Catalá reclama como necesaria una Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal

LAWYERPRESS

Desde Justicia adelantan que la nueva Fiscalía europea se ocupará de los delitos económicos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, sostuvo que el Estado de derecho tiene las herramientas necesarias para frenar el desafío independentista. Además, defendió que España siga involucrándose en la cooperación jurídica internacional. En esa línea se pronunció Catalá, durante la inauguración del curso Justicia en el mundo globalizado: “Tenemos todos los elementos que garantizan que todos los ciudadanos y los gobiernos estamos sometidos a la ley”.Un mandato constitucional para el que, según el ministro, en el caso de ser incumplido por algún gobierno autonómico, en clara alusión al ejecutivo catalán, “existen diversas maneras de garantizar el cumplimiento de la ley”. Y entre esas maneras, Catalá, desmintió que esté la Ley de Seguridad Nacional, que será aprobada antes de que finalice la legislatura: “Es especulativo considerar que en el contexto de esta ley se puedan encontrar soluciones”. El titular de Justicia ha manifestado, también, su convicción de que será necesario abordar una Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal que nos dote de un marco general en sustitución del sistema actual basado en convenios bilaterales y reciprocidad.

Rafael Catalá zanjó así la polémica suscitada por un medio nacional, que aseguraba que Rajoy utilizaría esta ley para tomar el control de Cataluña “por el interés de la Seguridad Nacional”. El ministro de Justicia aclaró que la nueva ley “no está para las discrepancias entre un gobierno autonómico y el de la nación”.

“Las fronteras de la Justicia ya no pueden ser las de los Estados”, fue la premisa que el ministro de Justicia defendió en su ponencia en el curso organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura y dirigido por el magistrado Ángel Calderón. Hay que establecer una jurisdicción internacional y una mayor cooperación jurídica a nivel trasnacional, según Catalá, y en este sentido, “España es el alumno aventajado”.

Y entre esa labor de incrementar la justicia internacional, el ministro destacó la Fiscalía europea, que está en su fase embrionaria y a la que, según aseguró, se le irán atribuyendo funciones paulatinamente, aunque avanzó que cuando arranque se dedicará a los delitos financieros.

Catalá ha repasado la actividad legislativa relacionada con esa dimensión internacional de la Justicia al destacar dos Leyes directamente vinculadas con la misma, como son la Ley 16/2015 de 7 de julio por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, cuya aprobación está prevista para este mismo mes de julio.

En relación con la primera de ellas, que también prevé aspectos como los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior, su puesta en marcha sirve para la integración de nuestro país en redes de sistemas de cooperación como el establecido por la Unión Europea en materia penal

Mejorar la cooperación civil a nivel internacional

Respecto a la segunda de las Leyes mencionadas, permitirá la regulación de un régimen común en el ámbito civil que facilite la cooperación internacional ante el creciente volumen de asuntos transfronterizos, de forma que se genere una mayor seguridad jurídica y agilidad en el trabajo de los operadores económicos. Esta norma permitirá unos tiempos de respuesta más cortos ya que los jueces podrán remitir de forma directa las solicitudes cooperación, abreviando el procedimiento establecido anteriormente.

Catalá ha hecho referencia asimismo a los cambios legislativos originados por sentencias de tribunales internacionales en los que España se encuentra comprometida. Así, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha resuelto la cuestión de la generalización de la segunda instancia penal y ha articulado un cauce procesal para la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha concretado en un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo únicamente respecto a la resolución judicial recurrida ante dicho Tribunal. Mediante esa disposición se ha solventado la falta de regulación que condujo a la anulación de la doctrina Parot y provocó la excarcelación inicial de más de 60 presos condenados por delitos de terrorismo o sexuales.

A través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil también se ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a las cláusulas abusivas en procesos monitorios que se basen en un contrato entre empresarios y consumidores, introduciendo la posibilidad de que el Juez verifique su existencia e inadmitir la reclamación de pago.

En cuanto a la legislación comunitaria, el ministro de Justicia considera a España como un alumno aventajado en esa labor de adecuar y renovar el ordenamiento jurídico puesto que en menos de dos años se ha realizado la transposición de hasta nueve Directivas de la Unión Europea, algunas directamente relacionadas con el derecho procesal como las relativas al derecho de interpretación y traducción en procesos penales, derecho de información en los mismos, intercambio de información de antecedentes penales y reconocimiento mutuo de resoluciones penales en territorio comunitario.

Catalá se ha referido también a la reforma del modelo de Justicia Universal afrontada por el Gobierno, destinada a establecer criterios claros para determinar la competencia de los tribunales nacionales que garanticen la adecuada persecución de los delitos especialmente graves cometidos fuera de territorio español. El ministro considera que ese modelo anterior generaba expectativas frustradas ya que la apertura de sumarios nunca concluía en juicios orales ni sentencias condenatorias por lo que se ha adoptado un concepto de Justicia Universal similar al de otras democracias avanzadas de nuestro entorno, que no deje, en ningún caso, margen para la impunidad.

En la misma línea de implementar la justicia más allá de nuestras fronteras, habló el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena: “Existe una globalización jurídica incuestionable e imparable”.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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