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Con
la
última
reforma
de
la
Ley
Penal
en
Ecuador,
que
entró
en
vigor
en
agosto
del
pasado
año,
muchos
de
los
españoles
presos
en
este
país
sudamericano,
casi
todos
por
tráfico
de
drogas,
vieron
el
cielo
abierto
y
una
salida
a su
calvario
carcelario.
Esta
nueva
norma
modulaba
las
penas
en
función
de
la
cantidad
de
droga
que
portaban
cada
uno
de
ellos,
eso
hacía
que
entonces
algunos
de
los
presos
españoles
ya
hubieran
cumplido
su
condena
y
podrían
quedar
en
libertad.
Sin
embargo,
ahí
empieza
nuestra
historia
y es
que
la
complejidad
de
los
procedimientos
de
revisión
de
condena
están
manteniendo
a
algunos
españoles
a
seguir
en
esas
cárceles
ecuatorianas.
Es
la
Fundación
Abogacía
Española
quien
en
todo
momento
a
instado
a
las
autoridades
del
país
centroamericano
a
que
agilice
estos
trámites
y a
visualizar
un
conflicto
que
en
estos
momentos
afecta
a
unos
cien
españoles
que
siguen
en
aquel
país
y
otros
tantos
recluidos
en
cárceles
españolas.
Nunca
un
regreso
a tu
país
de
origen
fue
más
deseado
por
nadie
en
ninguna
otra
circunstancia.
En
la
foto,
la
delegación
que
acudió
a
Ecuador
en
octubre
del
2014
con
Francisco
Segovia
y
Carles
McCrag
en
el
centro
por
la
izda.
Francisco
Segovia
es
el
coordinador
de
proyectos
de
la
Fundación
Abogacía
Española
y
quien
nos
va a
servir
para
visualizar
esta
dramática
historia.
Fue
en
su
día
uno
de
los
integrantes
en
octubre
de
2014,
de
un
viaje
una
delegación
de
la
Fundación
Abogacía,
compuesta
por
su
vicepresidente
Carles
McCragh,
su
coordinador
de
Proyectos,
el
propio
Segovia,
y el
abogado
Gerardo
Esteva,
para
visitar
a
60
presos
españoles
en
Ecuador
a
quienes
puede
afectar
la
entrada
en
vigor
del
nuevo
Código
Orgánico
Integral
Penal,
que
incorpora
una
rebaja
sustancial
de
las
penas
por
tráfico
de
estupefacientes.
Prácticamente
los
85
presos
españoles
encarcelados
en
Ecuador
están
condenados
por
este
delito.
Muchas
de
estas
personas
son
fruto
de
la
crisis
económica.
“Perdieron
su
trabajo
o
enfermaron
y
eso
hizo
que
buscasen
dinero
fácil,
no
siempre
de
forma
legal”
explica
Segovia,
quien
recuerda
que
aquel
viaje
sirvió
para
poner
rostro
a
este
problema
y
contactar
con
las
diferentes
autoridades
jurídicas
ecuatorianas
que,
pese
al
trato
correcto
no
han
logrado
agilizar
este
asunto
que
afecta
a
muchas
familias.
Los
representantes
de
la
Fundación
se
reunieron
también
con
el
Consejo
de
la
Judicatura
– el
equivalente
al
Consejo
General
del
Poder
Judicial
en
España-,
el
viceministerio
de
Rehabilitación
Social,
el
Defensor
del
Pueblo,
y la
Defensa
Pública
(abogados
de
Oficio).
“También
visitamos
dos
cárceles,
ahora
mejoradas
tras
las
reformas
últimas
de
la
justicia
donde
escasea
la
asistencia
médica
y el
agua
potable”,
indica
Segovia.
Desde
fuera
se
tiene
la
sensación
que
esta
reforma
penal
ha
beneficiado
en
principio
a lo
nacionales
ecuatorianos
frente
a
los
extranjeros
que
cometieron
el
mismo
delito.
“Esperábamos
más
impulso
y
receptividad
por
parte
de
las
autoridades
ecuatorianas,
pensábamos
que
iban
a
ser
más
diligentes
en
este
asunto.”,
afirma.
En
estos
momentos,
18
españoles
que
están
en
Ecuador
ya
han
logrado
su
revisión
de
condena
que
supone
libertad.
Y es
que
para
lograr
esa
revisión
hay
que
formalizar
un
proceso
muy
complejo
y
lento
que
frena
cualquier
tipo
de
repatriación
posterior.
Y en
España,
de
ese
centenar
que
nos
cito
hay
40
con
l
pena
cumplida
y
salieron
en
libertad
solo
dos.
“El
procedimiento
es
complejo,
se
piden
muchos
requisitos
y
debería
ser
de
otra
forma
para
agilizar
los
trámites
de
libertad
de
estas
personas.
Con
toda
la
documentación
que
recibe
el
juzgado
se
realiza
un
juicio
donde
el
penado
debe
estar
presente.
Debería
haberse
aplicado
un
sistema
automático
de
la
aplicación
de
la
nueva
situación
penal,
en
definitiva”,
comenta
Segovia.
Retenidos
en
España,
también
El
problema
es
similar
para
los
españoles
que
están
en
nuestro
país
en
alguna
de
nuestras
cárceles
donde
incluso
se
le
pide
una
solicitud
a
cada
preso
para
que
se
revise
su
condena
y
luego
se
fija
una
fecha
para
que
se
celebre
el
juicio
por
videoconferencia
“Y
es
que
el
propio
preso
debe
participar
en
la
vista
judicial
de
nuevo.
Es
complejo
el
procedimiento
y
las
administraciones
implicadas
colaboran
muy
poco”,
advierte
nuestro
interlocutor.
Desde
la
Fundación
Abogacía
Española
se
denuncia
el
poco
empuje
tanto
de
la
administración
española
como
de
la
ecuatoriana
para
solventar
esta
situación.
“Necesitamos
que
se
impliquen
todas
las
administraciones
relacionadas,
sobre
todo
a
nivel
de
Justicia
e
Interior
para
que
se
pueda
agilizar
todos
estos
procedimientos”.
Desde
fuera
surgen
las
ideas
para
que
se
puede
solucionar
la
situación
de
estos
españoles
atrapados
en
las
cárceles
de
Ecuador.
“Podría
buscarse
una
media
colectiva
de
más
agilidad
o
darle
una
vuelta
a
los
procedimientos
judiciales
actuales”.
En
ese
sentido
desde
su
punto
de
vista
habría
que
instar
a
los
centros
penitenciarios
a
que
faciliten
el
trabajo
de
los
propios
abogados
en
esos
centros;
más
agilidad
con
los
certificados
de
permanencia
en
esos
centros
que
se
piden
de
forma
continuada;
así
como
más
diligencia
en
esas
audiencias
donde
deben
comparecer
los
penados
“también
sería
bueno
que
el
propio
Consulado
español
fuera
más
rápido
en
los
traslados
de
esas
personas
a
España
a
nivel
de
gestionar
su
documentación”.
Al
final,
uno
advierte
que
se
espera
más
del
esfuerzo
de
las
administraciones
y
más
coordinación
entre
ellas. |
