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Los
paraísos
fiscales
son
una
lacra
y un
elemento
que
impulsa
la
corrupción,
a
juicio
de
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE.
Desde
su
punto
de
vista
“
los
ciudadanos
tienen
que
darse
cuenta
que
los
Gobiernos
tienen
una
voluntad
firme
de
acabar
con
la
corrupción,
si no
se
acabará
con
ella”,
apuntó
en
la
presentación
del
Observatorio
de
la
Abogacía,
un
informe
realizado
por Metroscopia.
En
el
citado
informe
los
propios
abogados
ven
necesario
acabar
con
la
corrupción
“si
este
o
cualquier
Gobierno
no
acaba
con
los
citados
paraísos
fiscales
le
faltará
credibilidad
en
este
tema”,
aclaró.
Sobre
el
Código
Penal
volvió
a
subrayar
que
a la
abogacía
no
le
gusta
la
reforma
amplia
de
este
Código
Penal
“se
van
a
generar
situaciones
de
injusticia
notable
con
la
remisión
de
los
delitos
leves
y
las
faltas
al
ámbito
contencioso
administrativo.
Ahí
se
van
a
producir
indefensiones
y al
mismo
tiempo
conculca
el
derecho
de
acceso
a la
justicia
porque
no
es
lo
mismo
tener
la
obligación
de
ir a
un
juicio
contencioso
administrativo
que
tener
la
garantía
de
un
juez
desde
la
primera
incoación
del
hecho”,
subrayó.
Para
Carnicer,
la
actual
técnica
legislativa
es
reprobable
“se
introducen
reformas
en
otros
textos
legislativos
y no
generan
ninguna
seguridad
jurídica.
Debería
acabarse
con
esta
forma
de
legislar
que
no
gusta
a
nadie”,
denunció.
Además
de
la
parte
económica
del
Informe
elaborado
por
Metroscopia
para
el
CGAE,
hay
otra
más
jurídica
que
sirvió
para
que
el
propio
presidente
de
los
abogados,
Carlos
Carnicer
contestara
a
algunas
preguntas
de
los
medios
informativos
allí
presentes:
“Ha
mejorado
la
relación
entre
jueces
y
abogados,
los
letrados
perciben
a
los
jueces
como
víctimas
del
sistema
pero
reconocen
su
trabajo”,
comentó
Toharia.
Sobre
el
acceso
a la
abogacía
y el
número
de
colegiados
que
se
han
incorporado
a
esta
actividad,
se
indicó
que
más
de
1400
licenciados
se
presentaron
al
examen
y es
posible
que
siguiendo
los
ratios
del
año
pasado
aprobaron
la
misma
el
80
por
ciento
aunque
Justicia
aún
no
ha
hecho
público
estos
datos
oficialmente.
“Las
pruebas,
que
seguramente
cambiarán
el
año
que
viene,
están
sobre
todo
pensadas
para
acreditar
los
conocimientos
de
los
futuros
abogados,
no
para
impedirles
que
sean
abogados”,
comentó
Carnicer.
Para
el
presidente
del
CGAE
la
formación
es
clave
en
la
carrera
de
un
abogado,
tanto
en
su
acceso
a la
profesión,
en
su
gestión
del
Turno
de
Oficio
y a
nivel
permanente
a lo
largo
de
toda
su
carrera
profesional.
“El
nivel
de
personas
que
han
ido
a
ver
a un
abogado
en
España
solo
es
del
50
por
cien,
mientras
que
en
otros
países
la
cifra
es
mayor”,
apuntó
el
presidente
de
Metroscopia.
Preocupado
por
la
mala
calidad
de
las
leyes
apuntó
que
se
ha
creado
una
Comisión
para
la
Defensa
del
Estado
de
Derecho
entre
cuyos
cometidos
se
encuentra
la
formación
de
aspirantes
a
abogados
como
la
citada
formación
permanente
del
letrado.
