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Rights
International
Spain
y
Jueces
por
la
Democracia
han
remitido
a la
Comisión
Europea
una
carta
y un
Informe
en
los
que
denuncian
el
paquete
de
reformas
promovido
por
el
Gobierno
español
e
instan
a
esta
institución
a
“intensificar
su
escrutinio
sobre
la
situación
en
España,
emprender
una
evaluación
de
conformidad
con
el
nuevo
marco
de
la
UE
para
fortalecer
el
Estado
de
Derecho,
así
como
a
adoptar
una
serie
de
medidas
para
impedir
que
siga
deteriorándose
el
Estado
de
Derecho
en
España”.
Estas
entidades
se
han
visto
obligadas
a
solicitar
que
se
active
este
novedoso
procedimiento
europeo
(todavía
no
se
ha
puesto
en
marcha
en
ningún
país
de
la
UE),
dada
la
ineficacia
de
los
mecanismos
existentes
en
España
para
prevenir
las
amenazas
al
Estado
de
Derecho.
Pese
a
estar
en
plena
contradicción
con
valores
esenciales
de
la
UE,
muchas
de
las
medidas
legislativas
más
problemáticas
ya
han
sido
aprobadas.
Hay
que
recordar
que
ya
colectivo
de
jueces
sustitutos
con
varias
preguntas
parlamentarias
http://goo.gl/uw60TL
y la
propia
Plataforma
Cívica
por
la
Independencia
Judicial
http://goo.gl/NKPCeQ
ante
el
Consejo
Consultivo
de
Jueces
Europeos
ya
realizó
este
tipo
de
quejas
sin
éxito
alguno.
En
concreto
se
denuncia,
en
primer
lugar,
la
reforma
de
la
Ley
de
Justicia
Gratuita,
pues
cercena
el
acceso
a la
justicia
y a
una
revisión
judicial
eficaz.
Con
la
reforma,
las
personas
que
podrán
beneficiarse
del
derecho
a un
abogado
de
oficio
serán
menos
que
ahora.
Con
la
crisis,
más
personas
han
tenido
que
acudir
a
este
servicio,
sin
embargo,
con
la
nueva
reforma
se
limitará
el
acceso
a
este
derecho.
En
los
últimos
años,
entre
el
25 y
35%
de
los
ciudadanos
se
ha
visto
privados
de
su
derecho
de
acceso
a la
justicia
por
las
tasas.
España
es
de
los
países
de
la
UE
que
menos
invierte
en
justicia
gratuita
(0,80
euros
por
ciudadano,
estando
la
media
europea
en
8,63
euros/habitante).
Ningún
euro
recaudado
por
tasas
judiciales
(de
los
más
de
530
millones
de
euros)
se
ha
destinado
a
sufragar
este
servicio
público
fundamental.
Se
solicita,
por
tanto,
que
se
tomen
medidas
desde
la
Comisión
para
asegurar
que
la
nueva
ley
no
vulnere
el
derecho
de
acceso
a la
justicia.
También
se
ponen
en
entredicho
las
tasas
judiciales
por
vulnerar
el
principio
de
igualdad
ante
la
ley.
Si
bien
recientemente
las
personas
físicas
quedaron
exentas
del
pago
de
estas
tasas
para
acceder
a la
justicia,
lo
cierto
es
que
siguen
siendo
discriminatorias
al
tener
un
impacto
desproporcionado
en
las
PyMes
y
algunas
ONGs,
en
comparación
con
las
grandes
corporaciones
(bancos,
aseguradoras,
etc.).
En
este
sentido,
se
pide
a la
Comisión
que
inste
a
las
autoridades
españolas
su
derogación
total.
Otro
de
los
elementos
básicos
del
Estado
de
Derecho
que,
según
se
indica
en
el
informe
remitido
a la
Unión
Europea,
se
ha
visto
erosionado
en
los
últimos
años
es
el
de
la
separación
de
poderes
y la
independencia
judicial.
En
este
ámbito
se
denuncia
la
falta
de
medios
de
la
justicia
y
las
interferencias
políticas
en
la
Justicia,
lo
que
tiene
un
impacto
sobre
la
independencia
judicial.
