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Después
de
veinte
años
de
entrada
de
la
ley
de
Prevención
de
Riesgos
laborales
en
nuestro
país,
un
colectivo
como
es
la
carrera
judicial,
sujeto
a un
trabajo
de
máxima
concentración
y
estrés
ha
logrado
consensuar
entre
el
propio
CGPJ
y
las
asociaciones
judiciales
el I
Plan
de
Prevención
de
Riesgo
Laborales
que
reclamaban
los
cerca
de
5.500
jueces
que
hay
en
nuestro
país.
Ahora
será
el
CGPJ,
oídos
los
presidentes
de
los
TSJ
y la
propia
Comisión
de
Seguridad
e
Higiene
que
ha
impulsado
esta
iniciativa,
quien
establecerá
los
baremos
de
la
carga
de
trabajo
asumible
por
los
magistrados.
Todas
las
personalidades
con
las
que
pudo
hablar
esta
publicación
en
el
día
de
ayer
valoran
positivamente
la
medida,
recordando
que
también
hará
falta
determinada
inversión
en
nuestros
juzgados
para
adecuarlos
a
estas
necesidades
de
salud
y
seguridad
en
el
trabajo.
Una
de
las
reivindicaciones
históricas
de
nuestros
jueces
está
a
punto
de
lograrse.
Ya
está
suscrito
el
Plan
de
trabajo
para
los
próximos
dos
años.
Ahora
queda
que
el
CGPJ
establezca
la
carga
de
trabajo
de
los
juzgados
y
que
se
hagan
diferentes
evaluaciones
de
riesgos
de
todos
los
puestos
de
trabajo
en
los
mismos
juzgados.
Pero
la
impresión
que
uno
saca
tras
conversar
con
asociaciones
judiciales
y
presidentes
de
Tribunales
Superiores
de
Justicia
es
que,
por
fin,
se
ha
encontrado
el
buen
camino
en
este
tema.
El
propio
Carlos
Lesmes,
presidente
del
CGPJ
y
del
TS,
se
congratulaba
en
su
turno
de
palabra
de
los
logros
alcanzados.
Y
acuñaba
ya
una
frase
para
la
historia
que
muchos
hemos
anotado
en
crónicas
de
prensa
o
tuits
en
redes
sociales:
“
“velar
por
la
seguridad
y la
salud
de
jueces
y
magistrados
es
velar
también
por
la
calidad
del
funcionamiento
de
la
Administración
de
Justicia”.
También
nos
comentó
que
el
pasado
día
23,
la
Comisión
Permanente
aprobó,
a
propuesta
de
la
Sección
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
la
realización
en
las
próximas
semanas
de
evaluaciones
de
riesgo
ergonómicas
de
los
puestos
de
trabajo
de
jueces
y
magistrados
en
todo
el
territorio
nacional,
una
de
las
primeras
actuaciones
previstas
en
el
Plan
de
Prevención.
Las
evaluaciones
tendrán
en
cuenta
tanto
las
condiciones
ambientales
–es
decir,
medición
de
la
temperatura
y
humedad,
nivel
de
iluminación
y
confort
acústico-
como
la
ergonomía
de
los
puestos
de
trabajo
en
los
que
se
utilizan
pantallas
de
visualización
de
datos:
características
del
software
empleado,
ubicación
y
posición
de
la
silla,
mesa
de
trabajo
y
equipo
informático,
etc
Tal
y
como
se
nos
explicaba
en
un
vídeo
realizado
por
el
área
de
Comunicación
del
CGPJ
esta
iniciativa
se
remonta
a
años
atrás
pero
ha
sido
este
CGPJ
actual
quien
ha
decidido
por
fin
establecer
las
pautas
para
su
puesta
en
marcha.
De
esta
manera
se
creó
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
y
Salud
de
la
que
son
miembros
los
vocales
del
CGPJ
Juan
Martínez
Moya
y
Concepción
Sáez,
amén
de
representantes
de
todas
las
asociaciones
judiciales.
Pues
bien
los
trabajos
de
esta
Comisión
fueron
ratificados
por
la
Comisión
Permanente
el
pasado
27
de
enero
y
entró
en
vigor
un
mes
después,
tras
su
firma
definitiva
por
parte
de
la
Comisión
de
Seguimiento
que
integran
el
Consejo
y el
Ministerio
de
Justicia.
Para
el
propio
Lesmes
“sabemos
que
estas
medidas
van
a
motivar
el
trabajo
del
os
jueces
y
quizás
con
ellas
logremos
mejores
resoluciones
judiciales”,
apuntó.
En
nombre
de
los
miembros
de
la
Carrera
Judicial,
y
como
representante
de
prevención
de
riesgos
de
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
y
Salud,
intervino
el
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Aragón,
Manuel
Bellido,
quien
señaló
que,
con
la
aprobación
del
Plan,
los
jueces
y
magistrados
pueden
sentirse
“legítimamente
satisfechos”.
