Pérez-Llorca
ha
acogido
en
su
sede
de
Barcelona
un
seminario
sobre
la
reforma
del
Código
Penal
de
2015,
que
entrará
en
vigor
el
próximo
1 de
julio.
La
jornada,
dirigida
por
Antonio
Camacho,
Fiscal
en
excedencia
y
Counsel
de
Pérez-Llorca,
contó
como
ponentes
a
Javier
Hernández
García,
Presidente
de
la
Audiencia
Provincial
de
Tarragona
y a
Carmen
Sánchez-Cortés
Martín,
Secretaria
de
Estado
de
Justicia.
Hay
que
recordar
que
esta
reforma
penal
modifica
al
menos
300
articulos
introduciendo
figuras
como
la
prisión
perpetua
revisable
o
adaptando
la
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas
a un
nuevo
entorno.
Una
reforma
que
en
el
Parlamento
no
tuvo
el
apoyo
de
ninguna
fuerza
política
salvo
los
votos
del
propio
PP.
Tras
un
breve
análisis
de
Antonio
Camacho
en
el
que
incidió
sobre
la
importancia
de
la
figura
del
compliance
officer
y
resaltó
aspectos
destacados
como
la
necesidad
de
que
esta
figura
goce
de
autonomía
e
independencia,
cedió
el
turno
de
palabra
a
Javier
Hernández,
quien
repasó
las
principales
novedades
de
la
reforma
en
lo
que
a la
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas
se
refiere.
A
este
respecto,
el
presidente
de
la
Audiencia
Provincial
afirmó
que
nos
encontramos
ante
un
modelo
de
Código
Penal
en
construcción
al
que
le
queda
todavía
camino
por
recorrer
hasta
lograr
su
definitiva
consolidación.
Javier
Hernández
indicó
que
el
modelo
de
Código
Penal
tiene
por
objeto
evitar
que
la
empresa
se
convierta
en
un
medio
criminógeno.
En
este
contexto,
comenzó
detallando
los
presupuestos
de
imputación
establecidos
por
el
legislador
para
las
personas
jurídicas,
finalizando
con
un
examen
de
los
presupuestos
de
exención
y
atenuación
de
la
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas.
Por
su
parte,
Carmen
Sánchez-Cortés
repasó
los
aspectos
más
destacados
de
la
reforma
como
son
la
primacía
de
la
libertad
y
seguridad
jurídica,
el
cuidado
de
los
colectivos
más
vulnerables
o la
internacionalización
y
digitalización
de
la
justicia.
Tras
esta
breve
y
concisa
introducción,
la
Secretaria
de
Estado
evaluó
los
cambios
más
significativos
de
la
reforma
del
Código
Penal
en
lo
que
respecta
a la
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas,
concluyendo
que
el
objetivo
principal
de
la
reforma
ha
sido
conseguir
que
las
empresas
se
autorregulen,
es
decir,
que
se
conviertan
en
garantes
de
la
legalidad
estableciendo
mecanismos
de
control
y
prevención
de
delitos.
Al
término
de
las
presentaciones,
Antonio
Camacho
moderó
un
debate
entre
los
ponentes
y
numerosos
asistentes,
en
el
que
se
respondieron
diversas
dudas
acerca
de
la
implantación
efectiva
de
los
sistemas
de
prevención
de
delitos
en
las
empresas. |