También
se
afirma
que
las
reformas
propuestas
a la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial,
así
como
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
son
reformas
parciales
e
insuficientes,
y se
solicita
que
sean
retiradas
en
tanto
no
se
realice
un
proceso
de
consulta
con
expertos
y
sociedad
civil
con
el
objetivo
de
alcanzar
una
efectiva
reorganización
y
modernización
del
sistema
judicial.
La
Comisión
debería
además,
según
estas
organizaciones,
asegurar
que
se
dote
de
suficientes
medios
a la
Justicia
y
que
se
eviten
las
interferencias
políticas.
El
presupuesto
para
justicia
ha
disminuido
(un
4,21%
en
2013
y un
2,13%
en
2014).
De
hecho,
España
es
de
los
países
europeos
que
menos
invierte
en
justicia
y
que
menos
jueces
tiene
por
habitante.
A
pesar
de
esto,
en
2012
el
Gobierno
redujo
drásticamente
el
número
de
jueces,
eliminando
los
puestos
de,
aproximadamente,
1.200
jueces
sustitutos
(el
20%
de
las
personas
que
administran
justicia).
En
el
informe
de
la
UE
sobre
justicia
de
2015,
España
también
aparece
entre
los
peores
puestos
de
Europa
en
cuanto
a
percepción
sobre
independencia
judicial.
El
informe
también
se
detiene
a
exponer
las
reformas
que
suponen
una
clara
vulneración
al
principio
de
seguridad
jurídica
y de
respeto
a
los
derechos
fundamentales,
como
la
nueva
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
o el
Código
Penal.
En
este
sentido,
se
denuncia
la
amenaza
que
suponen
estas
leyes
para
los
derechos
a la
libertad
de
expresión
y de
reunión,
la
vaguedad
de
muchos
de
sus
preceptos
(lo
que
puede
conllevar
una
aplicación
arbitraria
de
las
sanciones)
y
que
la
enmienda
que
legaliza
las
devoluciones
desde
Ceuta
y
Melilla
entra
en
clara
contradicción
con
el
propio
derecho
de
la
UE.
Se
solicita,
por
tanto,
que
se
deroguen
todos
estos
aspectos
de
ambas
reformas.
Recordemos
que
desde
el
comienzo
de
las
crisis,
las
protestas
han
aumentado
en
un
283%.
Como
han
indiciado
varios
Relatores
Especiales
de
la
ONU,
estas
reformas
parecen
responder
a
las
numerosas
manifestaciones
que
se
han
llevado
a
cabo
en
los
últimos
años.
Finalmente
se
denuncia
que,
al
tramitar
todo
este
paquete
de
reformas,
no
se
haya
respetado
un
procedimiento
democrático
adecuado,
al
no
haberse
llevado
a
cabo
por
parte
del
gobierno
una
verdadera
consulta
con
la
sociedad
civil
y
los
expertos
en
materia
de
derechos
humanos.
Rights
International
Spain,
la
entidad
que
lidera
esta
iniciativa,
también
ha
lanzado,
a
través
de
la
Plataforma
Europea
de
Libertades,
una
campaña
de
petición
de
firmas
a la
que
puede
adherirse
cualquier
ciudadano
para
pedirle
a la
Comisión
Europea
que
actúe
decididamente
frente
a
los
ataques
a
los
valores
fundamentales
de
la
UE
en
España.
Lydia
Vicente,
Directora
Ejecutiva
de
RIS
afirmó
que
“la
Unión
Europea
ha
creado
una
nueva
herramienta
que
puede
activarse
en
caso
de
que
nuestros
derechos
y
los
valores
rectores
de
la
UE
se
pongan
en
peligro
en
algún
país,
y
eso
es
precisamente
lo
que
ocurre
en
España
ahora
mismo;
nuestros
mecanismos
internos
de
protección
han
fallado,
así
que
entendemos
que
la
ciudadanía
debe
hacer
suyo
este
nuevo
mecanismo
previsto
por
la
UE
porque
no
nos
queda
otra
solución
que
pedirle
a la
Comisión
que
actúe”.
Ha
añadido
que
“firmando
la
campaña
y
usando
el
hashtag
#DíseloAEuropa,
cualquier
ciudadano
puede
hacer
oír
su
mensaje
a la
Comisión
Europea
para
que
su
actuación
sea
lo
más
rápida
y
eficaz
posible”.
Pueden
acceder
al
texto
completo
de
la
carta
e
informe
remitidos
a la
Comisión
Europea
aquí.
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