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Corrupción
y
transparencia
fue
una
de
las
mesas
estrella
del
ya
concluido
XI
Congreso
de
la
Abogacía
que
tuvo
lugar
en
Vitoria.
En
ese
debate
confluyeron
Jesús
Lizcano,
presidente
de
Transparencia
Internacional
España,
entidad
que
está
asesorando
a
muchas
entidades
cómo
adaptarse
a la
actual
Ley
de
Transparencia,
Mar
Cabrejas,
vocal
del
CGPJ,
entidad
que
ha
puesto
en
marcha
un
ambicioso
portal
de
transparencia
en
el
que
incluso
se
podrá
consultar
el
patrimonio
del
presidente
y
los
vocales
judiciales
y
Santiago
Milans
del
Bosch,
abogado,
socio
de
Cuatrecasas,
Goncalves
y
Pereira
y un
estudioso
de
este
tema
( en
la
foto
segundo
por
la
izquierda)
con
quien
hemos
podido
charlar
tras
la
finalización
de
esta
jornada
y
quien
señaló
cuál
debe
ser
el
papel
del
abogado
en
este
entorno
que
va
de
la
transparencia
a la
corrupción.
A su
juicio
“la
transparencia
es,
sin
duda,
una
medida
anticorrupción
muy
útil,
no
solo
en
los
organismos
públicos
sino
también
en
empresas
privadas
(entidades
financieras,
constructoras
o
sociedades
profesionales)”.
Para
este
prestigioso
jurista
es
evidente
que
el
papel
del
abogado
en
la
sociedad
le
hace
estar
cerca
del
cliente
y a
la
cabeza
de
la
lucha
contra
la
corrupción.
¿Qué
conclusión
extrae
de
la
jornada
sobre
corrupción
y
transparencia
que
ha
tenido
lugar
en
el
XI
Congreso
de
la
Abogacía?
La
jornada
me
ha
parecido
muy
positiva
y,
desde
luego,
una
muestra
de
que
vamos
por
buen
camino.
Quizá
no a
la
velocidad
que
se
deseara
o, a
veces,
demasiado
tarde,
a
juzgar
por
los
numerosos
casos
de
corrupción
que
se
conocen
y/o
se
van
conociendo.
Lo
importante
es
que
los
poderes
públicos,
aunque
sea
a
impulsos
de
la
sociedad
civil
organizada,
vaya
tomando
cartas
en
el
asunto.
En
la
jornada
ha
quedado
claro
que
no
sólo
se
ha
de
luchar
contra
la
corrupción,
sino
también
frenarla
mediante
medidas
preventivas
que
impidan
o
dificulten
este
mal
endémico,
fruto
de
un
ambiente
dominado
por
la
“dictadura
del
relativismo”,
donde
se
ha
hecho
dejación
de
patrones
éticos
y
fomentado
o
tolerado
el
enriquecimiento
fácil
y
rápido,
“premiando”
más
el
pelotazo
que
el
esfuerzo
y la
profesionalidad.
La
transparencia
es,
sin
duda,
una
medida
anticorrupción
muy
útil,
no
solo
en
los
organismos
públicos
sino
también
en
empresas
privadas
(entidades
financieras,
constructoras
o
sociedades
profesionales).
En
su
ponencia
ha
hablado
del
papel
del
abogado
frente
a la
corrupción.
¿Qué
destacaría
del
mismo?
La
abogacía
no
es
sólo
una
consagración
académica,
sino
una
concreción
profesional
en
la
que
el
abogado
-algo
más
que
el
poseedor
de
un
título
universitario-
no
solamente
debe
dedicar
su
vida
a
dar
consejos
jurídicos
sino
a
pedir
siempre
que
se
haga
justicia
haciendo
real
el
derecho
de
defensa
que
toda
persona
tiene
(se
trata
de
un
derecho
humano).
Dada
la
función
social
de
la
Abogacía
es
claro
que
los
profesionales
que
se
dedican
a
“la
dirección
y
defensa
así
como
al
asesoramiento
y
consejo
jurídico”,
como
recoge
el
art.
542
LOPJ
y
nuestro
Estatuto
General,
estás
a la
vanguardia
de
la
lucha
contra
la
corrupción,
siendo
una
“herramienta”
importantísima
a la
hora
de
dar
el
asesoramiento
jurídico
o el
consejo
que
en
derecho
corresponde.
