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20 de MAYO de 2015

Hipotecados andaluces y extremeños piden amparo al TJUE para recuperar las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo

LAWYERPRESS

En una iniciativa sin precedentes en España, los consumidores solicitan de los Juzgados de lo Mercantil donde tienen planteadas sus demandas que eleven al Tribunal de Luxemburgo la cuestión de si la normativa de la Unión Europea exige que se decrete la retroactividad plena que el Tribunal Supremo les niega

Decenas de afectados por cláusulas suelo hipotecarias, que tienen demandas en tramitación ante Juzgados de lo Mercantil de diversas ciudades de Andalucía y Extremadura, han solicitado de los tribunales que eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si procede que se les devuelvan todas las cantidades cobradas de más por las entidades financieras (la llamada “retroactividad plena” del art. 1303 del Código Civil). Los más de setenta escritos presentados simultáneamente en el día de hoy ante diversos tribunales suponen una iniciativa novedosa, en la que los afectados por malas prácticas bancarias solicitan directamente el amparo de los órganos de la Unión Europea para que les reconozca los derechos que el Tribunal Supremo español les niega.

La última sentencia del Tribunal Supremo sobre esta espinosa y controvertida cuestión (STS 139/2015 de 25 de marzo) interpretó la legislación aplicable en el sentido de que sólo procede condenar a las entidades financieras a la devolución de los cargos excesivos posteriores a 9 de mayo de 2013 (la llamada “retroactividad parcial”). Los consumidores afectados entienden que esa interpretación supone una merma sustancial de sus legítimos derechos conforme a la normativa europea. “La Directiva de Consumidores impone a los Estados que desarrollen la máxima diligencia para evitar el uso de cláusulas abusivas como las cláusulas suelo, y exige que esas cláusulas no vinculen en modo alguno a los consumidores. El Tribunal Supremo ha hecho un improcedente regalo a los bancos, a la vez que ha ignorado las exigencias de la Unión Europea. Por eso recurrimos al Tribunal de Justicia de la Unión, que es quien deberá decidir la cuestión de forma definitiva y que entendemos nos amparará plenamente”, afirman.

La Sentencia 139/2015 supuso un duro mazazo a las expectativas de cientos de miles de consumidores que han demandado o se plantean demandar a las entidades financieras. “Para la hipoteca tipo, suscrita antes de la crisis inmobiliaria, la última sentencia del Supremo ha supuesto despojar de un plumazo a los consumidores afectados de aproximadamente dos tercios de sus expectativas de recobro económico”, afirma Carlos Fidalgo Gallardo, Socio Director de MOREANA | Abogados y Economistas, Profesor de la Universidad de Sevilla, y promotor de la cuestión prejudicial. “Eso supone, a nuestro juicio, una directa vulneración tanto del mismo Derecho español (en concreto del artículo 1.303 del Código Civil), como sobre todo de la normativa comunitaria, que debe aplicarse conforme a los principios de primacía y efecto directo”.

La Directiva de Consumidores estableció en su día los principios mínimos a que debían atenerse los Estados miembros de la Unión Europea para velar por que se evitase el uso por las grandes empresas de condiciones generales abusivas. España desarrolló sus compromisos derivados de esa directiva, entre otros, con el dictado de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998) y de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (hoy Real Decreto Legislativo 1/2007). El Tribunal Supremo, según la cuestión prejudicial planteada, estaría yendo en contra de ese marco legal, y por tanto consagrando, al menos parcialmente, unas situaciones de abuso que el mismo Tribunal Supremo ha condenado con extraordinaria rotundidad.

Según la normativa que regula el planteamiento de cuestiones prejudiciales (artículo 19.3 del Tratado de la Unión Europea y art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), son los Juzgados que están tramitando los pleitos los que deben decidir ahora si elevan la cuestión a Luxemburgo. Cuál sea la decisión que adopten se sabrá en las próximas semanas.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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