“Ahora
trabajamos
en
señalar
cuáles
son
las
malas
leyes
del
Estado
para
pedir
su
adecuación
a la
nueva
realidad·,
indicó.
Para
Carnicer
la
forma
de
legislar
en
vísperas
de
las
elecciones
ha
sido
lamentable
“no
se
pueden
concatenar
textos
legales
en
reformas
importantes
como
la
que
se
hizo
sobre
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil.
Es
lamentable
que
se
utilicen
esas
prácticas.
Habría
que
acabar
con
esta
técnica
legislativa
en
beneficio
de
la
legalidad
vigente”.
Sobre
el
estudio,
Los
abogados
se
manifiestan
de
forma
unánime
al
considerar
el
86%
de
los
encuestados
que
la
Justicia
está
en
una
situación
de
crisis
muy
grave
y
profunda
que
necesita
una
auténtica
refundación
para
adecuarla
a
las
realidades
sociales.
Por
este
motivo,
un
92%
de
los
letrados
reclama
con
urgencia
un
nuevo
Pacto
de
Estado
que
ponga
remedio
al
estado
actual
de
la
Justicia.
Peligro
politización
de
la
justicia
Un
masivo
91%
considera
que
los
gobiernos
–independientemente
del
signo
político-
intentan
controlar
la
Justicia
antes
que
emprender
mejoras
para
su
modernización
y
eficiencia.
Los
abogados
denuncian
que
los
problemas
de
la
Justicia
dependen
de
cómo
está
organizada
(79%),
de
una
organización
más
propia
del
siglo
pasado
que
del
siglo
XXI
(79%)
y de
que
existen
diversos
cuerpos
que
no
están
debidamente
coordinados
(74%).
Además,
el
funcionamiento
de
la
Justicia
se
realiza
de
la
forma
más
conveniente
para
jueces
y
juristas
y no
de
acuerdo
a lo
más
cercano
y
útil
para
la
ciudadanía
(68%).
No
obstante,
el
84%
de
los
abogados
–porcentaje
muy
cercano
a la
opinión
del
conjunto
de
la
población-
sigue
pensando
que,
con
todas
sus
imperfecciones,
la
Administración
de
Justicia
representa
la
última
garantía
de
defensa
de
la
democracia
y de
las
libertades,
en
definitiva,
buenos
jueces
y
mala
Justicia.
La
misma
pauta
existente
en
la
sociedad
española
se
registra
también
entre
los
abogados:
el
95%
considera
que
en
España
existe
mucha
corrupción,
pero
concentrada
específicamente
en
la
vida
pública.
El
estudio
de
Metroscopia
concluye,
al
igual
que
en
la
sociedad,
que
es
más
intensa
la
sensación
de
que
existe
una
corrupción
extendida
que
la
experiencia
de
los
abogados
de
haberla
padecido.
En
España,
la
sensación
de
que
existe
corrupción
se
sitúa
en
los
niveles
registrados
en
Rumanía,
pero
en
cuanto
a la
experiencia
personal
de
corrupción
los
datos
españoles
son
equiparables
a
los
de
Alemania
o
Dinamarca.
La
causa
de
que
la
corrupción
haya
tenido
un
impacto
tan
intenso
y
sostenido
en
la
ciudadanía
se
debe
–según
los
abogados-
a
que
no
se
combate
con
la
prontitud
y
determinación
debida.
El
91%
de
los
encuestados
considera
que
los
partidos
políticos
tienden
a
proteger
a
los
implicados
en
casos
de
corrupción
en
lugar
de
denunciarlos
y
expulsarlos.
De
forma
casi
unánime
(88%),
los
abogados
siguen
pensando
que
la
Justicia
debe
ser
financiada
exclusivamente
con
cargo
a
los
Presupuestos
Generales
del
Estado
y
para
el
76%
de
los
encuestados
no
existe
justificación
posible
a la
introducción
de
tasa
judicial
alguna. |