Este
Portal
del
Congreso
Nacional
de
la
Abogacía
es
una
muestra
del
papel
de
la
abogacía
institucional
–Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
y
Colegios
de
Abogados-
en
la
lucha
contra
la
corrupción.
¿Secreto
profesional
y
transparencia
se
pueden
conjugar?
Con
sentido
común
y
criterio
jurídico,
por
supuesto.
El
secreto
profesional
–aunque
es
más
preciso
referirse
a la
confidencialidad
de
lo
que
se
conoce,
sea
secreto
o
no-
tiene
amparo
en
el
art.
20
de
la
Constitución;
y se
integra
dentro
del
derecho
de
defensa
–no
es,
en
absoluto,
un
privilegio
del
abogado;
más
bien,
una
carga,
una
honrosa
carga,
por
lo
que
representa
para
toda
persona,
que
por
este
mero
hecho
es
titular
del
derecho
humano
a la
defensa-.
Como
recoge
la
LOPJ,
“los
abogados
deben
guardar
secreto
de
todos
los
hechos
o
noticias
de
que
conozcan
por
razón
de
cualquiera
de
las
modalidades
de
su
actuación
profesional,
no
pudiendo
ser
obligados
a
declarar
sobres
los
mismos”.
La
infracción
de
este
mandato
no
sólo
es
una
falta
deontológica
de
primero
orden,
sino
también
un
delito.
¿Deberían
hacerse
públicas
las
sanciones
a
aquellos
abogados
que
estén
implicados
en
tramas
de
corrupción?
Considero
la
pregunta
poco
clara.
Lo
primero
es
saber
qué
se
entiende
por
“hacer
pública”,
definir
“implicado”
y
determinar
los
delitos
de
corrupción,
dada
la
vaguedad
e
impresión
de
los
términos,
que
crea
en
sí
mismo
inseguridad.
Si
lo
que
se
quiere
decir
es
conocerse
quién
ha
sido
“condenado”
por
corrupción
(sea
abogado
o
no),
es
claro
que
la
sentencia
dictada
por
el
poder
judicial,
ya
es
de
pos
sí
pública.
Otra
cosa
es,
hechas
las
precisiones
antedichas,
publicarse
una
lista
de
los
abogados
condenados
por
corrupción.
No
tengo
criterio
al
respecto,
pero
sí
de
que
los
Colegios
deben
tener
un
acceso
y
registro
a
los
casos
de
abogados
condenados
en
firme
por
corrupción,
como
causa
que
les
impida
–al
menos
durante
un
buen
período
de
tiempo-
ejercer
esta
noble
profesión
a la
que
han
defraudado
usando,
muchas
veces,
sus
conocimientos
en
leyes
para
ir
contra
la
legalidad
y en
provecho
ilícito
propio
socavando
los
cimientos
sociales
y
corrompiendo
a
los
servidores
públicos.
¿Le
gusta
la
ley
de
transparencia
aprobada
el
pasado
9 de
diciembre?
¿Qué
retoques
debería
tener
para
mejorarla?
Sí,
claro.
Nada
es
perfecto
pero
es
un
primer
paso
que
marca
unos
“mínimos”
importantes.
Lo
importante
es
que
se
cumpla
bien
la
ley;
y
sin
complejos.
No
hay
que
tener
miedo
a
ser
tranparentes,
a
dar
información;
además
de
que
los
ciudadanos
pueden
juzgar
mejor
y
con
más
criterio
a
sus
responsables
públicos,
es
claro
que
la
opacidad
fomenta
las
prácticas
corruptas.
Uno
de
los
retoques
sería,
en
línea
con
lo
anterior,
no
dar
carta
de
naturaleza
al
silencio
negativo.
En
esta
materia,
que
la
Administración
dé
la
callada
por
respuesta
a la
solicitud
de
información,
aparte
de
mala
educación,
me
parece
improcedente.
La
Administración
ha
de
ser
diligente
y
positiva
en
esta
materia.
Al
hilo
de
esa
ley
el
CGPJ
ha
hecho
un
esfuerzo
importante
por
crear
un
Portal
de
Transparencia.
¿Qué
le
parece
la
idea?
Magnífica
idea.
Un
paso
importante,
sobre
todo
en
lo
que
se
refiere
al
ejemplo
“a
otros”.
