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08 de MAYO de 2015

Especial XI Congreso de la Abogacía

Los abogados reclaman al legislador más claridad en el diseño normativo que facilite su toma de decisiones

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Temboury niega que Economía quiera acabar con los Colegios Profesionales e insiste que le preocupa garantizar la independencia y evitar los conflictos de interés de los letrados

Interesante debate el que suscitó en la tarde de ayer entre un abogado mediático, conocedor profundo de la legislación como es Miquel Roca y dos profesionales de la administración como son Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad y Julio Fuentes, subsecretario de Justicia moderados por Jesús Verdugo, decano del Colegio de Abogados de Valladolid. En este debate los abogados por medio de un combativo Roca pidieron al legislador más claridad normativa de cara a que los propios letrados puedan realizar su actividad de asesoramiento con ciertas garantías de seguridad jurídica. Por su parte, Temboury justificó el término de legislación motorizada que ha caracterizado a estos últimos años de nuestro Gobierno ante la situación crítica que ha vivido el país. En su intervención negó que Economía quiera acabar con los Colegios Profesionales, claves para Roca mientras que Julio Fuentes desvelo parte de la estrategia de Justicia centrada en el desarrollo de la mediación; la renovación del derecho privado y la apuesta por internacionalización normativa. Desde el auditórium algún congresista volvió a pedir a los ponentes que aclarasen el paradero de las tasas judiciales, cuestión que ni Fuentes ni Temboury contestaron.

Uno de los Padres de la actual Constitución de 1978; abogado civilista y mercantilista como le gusta que le presenten y socio director de un despacho de un tamaño ya considerable, Miquel Roca fue el representante de la abogacía en esta particular pugna, convertida en mesa debate. Aclaró que el papel de cualquier abogado es ofrecer seguridad jurídica a sus clientes y que en situaciones actuales donde hay cambios normativos continuos o decisiones judiciales sin jurisprudencia, como ha pasado en la ultraactividad de los convenios colectivos, el tema de las renovables y el conflicto generado al cambiar las normas a los inversores o el papel del Supremo en las cláusulas suelo, genera dudas e incertidumbres en los propios abogados.

Desde su punto de vista “es evidente que vivimos una etapa de cambio donde las tecnologías son importantes y los propios abogados tendrán que adaptarlas a su gestión. Pero por eso mismo, en este entorno en el que nos movemos los abogados necesitamos certidumbre del propio legislador y de los poderes judiciales para que podamos hacer nuestro trabajo jurídico con garantías”, apuntó. En el turno de preguntas defendió con vehemencia el papel de los Colegios de Abogados, claves para garantizar el trabajo y los valores del propio abogado y recordó que en algunas situaciones los jueces reciben presiones mediáticas y tienen que saber mantener sus criterios pese a las mismas.

Del lado de la Administración las cosas se ven d otra manera. Se tiene en cuenta, o al menos eso se señala, el papel de los abogados a la hora de confeccionar los diferentes proyectos de ley que luego acaban llegando al Parlamento. En el caso del Ministerio de Justicia, Julio Fuentes avanzó la apuesta de esta entidad por la mediación, aunque pese a las preguntas de lo asistentes no reveló sin los recientes acuerdos firmados con CGPJ y CCAA van a a suponer una inyección económica para esta actividad http://goo.gl/n6PqgS . Desde este Ministerio se cree que hay otras alternativas para resolver los conflictos y que en muchos casos la vía judicial no debe ser la única que se tenga en consideración. “En este escenario el papel del abogado puede ser de mediador o de representante legal de cualquiera de las dos partes”, apuntó.

Las otras dos variables que desde Justicia marcan la actividad del departamento ministerial que dirige Rafael Catalá tienen que ver con la renovación del derecho privado. “Buscamos lo que se llama el buen derecho y ahí hay diferentes proyectos de ley o normativa muy avanzada como el Código Civil o el Código Mercantil que a medio plazo van a aportar mucho a nuestra sociedad”, advirtió. Sobre la vertiente de internacionalización recordó Fuentes que hay muchas empresas que ya salen al  exterior. “El legislador debe ayudarlas a que salgan al exterior y el abogado debe ser un colaborador fiel de ellas de cara a que pueda solventar cualquier conflicto jurídico que se genere en esa expansión internacional”. Fuentes, como ya ha dicho Catalá en varias ocasiones dejó claro que el abogado es un colaborador importante de Justicia y presta un servicio importante a la sociedad.

Colegios, necesarios

En su intervención Miguel Temboury, abogado y ahora mano derecho de Luis de Guindos en muchos proyectos de Ley de este Ministerio de Economía, justificó la llamada legislación motorizada, realizada con prisas y a veces con carencias legislativas debido a la situación de emergencia nacional que ha vivido este país en los últimos años. “ En los últimos años, lo importante era sacar al país adelante  y es posible que en algunas ocasiones nuestras normativas no fueran todo lo redondas que esperábamos. “ Desde su punto de vista esta puede ser una de las causas por las que diferentes textos normativos han generado diferentes interpretaciones en distintos juristas.

Temboury dejó claro que Economía no quiere coartar la actividad de los abogados y que cuenta con los Colegios Profesionales pese a que el último borrador que se conoce de la futura reforma de los Servicios y Colegios Profesionales fuera muy restrictiva y, como nos dijera el propio Carlos Carnicer, http://goo.gl/ygRYW33 pudiera poner en peligro la viabilidad de muchos colegios  “Nuestra obligación es garantizar la independencia de cualquier profesión y evitar también que los abogados tengan conflictos de intereses con terceros”. Sobre el dinero de las tasas judiciales, ya cantidad superior a los 600 millones de euros, ni él ni Fuentes comentaron nada que no sepamos: su destino, como nuevo impuesto está en el erario público.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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