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La
Comisión
para
las
Políticas
Integrales
de
la
Discapacidad
del
Congreso
aprobó
esta
semana,
por
unanimidad,
una
proposición
no
de
ley
del
Grupo
Socialista
-defendida
por
la
portavoz
en
la
materia,
Laura
Seara-,
instando
al
Gobierno
a
modificar
la
Ley
de
Propiedad
Horizontal,
para
"posibilitar
que
las
obras
de
mejora
de
la
accesibilidad
de
los
edificios
sean
asumidas
por
las
comunidades
de
propietarios,
con
costes
mensuales
y
plazos
razonables". La
iniciativa,
acordada
por
todos
los
grupos
parlamentarios,
pretende
también
“asegurar,
en
colaboración
con
las CCAA,
que
la
situación
económica
de
los
distintos
propietarios
no
sea
impedimento
para
acometer
las
obras
necesarias
que
garanticen
la
accesibilidad
de
los
edificios”.
Los
socialistas
se
hace
eco,
con
esta
iniciativa,
de
una
demanda
recurrente
de
las
organizaciones
representativas
de
las
personas
con
discapacidad
planteada
por
el
CERMI.
Laura
Seara
puso
de
manifiesto
en
su
intervención
que
“son
muchos
los
ámbitos
en
los
que
es
necesario
seguir
avanzando
para
lograr
la
accesibilidad
universal”
de
las
personas
con
discapacidad
y
que
el
caso
de
la
vivienda
es
“paradigmático,
pues
a
los
problemas
generalizados
de
carestía,
falta
de
financiación
y
dificultades
para
hacer
frente
al
pago
de
rentas
e
hipotecas
con
los
que
se
topan
muchos
ciudadanos,
se
añaden,
para
las
personas
con
discapacidad,
la
ausencia
de
condiciones
de
accesibilidad
en
edificios
y
vivendas”.
Por
eso,
la
portavoz
socialista
señaló
a
continuación
que
los
progresos
normativos
y
las
reformas
legislativas
a
favor
del
acceso
normalizado
de
las
personas
con
discapacidad
a
una
vivienda
digna
“deben
continuar”,
a la
vez
que
“se
deben
intensificar
los
esfuerzos
por
parte
de
los
poderes
públicos
para
alcanzar
el
objetivo
de
que
todos
los
ciudadanos
disfruten
de
una
vivienda
que
cuente
con
unas
condiciones
de
accesibilidad
adecuadas”.
Por
otro
lado,
la
diputada
Gracia
Fernández
defendió
al
mismo
tiempo
otra
proposición
no
de
ley
en
esta
misma
Comisión
instando
al
Gobierno
a
“aprobar,
en
el
plazo
más
breve
posible,
la
norma
reglamentaria
que
regule
las
condiciones
básicas
de
accesibilidad
y no
discriminación
de
las
personas
con
discapacidad
a
los
bienes
y
servicios
a
disposición
del
público”,
que
ha
sido
rechazada
por
el
PP.
Mientras
no
se
adopte
esta
norma
reglamentaria
–que
debería
estar
en
vigor
antes
del
3 de
diciembre
de
2015-
no
estarán
garantizados
los
derechos
de
las
personas
con
discapacidad
en
España,
por
lo
que
“no
se
deberían
agotar
los
plazos
ni
demorarlos”,
ha
reclamado
la
diputada
socialista.
“La
no
accesibilidad
de
entornos,
productos
y
servicios
constituye
una
forma
sutil
pero
eficaz
de
discriminación”,
señaló.
A
pesar
de
los
avances
realizados
para
conseguir
la
accesibilidad
universal
en
todos
los
ámbitos
–especialmente
en
la
anterior
etapa
de
Gobierno
socialista-
hay
que
seguir
avanzando
para
“lograr
la
accesibilidad
universal
a
los
bienes
y
servicios
a
disposición
del
público”,
entre
los
que
se
encuentran
los
educativos,
sanitarios,
de
consumo,
de
ocio,
deportivos,
etc... |