Aunque,
como
todo,
es
mejorable,
significa
mucho
este
Portal,
al
aplicarse
a
unos
de
los
sectores
“más
opacos”
de
la
Administración
o,
al
menos,
que
más
recelos
crea,
al
afectar
a
importantes
bienes
jurídicos
y
venir
relacionado
con
quienes
tienen
encomendado
impartir
Justicia.
Por
esta
razón,
el
CGPJ
debe
ser
ejemplarizante
no
solo
en
su
actuación,
sino
en
la
forma
de
llevarse
a
cabo
los
nombramientos,
los
contratos,
las
adjudicaciones
de
viviendas
o
parkings,
las
inspecciones,
etc,
etc.
Queda
mucho
por
andar;
pero
se
empieza
a
hacer
buen
camino.
No
obstante
da
la
sensación
que
otros
operadores
jurídicos
les
cuesta
abrirse
fuera
de
su
entorno…
Pues
sí.
Es
un
mal
síntoma,
desde
luego.
Solo
tiene
miedo
a
mostrar
su
funcionamiento,
quien
tiene
algo
que
ocultar
o
teme
ser
descubierto
en
sus
prácticas
poco
correctas.
Es
más
importante
que
obligar,
sensibilizar
a
mejorar
la
forma
de
actuación
y de
mostrar
lo
mostrable,
sobre
todo
cuando
el
ambiente
de
corrupción
está
tan
generalizado.
Para
denunciar
donde
corresponda
es
fundamental
la
transparencia
de
cuanto
está
oculto.
¿Dónde
está
la
solución
al
problema
de
la
corrupción
en
nuestro
país;
más
leyes,
códigos
deontológicos?
Las
leyes
y
los
códigos
deontológicos
son
importantes,
sobre
todo,
por
su
función
pedagógica.
Pero
la
raíz
del
mal
está,
vuelvo
a
decirlo,
en
la
falta
de
esa
conciencia
moral
que
permite
distinguir
el
bien
del
mal
y
todos
los
valores
éticos
que
merecen
protección
sin
paliativos
(la
vida,
el
bien
común,
la
justicia,
la
libertad,
la
solidaridad,
etc.)
que
han
de
sustentar
una
sociedad
comprometida
con
los
derechos
humanos
y
con
el
progreso.
Esto
significa,
que
la
formación
y la
educación
a
todos
los
niveles
es
pieza
fundamental
en
esta
materia
sin
la
cual
los
códigos
y
las
leyes
resultan
ineficaces.
Se
trata
de
hacer
una
sociedad
más
justa,
más
limpia;
no
más
asustada
por
la
sanción.
El
Congreso
de
los
Diputados
va a
votar
una
propuesta
de
ley
para
que
los
condenados
por
corrupción
no
sean
indultados.
¿Está
de
acuerdo?
Soy
de
la
opinión
que
al
corrupto
hay
que
sancionarle
con
la
pena
justa.
Sin
parece
corta
la
que
existe,
que
se
modifique
por
el
legislador.
También
soy
de
la
opinión
de
que
el
derecho
de
gracia
ha
de
ser
excepcional
–por
poder
peligrar
el
principio
de
división
de
poderes-
y,
sobre
todo,
individualizando
y
referido
no a
supuestos
de
conveniencias,
sino
de
justicia
y
equidad.
Dicho
esto,
no
estoy
de
acuerdo
en
que
se
demonice
a un
tipo
de
delincuente
en
contra
de
otros
que
también
lo
son
(por
crímenes,
a
veces,
mucho
más
graves).
¿Cómo
valora
el
movimiento
en
la
sociedad
de
asociaciones
o
entidades
que
luchan
contra
corrupción?
Me
parece
una
magnífica
idea,
que
apoyo,
sin
dudar.
El
daño
que
produce
la
corrupción
se
produce
de
diversas
maneras;
y
todos
estamos
moralmente
obligados
a
evitar
este
daño
a
terceros.
La
corrupción
requiere
que
aumenten
tanto
la
convicción
como
la
conciencia
que
con
esta
lucha
se
obtienen
importantes
ventajas
sociales,
para
todos,
para
la
armonía
social.
Lo
importante
es
que
estas
asociaciones
o
entidades
den
ejemplo,
antes
que
nadie,
de
ética
y
transparencia. |