Y
recordó
que
al
final
se
ha
logrado
que
“ la
prevención
sea
un
derecho
para
los
jueces”
Mejor
eficacia
para
los
jueces
Bellido,
que
destacó
la
colaboración
“leal
y
generosa”
de
las
asociaciones
judiciales
en
la
redacción
del
Plan,
ha
considerado
“fundamental”
el
trabajo
que
a
partir
de
ahora
deben
desarrollar
los
delegados
de
prevención
en
las
Comunidades
Autónomas
y ha
dicho
que
“la
mejora
de
las
condiciones
profesionales
de
los
jueces
permitirá
conseguir
mayor
eficiencia
y
calidad
en
el
ejercicio
de
las
funciones
jurisdiccionales”.
Al
mismo
tiempo
puso
de
manifiesto
nuestro
interlocutor
el
papel
importante
de
los
presidentes
de
los
TSJ,
que
gracias
a su
poder
dentro
del
escalafón
judicial,
están
llamados
a
liderar
el
desarrollo
de
los
modelos
de
prevención
en
cada
CCAA.
De
hecho,
con
alguno
de
ellos
conversamos
tras
el
acto
y se
sentían
muy
responsabilizados
de
su
trabajo;
señalando
que
iban
a
enviar
sendos
informes
al
CGPJ
para
que
éste
pudiera
mejor
ajustar
la
carga
de
trabajo
de
los
propios
magistrados
en
su
propia
jurisdicción
Al
acto
asistieron
también
los
presidentes
de
Sala
del
Tribunal
Supremo,
el
de
la
Audiencia
Nacional
y
los
de
los
Tribunales
Superiores
de
Justicia;
los
delegados
judiciales
territoriales
de
Prevención
de
Riesgos,
los
representantes
de
las
asociaciones
judiciales
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura,
Asociación
Judicial
Francisco
de
Vitoria,
Jueces
para
la
Democracia
y
Foro
Judicial
Independiente
y
los
exvocales
del
CGPJ
Manuel
Almenar
y
Margarita
Robles,
en
cuyo
mandato
se
iniciaron
los
trabajos
para
la
elaboración
del
Plan
de
Prevención.
El
Plan
recoge
las
características
“singulares”
de
la
actividad
judicial
–por
ejemplo,
que
no
se
realiza
sometida
a
horario
concreto
determinado
y
que
el
número
de
asuntos
repartidos
a
cada
órgano
judicial
no
está
sujeto
a
ninguna
limitación,
aunque
los
jueces
y
magistrados
sí
tienen
que
celebrar
los
juicios
y
vistas
y
dictar
las
resoluciones
correspondientes
dentro
de
los
plazos
procesales
marcados
en
cada
jurisdicción-
y
una
relación
exhaustiva
de
los
riesgos
de
salud
para
la
carrera.
Entre
éstos
–además
de
los
comunes,
como
caídas,
golpes,
sobreesfuerzos,
accidentes
de
tráfico
o
los
derivados
del
uso
de
equipos
informáticos-
figuran
las
agresiones
y
los
riesgos
psicosociales:
estrés,
acoso,
etc.
El
Plan
establece
que
“el
Consejo
General
del
Poder
Judicial
regulará
la
carga
de
trabajo
de
la
Carrera
Judicial
a
efectos
de
salud
laboral”,
como
aspecto
diferenciado
de
“los
sistemas
de
racionalización,
organización
y
medición
del
trabajo
que
se
estimen
convenientes
para
determinar
la
carga
de
trabajo
que
puede
soportar
un
órgano
judicial”.
Los
jueces
y
magistrados
podrán
someterse
anualmente,
y de
manera
voluntaria,
a un
examen
de
salud
que
incluirá
la
valoración
de
la
carga
mental
mediante
una
encuesta
con
siete
apartados:
información
personal,
factores
personales,
exigencias,
organización
del
trabajo,
sintomatología,
incapacidad
laboral
y
satisfacción
personal
en
el
trabajo.
El
Plan
incluye
protocolos
específicos
para
garantizar
la
protección
en
materia
de
seguridad
y
salud
de
los
miembros
de
la
carrera
judicial
en
situaciones
clínicas
de
riesgo
–como
el
tratamiento
de
enfermedades
cancerosas-
o de
especial
sensibilidad,
así
como
de
las
juezas
y
magistradas
en
estado
de
embarazo,
parto
reciente
o
lactancia.
El
número
total
estimado
de
jueces
y
magistrados
asciende
a
5.500,
distribuidos
por
las
diferentes
sedes
judiciales
–el
Plan
incluye
un
anexo
con
una
relación
de
todos
los
centros
de
trabajo-
e
incluidos
jueces
en
prácticas,
jueces
sustitutos
y
magistrados
suplentes
en
cuanto
estén
ejerciendo
labor
jurisdiccional.El
Plan
también
prevé
políticas
especiales
de
prevención
para
Jueces
de
Adscripción
Territorial
(JAT)
y
JAT
de
refuerzo. |
