|
Llegar
al 1
de
enero
del
próximo
año
con
el
trabajo
hecho.
La
obsesión
del
Ministro
Catalá
se
llama
justicia
sin
papeles;
que
todas
las
comunicaciones
entre
los
profesionales
jurídicos
y
los
órganos
judiciales
se
hagan
online.
En
ese
cometido
tan
complejo
se
encuentra
inmerso
y
para
ello
ha
puesto
en
marcha
la
Comisión
Justicia
sin
Papeles
que
ayer
tuvo
su
primera
reunión
a
fin
de
desarrollar
un
plan
de
trabajo
que
conduzca
hacia
el
objetivo
anhelado.
Durante
esta
reunión,
en
la
que
han
participado
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
Fiscalía
General
del
Estado,
Ministerios
del
Interior
y de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
Federación
Española
de
Municipios
y
Provincias,
Consejo
General
de
la
Abogacía,
Consejo
General
de
Procuradores
de
España,
Consejo
General
de
Graduados
Sociales,
secretarios
judiciales
y
comunidades
autónomas
representadas
en
el
CTEAJE
(Comité
Técnico
Estatal
de
la
Administración
Judicial
Electrónica),
el
ministro
les
ha
invitado
a
implicarse
en
este
objetivo
común
que
afecta
a
todos
y
que
viene
demandado
por
los
cambios
legales
del
Gobierno
y
por
la
propia
sociedad
del
siglo
XXI
. Al
mismo
tiempo
hemos
conocido
la
noticia
de
una
ampliación
presupuestaria
que
el
Gobierno
concede
a
Justicia
de
cara
a la
contratación
de
proyectos
de
obras
e
inversiones
en
tecnología
para
los
próximos
cinco
años.
En
todos
sus
intervenciones
ha
sido
tajante
con
el
deseo
que
el
papel
se
aleje
de
las
comunicaciones
en
los
próximos
meses.
Así
también
lo
manifiestó
durante
su
intervención
en
el
último
Congreso
de
la
Abogacia
celebrado
hace
unos
días
en
Vitoria.
Rafael
Catalá
se
ha
puesto
la
fecha
del
1 de
enero
del
próximo
año
para
arrancar
un
modelo
de
justicia
online,
agil
y
abierta
y
para
ello,
como
también
comentó
en
esa
citada
intervención,
requiere
la
colaboración
tanto
de
los
operadores
jurídicos
como
de
la
FEMP,
Federación
Española
de
Municipios
y
Provincias
y
otras
entidades.
A lo
largo
de
la
reunión
de
ayer,
la
citada
comisión
analizó
la
situación
actual,
como
punto
de
partida
para
lograr
ese
objetivo
y
estableció
un
calendario
de
trabajo
con
una
serie
de
hitos
a
cumplir
para
que
se
pueda
lograr
el
citado
objetivo.
Ahora
solo
queda
saber
si
la
voluntad
política
que
emana
de
estas
reuniones
es
suficiente
para
lograr
este
ambicioso
objetivo
que
ayudaría,
sin
lugar
a
dudas
a
que
nuestra
justicia
estuviera
menos
colapsada
que
lo
que
hoy
está,
donde
hay
juzgados
con
una
sobrecarga
del
150
por
cien.
Con
vistas
a
este
fin,
desde
el
Ministerio
de
Justicia
se
ha
lanzado
una
serie
de
medidas
de
tipo
jurídico,
como
la
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
y un
nuevo
Decreto
de
Comunicaciones
Telemáticas
que
conceda
respaldo
jurídico
en
el
procedimiento
judicial.
En
el
aspecto
tecnológico
el
Ministerio
de
Justicia
ha
avanzado
en
la
adaptación
de
LexNet
en
el
orden
penal,
así
como
en
las
infraestructuras
de
comunicaciones
y
almacenamiento,
lanzando
un
plan
de
adquisición
e
instalación
de
puestos
de
trabajo.
En
lo
referente
a
las
medidas
organizativas
destaca
el
plan
de
formación
a
los
funcionarios
de
Justicia,
así
como
la
revisión
de
impactos
en
los
procesos
de
trabajo.
El
Plan
2015
tiene
como
objetivo
fortalecer
la
Justicia
como
servicio
público
de
calidad,
ágil
y
adaptado
a la
sociedad
del
siglo
XXI,
contando
con
la
tecnología
y la
innovación
como
herramientas
fundamentales
para
conseguir
ese
propósito
de
construir
una
Justicia
digital,
abierta
e
innovadora.
Mas
presupuesto
para
Justicia
En
este
mismo
sentido,
Catalá
ha
podido
negociar
con
el
Ministerio
de
Economía
una
ampliación
presupuestaria,
de
tal
forma
que
en
el
último
Consejo
de
Ministros
se
ha
autorizado
la
modificación
de
los
límites
y
número
de
anualidades
establecidos
en
la
Ley
General
Presupuestaria,
para
posibilitar
al
Ministerio
de
Justicia
la
contratación
de
proyectos
de
obras
en
edificios
judiciales
e
inversiones
informáticas
durante
los
próximos
cinco
años.
Esta
ampliación
de
los
límites
de
compromiso
de
gasto
y de
las
anualidades
eleva
el
límite
de
gasto
hasta
un
total
que
supera
los
151,9
millones
de
euros,
de
los
cuales
116,1
corresponden
a
inversiones
en
infraestructuras
judiciales
a
realizar
entre
2016
y
2020,
y
35,8
a
inversiones
en
nuevas
tecnologías
entre
2016
y
2017.
Por
su
parte,
la
ampliación
del
límite
en
materia
de
inversiones
en
nuevas
tecnologías
garantiza
el
programa
de
digitalización
de
la
Justicia
durante
el
próximo
año
y
diversas
encomiendas
como
la
de
mantenimiento
del
sistema
de
gestión
procesal
o la
plataforma
tecnológica
de
registros
procesales.
Asimismo,
permitirá
afrontar
durante
2017
la
prórroga
del
servicio
de
formación
y
asistencia
de
usuarios.
Entre
las
inversiones
en
edificios
judiciales
que
serán
viables
gracias
a
esta
ampliación
del
límite
de
gasto,
destacan
los
nuevos
edificios
de
los
juzgados
de
Albacete,
Badajoz,
Guadalajara,
Lorca,
Segovia
o
Ibiza,
el
Campus
de
la
Justicia
de
Valladolid,
la
rehabilitación
de
la
sede
judicial
de
Ceuta.
Una
decisión
que
demuestra
el
compromiso
del
Gobierno
con
la
mejora
de
la
Administración
de
la
Justicia
en
aquellas
comunidades
autónomas
sobre
las
que
mantiene
dicha
competencia.
Tanto
las
inversiones
previstas
tanto
en
infraestructuras
como
en
nuevas
tecnologías
nos
acercan
a un
modelo
de
Justicia
abierta,
digital,
innovadora,
accesible
y al
alcance
de
todos
ciudadanos. |
